“Procuraduría no se instrumentaliza”, dice jerarca ante pedido de Rodrigo Chaves

(CRHoy.com) La procuradora adjunta Magda Rojas Chaves descartó cualquier tipo de instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles pidiera que esa institución "actúe como acusador" en un caso de supuesta evasión fiscal que el Ministerio Público solicitó desestimar.

La jerarca fue enfática en rechazar esa posibilidad durante una entrevista telefónica con CRHoy.com y explicó que, más bien, la Abogacía del Estado forma parte del expediente seguido bajo el número 22-000070-0621-PE desde el 18 de enero anterior, cuando la Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios y Propiedad Intelectual le notificó la existencia de la pesquisa, por la que remitió un requerimiento conclusivo que envió al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.

"El oficio se recibió y yo procedí a contestar ese oficio (…) señalando cuáles habían sido las actuaciones del Ministerio Público recibidas y cuáles eran las actuaciones de la Procuraduría General de la República en este expediente. Y señalando, como corresponde, que como en todos los procesos, la Procuraduría va a ejercer las acciones legales en resguardo de los intereses y derechos del Estado, como lo hace en cualquier otro proceso", indicó Rojas Chaves.

Indicó que ella no entraría a valorar el oficio enviado por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, el cual fue anunciado este miércoles en conferencia de prensa por Chaves Robles, pero sí afirmó que la Abogacía del Estado se apega a las "gestiones legales que sean procedentes".

"La Procuraduría no se instrumentaliza. La Procuraduría en este proceso, como en cualquier otro, va a ejercer las acciones correspondientes. Es la Procuraduría la que fija la estrategia del proceso. Y esa estrategia, de acuerdo con los artículos 20 y 21 (de la Ley Orgánica de la Procuraduría), de ahí se deriva. Se recabará la prueba que sea necesaria en criterio de la Procuraduría", explicó la funcionaria.

Rojas Chaves agregó que, independientemente de las pretensiones, la Procuraduría actúa de acuerdo con sus facultades y en defensa del Estado.

"No se va a permitir (ninguna instrumentalización) en ese sentido porque lo que nosotros hacemos es ejercer nuestras competencias y ahí -en realidad-lo que se nos diga es como decirle ‘hay tales elementos', como cuando en la administración tenemos un contencioso y se nos dice, ‘hay tales elementos'. Pero corresponderá al procurador el aporte de la prueba y determinar si ‘X' prueba es pertinente para los fines de defensa del Estado, que es lo que nos interesa", señaló.

Proceso habitual

Magda Rojas Chaves explicó, además, que una vez que una vez que Ministerio Público le notifica un caso, inmediatamente la Procuraduría se apersona, sin necesidad de que un poder de la República lo solicite, por lo que está al tanto del caso desde el pasado 18 de enero. El asunto fue asignado al procurador Rándall Aguirre Mena al día siguiente.

"Yo no he recibido nunca un oficio que me diga tal y tal y tal. Pero en este caso, como en cualquier otro, quien toma la decisión es la Procuraduría. La Procuraduría tiene que seguir en este proceso porque es representante del Estado. Y comparece no porque el presidente (Rodrigo Chaves Robles) se lo pida, sino que comparece por un mandato legal que establece que la Procuraduría es el representante legal del Estado en juicio. Y si hay un proceso en curso, como en este caso, deben darle parte porque si no le dan parte, habría una actuación defectuosa", manifestó la funcionaria.

Rojas Chaves añadió que solicitaron todo el expediente del caso para determinar el proceder y plantear la estrategia, pero esto es una decisión que le concierne solo al procurador respectivo, el director de área y el jerarca máximo de la institución.

Además, dijo que no conocía si se tenía un plazo para fijar una posición, pues deben recibir todas las pruebas del expediente para analizarlo.

El caso

El pasado 19 de enero, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y el director de Tributación, Mario Ramos Martínez, hablaron en una rueda con medios de un supuesto "mega caso" de evasión fiscal y que este había sido denunciado ante el Ministerio Público.

Sin embargo, ocultaron a la prensa y a la ciudadanía que dicha denuncia tenía ya una solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios y Propiedad Intelectual, debido a que no hay elementos probatorios en la causa.

La denuncia era contra el socio mayoritario del BCT, Leonel Baruch Golberg, quien también es el presidente del medio digital CRHoy.com, que ha sido víctima de ataques por parte de la administración de Rodrigo Chaves Robles.