Procuraduría exige ₡10 millones a diputado que ofreció embajadas a cambio de votos

La Procuraduría General de la República, entidad que actúa como abogado del Estado, exigirá una indemnización de ₡10 millones al diputado chavista Alexander Barrantes Chacón, acusado penalmente y a las puertas de afrontar un juicio por el delito de cohecho impropio, en la modalidad de penalidad del corruptor.

La institución presentó una querella —o acusación particular— y una acción civil resarcitoria adjuntas a la pieza acusatoria que elevó la Fiscalía General contra el legislador, señalado por realizar ofrecimientos indebidos a una diputada del Frente Amplio a cambio de su apoyo para aprobar los eurobonos en 2022.

Específicamente, la Procuraduría de la Ética Pública pretende constituirse como actor civil en este proceso penal, que debe ser asumido no por un juzgado o tribunal penal ordinario, sino por la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de un miembro de los Supremos Poderes de la República.

Ante la consulta de CR Hoy, la Procuraduría confirmó que formará parte de la acusación, con la cual se pretende que, en caso de ser declarado culpable, Barrantes deba pagar ₡10 millones por el daño social provocado por sus supuestos actos. Esta cifra podría aumentar.

"A la determinación económica del daño social deberá sumársele los intereses sobre esa cantidad, como perjuicio y por ser consecuencia del daño producido, se deberán calcular, desde el momento de verificados los hechos, hasta su efectivo pago.

Asimismo, se solicita la indexación de los mismos al momento de su efectiva liquidación", detalló la Procuraduría.

Los hechos se remontan al 9 de noviembre de 2022, cuando Barrantes pidió a la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), un espacio para conversar sobre el proyecto de ley que pretendía autorizar al Ministerio de Hacienda un endeudamiento por varios miles de millones de dólares.

Durante esa conversación, el chavista le habría ofrecido puestos en el actual Gobierno o en embajadas —vacantes en ese momento— a cambio del apoyo del FA para aprobar la emisión de deuda externa.

El fiscal general, Carlo Díaz, presentó la acusación formal en enero de este año, tras haber recibido la denuncia y concluido la investigación correspondiente. La pieza acusatoria fue revisada por los magistrados, quienes determinaron que cumplía con los requisitos para iniciar un proceso penal.

Sin embargo, al tratarse de un diputado, la Constitución exige un procedimiento especial: el Congreso debe decidir si levanta la inmunidad que ampara a los miembros de los Supremos Poderes.

Tal como reveló este medio el miércoles, la Asamblea Legislativa ya remitió de vuelta a la Corte Suprema de Justicia la acusación penal contra Alexander Barrantes Chacón, diputado oficialista cercano al presidente Rodrigo Chaves Robles.

Luego de que el legislador anunció su renuncia a la inmunidad o fuero de improcedibilidad —que lo protege de procesos penales por su condición de miembro de los Supremos Poderes de la República—, el Directorio Legislativo comunicó a la Corte el cierre del trámite en Cuesta de Moras.

Al haberse dado la renuncia expresa del diputado, el Parlamento no tuvo que continuar con el procedimiento legal que exige una revisión por parte de una comisión especial y la posterior votación del Plenario para levantar el fuero.

Ese proceso legislativo era indispensable para que Barrantes pudiera enfrentar juicio. Ahora, la Corte debe confirmar los pasos a seguir para dar curso a la acusación penal contra el congresista.

Cargos y embajadas: el escándalo

Era el último trimestre del 2022 y la discusión sobre la eventual aprobación de los Eurobonos estaba enfrascada. El gobierno de Rodrigo Chaves Robles, con su ministro de Hacienda, Nogui Acosta y la fracción oficialista a la cabeza, trataban de conseguir el apoyo de más diputados para aprobar una autorización que permitiera al país endeudarse en el extranjero por $5.000 millones.

Reuniones y diálogos iban, de jerarcas a Cuesta de Moras y de diputados opositores a Casa Presidencial en Zapote. También en pasillos legislativos, se daban las negociaciones.

El 9 de noviembre de ese año, Alexander Barrantes Chacón, un diputado de la bancada chavista que todavía ahora nunca ha sido una voz de peso para el oficialismo, contactó a la frenteamplista Sofía Guillén, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos que analizaba el proyecto de ley y una de las voces opositoras que más exigía controles al Poder Ejecutivo, para dar la aprobación.

Del encuentro no se supo mucho, hasta que cerca de cerrar la sesión del Plenario, la parlamentaria del Frente Amplio se levantó, pidió la palabra y públicamente denunció que Barrantes le ofreció puestos en el gobierno y embajadas para su partido, a cambio de los votos para los Eurobonos.

"Debo pedir la palabra por el orden para hacer una aclaración que creo que es necesaria que usted (Rodrigo Arias Sánchez) conozca, como presidente de este Congreso, y también el resto de fracciones y presentes.

Al inicio de esta sesión, el diputado Alexander Barrantes Chacón de Progreso Social Democrático, en ese sillón de ahí (señala), me ha ofrecido cargos, me ha ofrecido embajadas, a cambio de aprobar eurobonos.

Yo tengo el deber ético de decir que eso me ha dejado en shock, pero además me ha ofendido. La gente no me ha elegido para callarme esas cosas, así que lo voy a dejar constando aquí, en el Plenario", recalcó Guillén durante su breve intervención.

"En esto quiero ser yo sumamente claro. Esas manifestaciones de la diputada Guillén Pérez me han ofendido enormemente. Sí, estamos en un proceso de negociación, y sí, es cierto que yo me acerqué a pedirle apoyo", indicó el legislador.

Agregó que él consideraba "interesantes" varias iniciativas de su fracción como las de "Hacienda Digital", la implementación de escáneres en puertos, así como la lucha contra la evasión y elusión fiscal, por lo que se acercó con el objetivo de buscar puntos de encuentro.

"Sí, le he dicho a ella que nosotros estamos dispuestos a negociar, como se negocia en cualquier ámbito de la vida económica y política de este país", ahondó el congresista, para poco después ofrecer las aclaraciones que fueran del caso.

Al cabo de la sesión, el diputado investigado y la jefa de su fracción, Pilar Cisneros Gallo, negaron que hubiesen hecho un ofrecimiento como el denunciado. Incluso, la líder de la bancada oficialista destacó que su compañero no podía hacer tales propuestas porque él no es el canciller.

Minutos más tarde, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, expuso a través de su oficina de prensa que los únicos autorizados para entablar conversaciones sobre los eurobonos eran ella, su viceministro Freddy Morera Blanco, y el titular de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.

Al día siguiente, el mandatario Rodrigo Chaves Robles, calificó los señalamientos de "dimes y diretes", al tiempo que descartó que hubiese girado una instrucción a su congresista para hacer un ofrecimiento de ese tipo.

Pese a esto, Guillén mantuvo su posición y que efectivamente Barrantes hizo un ofrecimiento. Tras la sesión del Plenario en la que ocurrió todo, la diputada fue abordada por la prensa, se refirió a la negativa en la que insistió el chavista.

Respondió con una sonrisa y luego agregó: "Yo no soy tonta, verdad, la palabra embajada no hay forma de malinterpretarla".

Agregó que ella no buscaba ningún show con la denuncia, que más bien le parece incómoda, pero que lo hace público porque hay una responsabilidad ética de ellos de decirle a la población lo que ocurre en el Congreso.

"Qué ganamos nosotros con inventar todo esto (como lo dijo la diputada Pilar Cisneros) lo que pasa es que nosotros tenemos estándares políticos éticos que ante una situación como esta, no nos podemos quedar callados", dijo el entonces jefe de la fracción, Jonathan Acuña.

Pocos días después de ventilarse el caso, el 16 de noviembre de 2022, la diputada Guillén interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General, contra Barrantes. El 22 de ese mes, se confirmó la apertura de una investigación y de recopilación de información para valorar lo expuesto por la frenteamplista.

Guillén fue citada por el fiscal general, Carlo Díaz, para dar una declaración de los hechos, el 29 de noviembre de 2023. Ese mismo día, el Parlamento autorizó a Hacienda la emisión de títulos valores de deuda en el mercado internacional (eurobonos) por $5.000 millones.

Tras varios meses de investigación, Díaz acusó formalmente al congresista. La pieza acusatoria estuvo bajo revisión de los magistrados, quienes ratificaron que el proceso penal cumplía con los requisitos para ir a juicio.