Proponen que recursos por multas a APM Terminals se destinen al desarrollo de Limón
Un nuevo proyecto de ley busca garantizar que las sanciones económicas impuestas al concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín, APM Terminals, se conviertan en una fuente directa de inversión para el desarrollo de la provincia de Limón.
La iniciativa propone la adición de un artículo 33 bis a la Ley 3091, Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), para que las multas generadas por el incumplimiento de indicadores de desempeño por parte del concesionario sean destinadas a proyectos en la Ruta Nacional 32, infraestructura educativa y deportiva en la zona del Caribe costarricense.
Desde el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín se han registrado 88 multas, por un monto aproximado de $2,1 millones, según el despacho de la diputada socialcristiana y proponente de la iniciativa, María Marta Carballo Arce.
Las sanciones responden a fallas operativas, como demoras excesivas en la atención de buques, lo que afecta la eficiencia portuaria y el entorno económico de la región.
"El Caribe costarricense ha sido históricamente relegado en materia de inversión pública. Este proyecto no solo corrige esa injusticia, sino que establece una vía legal y transparente para que las comunidades de Limón reciban beneficios tangibles del desarrollo portuario", afirmó la diputada Carballo.
El proyecto establece que Japdeva será la entidad encargada de administrar estos fondos, asegurando una gestión técnica, descentralizada y enfocada en las verdaderas necesidades de los cantones limonenses.
Asimismo, se determina que estos recursos estarán exentos de la regla fiscal, por tratarse de ingresos no ordinarios destinados a inversión pública de interés regional.
La iniciativa contempla que el Ministerio de Hacienda realice el traslado íntegro y oportuno de los fondos a una cuenta especial gestionada por Japdeva, en un plazo máximo de 30 días naturales desde la recepción de las multas, garantizando así que los recursos lleguen de manera efectiva a la provincia.
