Procurador “con independencia de criterio”: funcionarios presionan por nombramiento

(CRHoy.com) Una mayoría de los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) suscribieron un pronunciamiento en el que presionan al Gobierno de la República a nominar a su nuevo superior jerárquico, a casi 10 meses de la jubilación de Julio Jurado Fernández.

El comunicado, circulado la mañana de este martes por la oficina de prensa de la Abogacía del Estado, apunta "la necesidad de designar y ratificar a la persona que ha de ocupar ese puesto", al tiempo que resalta el interés público y la relevancia que reviste el cargo para el país.

La nota además expresa la confianza del cuerpo de procuradores en que el puesto recaerá "en un jurista que contribuya al fortalecimiento de la institución como órgano jurídico superior del Estado, con independencia de criterio, como garantía importante del Estado Social Democrático de Derecho".

En tal sentido, los servidores recalcaron que "históricamente" el nombramiento del procurador general se ha destacado por la búsqueda de abogados comprometidos con la ética, objetividad, imparcialidad, profesionalidad e independencia de criterio.

"Los distinguidos profesionales que a lo largo de los años han ocupado el cargo dan fe del acierto obtenido con las designaciones", puntualiza el escrito, para luego destacar que como máxima autoridad, al procurador general le corresponde la ejecución objetiva e imparcial de las funciones de la institución.

El cargo en cuestión está vacante desde el 3 de mayo de 2022, cuando se retiró Jurado Fernández. Él fue propuesto por el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y ratificado en el puesto el 7 de julio de 2016, con el apoyo de 36 diputados y la oposición de otros 2.

Valga recordar que el nombramiento del jefe de la Abogacía del Estado está regulado en el artículo 10 de su ley orgánica. La norma establece que el procurador general deberá ser designado por el Consejo de Gobierno, pero confirmado por la Asamblea Legislativa por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes). Sin embargo, en caso de que ante dos proposiciones sucesivas de parte del Poder Ejecutivo, el Legislativo se inclina por rechazar el nombramiento, el Consejo de Gobierno podrá hacer la designación libremente.

El 13 de enero de 2023, la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, luego de entrevistar a una decena de candidatos como lo dio a conocer CRHoy.com, nominó para el puesto al abogado litigante Cristian Arguedas Arguedas. Sin embargo, este declinó su postulación dos días más tarde, en medio de cuestionamientos por publicaciones que hizo en su cuenta de Twitter y que, aseguró, fueron sacadas de contexto con el objetivo de perjudicarlo.

Tras confirmarse la decisión del jurista, la Casa Presidencial anunció en un escueto comunicado que iniciaría un nuevo proceso de estudio y selección, de cara a una segunda nominación al puesto.

La ley antes mencionada establece en el numeral nueve los requisitos para el procurador general; mismos que incluyen:

• Ser costarricense por nacimiento.
• Ser ciudadano en ejercicio.
• Ser mayor de 30 años de edad.
• Tener al menos 10 años de graduado como abogado.
• Tener al menos 5 años de ejercicio profesional como litigante activo o de trabajar en un cargo en la institución.

Su nombramiento es por seis años (con posibilidad de ser reelecto bajo el procedimiento antes descrito) e incluye las inmunidades y prerrogativas dispuestas para los miembros de los Supremos Poderes, al igual que la posibilidad de asistir a modo consultivo a las sesiones del Consejo de Gobierno. En caso de remoción o renuncia, la designación de su sustituto no podrá hacerse por un término mayor al que haga falta para completar el periodo respectivo.

Para remover a una persona del puesto antes de que se venza su designación será necesaria una causa justa, comprobada en un expediente secreto levantado al efecto por el Consejo de Gobierno. La destitución requerirá de la ratificación del Parlamento, en caso de que esta hubiese validado su nombramiento. De no ser autorizada una remoción de parte de los diputados, el procurador general permanecerá en el cargo.

El jefe de la Abogacía del Estado será sustituido en caso de ausencia por su adjunto. Desde el 13 de diciembre de 2011 y hasta la fecha, quien ocupa el puesto es Magda Inés Rojas Chaves. Incluso, esta doctora en Derecho Público con 40 años de trayectoria en la institución debió presentarse -por ejemplo- a las comisiones legislativas Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, así como Especial de Modernización y Reforma del Estado, para exponer el criterio de la Procuraduría sobre los proyectos de ley Idoneidad y Experiencia en la Gestión de Fondos y Operadoras de Pensiones, al igual que el de Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

La Procuraduría General es el órgano superior consultivo y técnico-jurídico de la Administración Pública, así como el representante legal del Estado. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones; situación que el cuerpo de procuradores destaca como "un logro histórico que Costa Rica comparte con las más maduras democracias del orbe". Sus dictámenes y pronunciamientos constituyen jurisprudencia administrativa y son de acatamiento obligatorio. Asesora con opiniones no vinculantes a los diputados, las comisiones legislativas y a la Sala Constitucional.

Entre sus atribuciones destaca también informar a los jerarcas respectivos sobre incorrecciones, intervenir en causas penales, interponer recursos de revisión contra las sentencias y contestar las audiencias que se le otorguen en recursos de inconstitucionalidad, defender a los funcionarios públicos cuando se les siga una causa por actos que se asocien al cumplimiento de sus funciones (nunca en casos de delitos cometidos en contra de los intereses de la Administración Pública o que hayan violentado derechos humanos), realizar acciones para prevenir y erradicar la corrupción, entre otras.

Además, tiene a su cargo la gestión y actualización del Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi).