Productores de café objetan adhesión de Costa Rica al acuerdo Transpacífico
El Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) manifestó su firme oposición al proceso de adhesión del país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), debido al impacto negativo que tendría sobre la competitividad, la trazabilidad y la sostenibilidad del sector cafetalero nacional.
La entidad sostuvo que este acuerdo afectaría directamente a miles de familias productoras, beneficiadoras, exportadoras y tostadoras que dependen de esta actividad.
El Icafé alertó que la incorporación al CPTPP significaría abrir la puerta a una competencia desleal por parte de países productores como Vietnam, México y Perú, donde los costos de producción son más bajos y no existen los mismos estándares de sostenibilidad y calidad que caracterizan al café costarricense.
Los argumentos para oponerse son los siguientes:
- Amenaza a la regla de origen, principio que garantiza que el café sea cultivado y cosechado en territorio costarricense. La ausencia de esta regla compromete la trazabilidad del producto y debilita el posicionamiento internacional del café de Costa Rica. Todos los tratados suscritos por el país hasta el momento han respetado la condición de que el origen del café lo establece el lugar donde se siembra.
- Desventaja cambiaria, producto de una política de revaluación del colón frente al dólar estadounidense, lo que coloca al productor nacional en clara desventaja frente a países cuyas monedas se han devaluado y pueden ofrecer precios más bajos.
- Competencia desigual. Importantes países productores, como Vietnam, son parte de la Alianza Transpacífica, y sus costos y condiciones de producción no pueden compararse con los de Costa Rica, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad.
- Falta de beneficios. Los aranceles actuales aplicados por los países con potencial de compra para el café de Costa Rica ya están en cero sin el tratado, por lo que no hay ganancia alguna con la suscripción de este acuerdo.
Vulnerados
El director ejecutivo del Icafé, Gustavo Jiménez, informó que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) notificó al sector el viernes pasado que propondría una desgravación del café dentro de su oferta de bienes para este tratado, pese a que se había solicitado su exclusión.
"Nos sentimos vulnerados y disconformes, y así se lo hicimos saber, sin que hubiera posibilidad de ajuste, ya que Comex entregaba su oferta ese mismo día. Insistimos en que Costa Rica no puede arriesgar la calidad y reputación internacional de su café por acuerdos comerciales que no garantizan reglas claras sobre el origen del producto ni condiciones equitativas de competencia. Nuestro café no compite por volumen, compite por calidad, sostenibilidad y origen. Y esa es una identidad que debemos proteger", expresó.
Aseguró que, tratándose de un producto estrella del país, como lo es el café, no se comprende cómo se puede negociar algo que no mejora las oportunidades y, más bien, abre el mercado para ofrecer dichas oportunidades a otros.

Además, el Icafé expresó su preocupación por la forma en que el Poder Ejecutivo ha conducido las negociaciones para la adhesión del país a este tratado.
"Ha sido un proceso apresurado, carente de información y de diálogo con el sector cafetalero para conocer su posición y sus puntos de vista, lo que resultó en la omisión de la solicitud de excluir al sector café de las negociaciones. Se tomó la decisión de incluir el café dentro de la oferta de bienes de manera unilateral y arbitraria por parte de las autoridades de gobierno, con el alto riesgo de acabar con esta industria en el país", indicó.
La posición del sector cafetalero es respaldada por la Cámara de Agricultura y Agroindustria (CNAA), desde la cual crece la preocupación por este y otros sectores de la actividad.
El Icafé reiteró su llamado al Gobierno a no comprometer el futuro de más de 100.000 personas que trabajan en la industria cafetalera y que viven de esta actividad, presente en 51 cantones —especialmente en las zonas rurales del país—, además de proteger los intereses del agro nacional frente a presiones externas.