Presunto financiamiento ilegal en campaña de Chaves explicaría descenso del país en índice de corrupción
Señalan que cuestionamientos podrían explicar el descenso del país en el índice
(CRHoy.com).- Los señalamientos del presunto financiamiento político ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves podrían explicar la razón por la que Costa Rica bajó 4 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), alcanzando la puntuación más baja, según datos de la organización Transparencia Internacional.
"Costa Rica ha descendido cuatro puntos en los últimos tres años, alcanzando su puntuación más baja hasta ahora. Los escándalos de corrupción recientes ponen de manifiesto la existencia de déficits en materia de transparencia, sobreprecios y falta de competencia en el sector de infraestructura, una tendencia que se repite en toda la región. Los señalamientos de financiamiento político ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves también podrían explicar los resultados recientes", indicó el documento.
El informe destacó que Costa Rica cuenta con instituciones democráticas sólidas y tiene oportunidades, al igual que Chile, de revertir estas tendencias. "La Estrategia Nacional de Integridad de Costa Rica, si se implementa de manera adecuada, podría transformarse en un modelo a seguir para otros países de la región", explicó el informe.
Un informe enviado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 8 de junio del 2022 pasado, señala una serie de presuntas irregularidades que se habrían cometido en el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático en las pasadas elecciones presidenciales.
Incluso, en dicho documento se establece sobre la existencia de un "esquema oscuro de financiamiento" electoral, por medio de, al menos, dos estructuras paralelas.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos advirtió en el documento que hay indicios suficientes para identificar que el partido que llevó a la presidencia a Chaves, habría recibido donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un "esquema oscuro de financiamiento" auspiciado por 2 estructuras paralelas, figuras que son ilegales ante el Código Electoral.
Una de estas estructuras fue el fideicomiso llamado "Costa Rica Próspera", creada por el Presidente Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova, y administrado por Arnoldo André, actual Canciller de la República, y Alonso Vargas a través de la firma ATA Trust Company.
La otra estructura habría beneficiado la candidatura a diputado de Julio Ubaldo Agüero y en la misma habrían figurado Loeb Casanova y la hija del diputado, Sofía Agüero Salazar.
El informe de la organización Transparencia Internacional también señala la falta de competencia en el sector de infraestructura como un elemento de corrupción en el país.
Precisamente, dos casos que se mantienen en investigación fueron los llamados "Cochinilla" y "Diamante" donde se investigan los pagos a funcionarios públicos por parte de empresas constructoras para beneficiarse de proyectos de infraestructura u obtener trámites más céleres en pagos de facturas.
Dos de los implicados en este caso, Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO y Mélida Solís, de H.Solís, se mantendrán sin brazalete ni arresto domiciliario luego de que fuera rechazada una apelación presentada por el Ministerio Público, la tarde de este viernes 27 de enero del 2023, por el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea.
El escándalo de posible corrupción estalló el 14 de junio de 2021,tras allanamientos en la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Conavi así como las constructoras MECO y H. Solís. En la causa figuran 82 imputados y 17 empresas investigadas.
En el "Caso Diamante", se investiga el mismo presunto esquema de corrupción, pero en municipalidades y donde los principales sospechosos son los alcaldes de las mismas. De igual forma, la empresa MECO habría pagado a estos funcionarios para obtener beneficios en proyectos de infraestructura.
