Proponen añadir un magistrado a Sala I para bajar casos pendientes

(CRHoy.com) La magistrada Iris Rocío Rojas Morales propuso incorporar a un nuevo alto decisor a la Sala Primera, para disminuir la cantidad de casos pendientes en materia civil, agraria, así como contenciosa administrativa y civil de hacienda.

Esa plaza se crearía mediante la fusión de otras dos de juez cinco que se encuentran vacantes, de manera tal que la magistratura adicional no implicaría más gasto, explicó Rojas Morales el 6 de diciembre anterior en la sesión de Corte Plena.

"De acuerdo con un estudio técnico de la Dirección de Planificación, existen dos plazas de juez 5 en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyos códigos podrían recalificarse para crear la nueva plaza para un magistrado adicional, sin afectar las disposiciones de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sin crear nuevas plazas o generar gastos adicionales al erario público", resaltó la alta jueza.

Rojas Morales desarrolló que con las seis magistraturas, la Sala Primera -de la que es integrante titular- podría instalar dos cámaras especializadas: una de derecho civil y mercantil, así como otra de derecho público. Estas se abocarían al conocimiento de los temas relacionados con esas materias.

El pleno se mantendría con cinco altos jueces para conservar el número impar que permita resolver votaciones por mayoría. La conformación del órgano se haría por "estricto rol" para el conocimiento de asuntos excluidos de las cámaras antes mencionadas.

De esta manera, la magistrada pretende potenciar la especializada, eficiencia y eficacia del tribunal. La proponente aseguró que la reforma tendría un impacto inmediato y que reduciría el circulante de la Sala Primera a la mitad, al dividir la mayor carga de trabajo entre dos cámaras. De esta manera, los usuarios recibirían un servicio más ágil y expedito, toda vez que serán posibles resoluciones más prontas (artículo 41 de la Constitución Política).

La variación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia está prevista en el ordinal 157 de la Carta Magna, según la necesidad "para el buen servicio".

Esta iniciativa involucraría una modificación de los numerales 49 (cantidad de magistrados) y 54 (materias competencia del tribunal en cuestión) de la Ley Orgánica del Poder Judicial; cambios que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

La Sala Primera conoce los recursos de casación en materia civil, agraria, así como contencioso administrativo y civil de hacienda. También de las sanciones impuestas a los notarios públicos por ejercicios profesionales indebidos, cuando existan afectaciones patrimoniales para quienes hayan utilizado sus servicios.

Además, le corresponde pronunciarse sobre el auxilio internacional en las materias propias de su competencia, dirime los conflictos y las inconformidades competenciales en las áreas de su conocimiento exclusivo; resuelve los recursos de nulidad interpuestos contra los laudos arbitrales nacionales e internacionales.

En los últimos años, la Sala Primera sufrió un aumento significativo en el circulante y, consecuentemente, en el trabajo, lo que se aceleró con la promulgación del nuevo Código Procesal Civil, que entró en vigencia desde el 8 de octubre de 2018. Ese cuerpo normativo eliminó la instancia de alzada (apelaciones) y permitió el traslado del proceso del tribunal sentenciador a la Sala Primera, tal como ya venía ocurriendo con antelación con la materia contenciosa administrativa y civil de hacienda, desde la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo de hace 14 años.

Los magistrados acordaron someter la propuesta de Rojas Morales a análisis de las salas Primera y Segunda. La Dirección de Planificación deberá actualizar los informes sobre la carga laboral en ambos tribunales. Luego esas instancias presentarán una iniciativa a la Corte Plena y esta aprobará la versión final, que será remitida para su trámite al Congreso.