Procuraduría no definirá futuro de Uber y deja la bola en pies de Sala IV
Uber marcó un antes y un después en el transporte tico, pero lo hizo lleno de dudas
Uber opera en el país desde agosto de 2015. Archivo CRH
La Sala Constitucional tendrá la última palabra que podría definir la legalidad de Uber en Costa Rica.
Esto debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) declaró inadmisible una consulta hecha por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) para que determinara el estado jurídico del servicio que brinda la compañía desde agosto de 2015.
Aresep hizo la petición para que la PGR rindiera una interpretación legal, al considerar que bloquear una aplicación o una página web –como lo sugieren sectores opositores- violenta los derechos fundamentales.
Ahora todo quedó en manos de los magistrados, quienes desde marzo del año pasado tienen en su poder una acción de inconstitucionalidad sobre 2 leyes que regulan el transporte privado. Una de esas plantea eliminar el monopolio existente en la Ley de Taxis.
"La consulta realizada por la Aresep fue declarada inadmisible por la PGR, debido a que se trata de un asunto que está siendo objeto de discusión en los tribunales, por lo que se deben ajustar a lo que resuelven los tribunales", informó la PGR, a través de su oficina de prensa.
Uber, servicio polémico
Uber marcó un antes y un después en el transporte privado de personas. En medio de una férrea oposición de taxistas y transportistas, aunado a dudas legales, el Poder Ejecutivo evitó emitir legislación alguna para poner punto final a la polémica.
"El gobierno tomará todas las decisiones que tenga que tomar una vez que las entidades judiciales, la Sala Cuarta y el Tribunal Contencioso, resuelvan por el fondo si procede el funcionamiento de Uber en el país", dijo Luis Guillermo Solís, presidente de la República, ante una consulta hecha por CRHoy.com en octubre.
La Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) anunció el 22 de diciembre anterior que manejaban información que señalaba la discusión del tema en los corrillos constitucionales entre enero y febrero del presente año.
Para una de las acciones de inconstitucionalidad planteadas, se recibieron más de 800 escritos que se sustentaban a favor. Por ejemplo, dos de ellos eran documentos de 315 y 400 hojas firmadas por ambos lados.
Mientras esto sucede, los taxistas anunciaron una nueva marcha contra Uber el próximo 2 de febrero.
