Proponen regular ventas por catálogo y penas de cárcel por estafas piramidales
(CRHoy.com) La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez presentó a la corriente legislativa el expediente 23.097 una iniciativa de ley que tiene dos fines, primero crear sanciones cuando se realicen estafas piramidales y además crear normativa para la venta de catálogos en el país.
La proponente explicó que el proyecto busca aplicar las mismas sanciones establecidas en el Código Penal para las estafas cuando se invite a personas para que inviertan recursos bajo una promesa no sostenible en el tiempo.
Así, por ejemplo, los líderes de estos negocios, donde se promete ganar mucho dinero con solo “meter” a más gente para formar una cadena, donde no se distribuye productos, sino simplemente la promesa de un gran rendimiento económico después de un tiempo, podrían incluso ir hasta 13 años a prisión.
En mayo de 2021, la SUGEF trasladó al Ministerio Público al menos 50 denuncias de negocios piramidales.
Una de las más destacadas fue la empresa brasileña Pietra Verdi, la cual afectó a 5000 costarricenses.
“El Estado, como garante y protector, tiene la responsabilidad de actualizar su normativa y realizar los avances necesarios para que esta actividad económica no se ejerza sin un marco legal y evite que empresas con modelos similares se presten para posibles casos de estafa o defraudación”, explicó Ramírez.
De acuerdo con la congresista, "es fundamental contar con la prohibición y penalización, de ejercer o promocionar este tipo de actividades, dentro de nuestro Código Penal, con el fin de resguardar el patrimonio de las costarricenses".
Así, el proyecto tiene el objetivo de tipificar y penalizar con el delito de estafa a aquellas personas que dirijan, ejecuten, promuevan, patrocinen, induzcan, financien o colaboren con un plan de negocio piramidal.

La diputada Paulina Ramírez, acompañada por representantes de la Cámara de Empresas de Ventas Directas y personas que se dedican a la actividad. Foto: CRH
Ventas de catálogos
El otro aspecto del proyecto es poner reglas claras para las ventas por catálogo, actividad que genera cerca de 260 mil emprendimientos en el país, donde un 84% son mujeres.
A pesar de ese auge, Ramírez señala que operan en el país con una gran inseguridad jurídica.
La iniciativa establece las características de la actividad de venta directa con compensación multinivel, así como los derechos de los distribuidores o distribuidoras independientes y los requerimientos para los planes de compensación y material promocional.
Determina, además, las condiciones contractuales y que la facultad de inspeccionar, vigilar y controlar a las empresas corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
“En Costa Rica, el peso que representan las empresas de venta directa multinivel no es menor y, al regular la actividad, se beneficia la economía nacional, los ingresos de las personas dependientes y se fortalecen los pequeños emprendimientos. La responsabilidad del Estado es garantizar un adecuado cuerpo normativo que brinde seguridad jurídica y protección a las empresas y a las personas involucradas”, precisó la diputada del PLN.
El proyecto de ley propuesto fue construido de manera conjunta con la Cámara de Empresas de Venta Directa y toma en cuenta otras iniciativas presentadas en el pasado así como legislación existente en otros países.