Procuradora adjunta: Por motivos personales, no tengo interés en suceder a Julio Jurado
Evita responder si Presidencia le planteó entrevista para el puesto
(CRHoy.com) Magda Inés Rojas Chaves rechazó que tenga algún interés de suceder a Julio Jurado Fernández en la Procuraduría General de la República (PGR).
La adjunta, que a sus 67 años de edad dirige interinamente la Abogacía del Estado, así lo hizo saber a través de su oficina de prensa al ser consultada por CRHoy.com sobre si la Presidencia de la República la entrevistó en el marco de la búsqueda del próximo procurador general.
"Por motivos estrictamente personales, la suscrita Magda Inés Rojas Chaves no tiene ni ha tenido ningún interés en el cargo", indicó la procuradora adjunta.
Rojas Chaves evitó responder si se reunió o no con la ministra del ramo, Natalia Díaz Quintana, o si por lo menos esta la buscó en alguna ocasión, como sí ocurrió con el coordinador de la Dirección de Ética Pública, Armando López Baltodano. Este medio reveló que la jerarca convocó al abogado de 54 años para entrevistarlo para el puesto, a pesar de que este no había presentado sus atestados tras la jubilación de Jurado Fernández, el 2 de mayo de 2022.
La reunión se programó, pero por razones de agenda de la titular, tuvo que ser suspendida, contó el funcionario a CRHoy.com.
El encuentro quedó pendiente de una reprogramación, pero, antes de que se definiera una fecha, en una visita que el funcionario hizo a la Casa Presidencial "para tratar otra temática", este le expuso a la ministra su agradecimiento por haberlo considerado para una eventual nominación y que declinaba participar en el concurso. Esto con el objetivo de "no afectar la valoración de las condiciones personales y laborales" de los compañeros que sí se interesaron en el puesto.
López Baltodano no indicó las razones por las que no mostró interés en el proceso desde un primer momento.
El currículo de Rojas Chaves colgado en el portal web de la Procuraduría apunta que cuenta con un doctorado en Derecho Público por la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne, en Francia; así como una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR). Tiene además estudios en Ciencia Administrativa y en Sociología.
Cuenta con una carrera de 41 años en la Abogacía del Estado. Allí se ha desempeñado como procuradora adjunta, procuradora administrativa, procuradora asesora en Derecho Público, procuradora coordinadora de Derecho Público y procuradora general adjunta. En ese puesto se mantiene desde el 13 de diciembre de 2011 y su designación en principio vence en esa misma fecha, pero de 2023.
Pasado en la institución
En la historia reciente, los gobiernos de turno se han caracterizado por promover el nombramiento de juristas con trayectoria en la Abogacía del Estado, sin que este sea un requerimiento legal. Por lo menos así ocurrió con los últimos tres procuradores: Román Solís Zeleya (1997-2001), Ana Lorena Brenes Esquivel (2004-2010 y 2010-2016) y Julio Jurado Fernández (2016-2022).
La administración de Rodrigo Chaves Robles vino a romper con esa tradición, toda vez que el 13 de enero de 2023, la Presidencia de la República anunció en un comunicado la postulación del abogado Cristian Arguedas Arguedas, un reconocido penalista que en la actualidad ejerce como litigante.
Sin embargo, este último declinó su candidatura -que debía ser ratificada por una mayoría simple de la Asamblea Legislativa- dos días más tarde, tras cuestionamientos por publicaciones que hizo en su cuenta de Twitter y que, aseguró, fueron sacadas de contexto con el objetivo de perjudicarlo.
"Una mayoría del cuerpo de procuradores" suscribió 11 días más tarde un pronunciamiento presionando al Gobierno de la República a nominar a su nuevo superior jerárquico "que contribuya al fortalecimiento de la institución como órgano jurídico superior del Estado, con independencia de criterio, como garantía del Estado Social Democrático de Derecho".
En ese sentido, los firmantes recalcaron que "históricamente" el nombramiento del procurador general se ha destacado por la búsqueda de abogados comprometidos con la ética, objetividad, imparcialidad, profesionalidad e independencia de criterio.
"Distinguidos profesionales que a lo largo de los años han ocupado el cargo dan fe del acierto obtenido con las designaciones", puntualiza el escrito.
A ello debe abonarse que el 25 de enero de 2023, el presidente anunció, junto a su ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, su deseo de dar un rol de "acusador" a la Abogacía del Estado -posibilidad prevista en el artículo 16 de su ley orgánica- en por lo menos un "mega caso" de evasión fiscal, anunciado 6 días antes por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.
Lo anterior al aducir su pérdida de confianza en el Ministerio Público, luego de que solicitara la desestimación de la denuncia presentada por el último de los jerarcas contra el banco BCT y el socio mayoritario de este, Leonel Baruch Goldberg, también presidente de este medio digital, al que Chaves Robles reiteradamente ha atacado. La gestión que hizo la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y de Propiedad Intelectual se sustenta en una inviabilidad para obtener prueba desde Panamá.
Después del anuncio, tanto la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas Chaves, así como el exprocurador general Julio Jurado Fernández, indicaron públicamente que la Abogacía del Estado carece de instrumentos legales para preparar una investigación que permita derivar en una acusación.
