Proyecto busca eximir a contribuyentes de multas del IVA tras errores en sistema TRIBU-CR
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende establecer una moratoria de cuatro meses para la aplicación de sanciones, mora, intereses y multas relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondientes a las declaraciones de los períodos de setiembre a diciembre de 2025.
La iniciativa fue presentada por el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, quien justificó la propuesta en los problemas técnicos y de conectividad que ha presentado la nueva plataforma TRIBU-CR del Ministerio de Hacienda.
En su exposición de motivos, el legislador señala que el sistema "ha presentado fallas técnicas, errores de conectividad y dificultades operativas que han afectado gravemente la posibilidad de los contribuyentes de cumplir, en tiempo y forma, con sus obligaciones tributarias, particularmente con la declaración y pago del IVA".
El texto aclara que la moratoria no elimina la obligación de declarar ni de pagar el impuesto, sino que únicamente suspende las sanciones y recargos mientras persistan los inconvenientes tecnológicos.
"Aplicar sanciones, intereses o multas en este contexto sería injusto y desproporcionado, pues los contribuyentes no pueden ser responsables de deficiencias estructurales de una plataforma estatal", indica el proyecto.
La propuesta abarca las sanciones contempladas en los artículos 80, 80 bis y 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y excluye a los grandes contribuyentes nacionales y a las grandes empresas territoriales.
Asimismo, establece que la Administración Tributaria no podrá iniciar procedimientos sancionatorios por inconsistencias o inexactitudes en las declaraciones, liquidaciones, pagos o créditos fiscales del IVA durante los meses cubiertos por la moratoria, salvo en casos de fraude, infracciones muy graves o maniobras destinadas a evadir el pago.
Desde el 1 de noviembre, la Asamblea Legislativa se encuentra en el periodo de sesiones extraordinarias, por lo que, si el Poder Ejecutivo no convoca la iniciativa, el proyecto deberá esperar hasta el 1 de febrero de 2026 para iniciar su trámite.