Presidente miente para atacar a Fiscalía tras detención de Marta Esquivel

Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, aprovechó la coyuntura de la investigación penal contra Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para defenderla y fustigar al Ministerio Público citando causas penales que ya no están en manos de las fiscalías.

Chaves, quien calificó la imputación de Esquivel como un "show mediático" y un "abuso de autoridad" de Carlo Díaz, fiscal general, despotricó alegando que no se ha actuado de manera similar con otras investigaciones como el caso Aldesa, el caso "Cochinilla", el caso Coopeservidores, el caso contra la exdefensora Ofelia Taitelbaum o la trocha "fronteriza".

Sin embargo, para defenderla mintió o emitió información falsa sobre estos casos, señalando a la Fiscalía cuando ya el tema en algunos casos no le corresponde.

Previo a que el mandatario diera un mensaje este miércoles, Casa Presidencial emitió un video en que también se hizo énfasis a estos casos sin mencionar (ni explicar) las distintas fases del proceso penal existente en Costa Rica y el rol que juega el Ministerio Público en cada uno. Tampoco se citó el estado actual de cada proceso.

Por ejemplo, la fiscalía participa en el proceso de investigación y en la formulación de una acusación (donde solicita apertura a juicio de un caso). Sin embargo, no es el ente competente para fijar las audiencias de apertura a juicio o la fecha de inicio de un juicio. Esto le corresponde a los juzgados penales o a los tribunales penales.

Lo que Chaves no señaló en su mensaje contra la Fiscalía, es que ya las causas penales utilizadas como ejemplo están en otras instancias que no le competen al Ministerio Público. Tampoco dijo que en el caso Coopeservidores, apenas hace 3 semanas sí se efectuaron allanamientos y detenciones por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo mismo con la investigación seguida contra la exdefensora Taitelbaum, la cual fue acusada por la Fiscalía y ya hasta cuenta con una condena en firme por parte de un tribunal penal. La funcionaria se encuentra actualmente en libertad debido a que apeló en instancias superiores, lugar en donde no tiene injerencia el fiscal ni sus dependencias.

El presidente también mencionó en esa lista el caso "BCR-SAFI", donde se investigan aparentes sobreprecios en la compra de propiedades por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR). Sin embargo, omitió decir que ya existe una causa penal abierta por presuntos delitos de sobreprecio irregular y que justamente a finales de agosto, el BCR presentó una denuncia penal por este asunto.

Estado real de causas "mediáticas", citadas por Chaves y Casa Presidencial

Caso	Estado
Caso Aldesa	El 10 de junio de 2019 se hicieron allanamientos y detenciones (incluido contra imputado de apellido Chaves, presidente de Aldesa, quien cumple medidas cautelares como impedimento de salida del país). El 28 de noviembre de 2023, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó y pidió apertura a juicio contra 21 imputados (altos mandos de Aldesa) por este caso por presuntos delitos de estafa e infracción a la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Está pendiente fijación de fecha de la audiencia preliminar por parte de un juzgado penal (la Fiscalía no tiene injerencia).
Caso "Ofelia Taitelbaum"	El Ministerio Público acusó a Taitelbaum desde noviembre de 2016 y la llevó a juicio, entre 2019 y 2020, logrando una condena en el debate de 7,5 años de cárcel por 29 delitos de uso de documento falso. El caso se encuentra en fases que no competen al Ministerio Público, como lo es la de impugnación, propiamente en la Sala Tercera. En julio de 2024, un tribunal de apelación rechazó el recurso planteado por la exdefensora contra la condena y, por ende, acudió a la Sala Tercera (última instancia competente para resolver casos penales). Mientras la condena queda en firme, Taitelbaum cumple medidas cautelares como impedimento de salida del país o firma periódica ante autoridades judiciales.
Caso "Trocha"	El 10 de enero de 2017, la Fiscalía presentó la acusación formal por este caso. Tras una audiencia "maratónica" realizada entre setiembre de 2019 y enero de 2020, a finales de febrero el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José acogió la petición del Ministerio Público para elevar la causa penal a debate. Pese a que en principio la investigación apuntó contra 26 imputados solo la mitad (13) irá a juicio. Las otras 13 personas involucradas acordaron una salida a través de medidas alternas para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Los detalles de los acuerdos no fueron revelados por confidencialidad entre las partes. El juicio debía arrancar en marzo de 2023, pero los jueces que componían el tribunal fueron recusados por la defensa de los imputados. El debate estaba previsto para arrancar en julio de 2024, pero se postergó una vez más y está pendiente de fecha por parte del Tribunal Penal a cargo. No compete a la Fiscalía fijar fechas.
Caso "Cochinilla"	En abril de 2024, la Fiscalía formuló 2 acusaciones contra al menos 12 personas, por el conocido "Caso Cochinilla", que investigó una presunta red de pago de dádivas a empleados públicos en proyectos de obra pública. En las acusaciones están incluidos los entonces propietarios de las constructoras MECO y H.Solís, que son Carlos Cerdas y Mélida Solís, respectivamente. Además, acusaron a varios empleados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Esto implica que las 12 personas podrían ir a juicio. Ambos empresarios fueron detenidos a mediados de 2021 y estuvieron en prisión preventiva durante 3 meses. Actualmente, están sujetos al proceso penal con medidas cautelares. Está pendiente la fijación de fecha de la audiencia preliminar por parte del juzgado penal (de nuevo la Fiscalía no tiene que ver en el tema) Además, la Fiscalía mantiene otra causa en curso en la que serían acusados otros imputados implicados en la investigación.
Caso Coopeservidores	Se realizaron allanamientos en junio y julio, el 4 de setiembre la Fiscalía y el OIJ detuvieron a 11 imputados (incluido el exgerente de la cooperativa, de apellido Hidalgo). Se investigan presuntos delitos de fraude, que habrían conllevado a la debacle financiera de la cooperativa. Por orden del Juzgado Penal, los 11 imputados quedaron en libertad; 4 deben firmar 1 vez al mes y tienen impedimento de salida. El resto están libres sin medidas cautelares. La Fiscalía apeló la decisión y está a la espera de una nueva audiencia.

Causa contra Esquivel

La investigación penal contra Esquivel y 7 imputados versa sobre las presuntas irregularidades en la contratación que adjudicó la CCSS a 5 cooperativas para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) en 10 áreas de salud.

Dicha licitación, promovida desde 2023 y adjudicada el 17 de julio de 2024 por un plazo de 10 años, propició una serie allanamientos y la detención de Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS. Además, la imputación recayó también contra otros 7 altos mandos de la entidad.

Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, y Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicaron que la junta directiva de la CCSS, encabezada por Esquivel, habría ejercido una injerencia directa para adjudicar la licitación a las cooperativas en detrimento de otra que estaba en curso desde 2 años antes (2021).

Díaz detalló que la adjudicación hecha a las cooperativas representaría un perjuicio económico por sobreprecio de hasta ₡12.400 millones (más de $23,8 millones, según el tipo de cambio vigente a este 25 de setiembre de 2024).

La CCSS alegó en julio que la contratación tendría un costo mensual cercano a los ₡4.000 millones. Según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el costo total de la contratación (a esta fecha) superaría los ₡471.000 millones.

La Auditoría Interna de la CCSS emitió varios informes en los que advirtió que las ofertas presentadas por las 5 cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco) adjudicadas eran excesivas, representando el incremento anual ya expuesto de los ₡12.400 millones de colones, respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas. Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.

La contratación contempla los servicios de administración de 138 Ebais existentes en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.

El 6 de julio, a través de un comunicado de prensa, la CCSS alegó que a esta fecha la inversión anual con esta contratación rondaría los ₡4.000 millones. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) denunció que al transcurso de los 10 años el monto total superaría los ₡471.555 millones.

"Esta investigación reviste mucha importancia, sobre todo porque se están disponiendo de muchos recursos públicos. Más de ₡12.400 millones al año. Esto va a afectar, tanto el bolsillo de los costarricenses, como el sistema de salud, donde definitivamente va a haber un detrimento al pagar precios excesivos", indicó Carlo Díaz Sánchez, fiscal general del Ministerio Público.

Lenín Hernández Navas, secretario general del sindicato Sinae, hizo la comparación de la magnitud de este caso con el CCSS-Fischel, que involucró la erogación de ₡5.000 millones de colones sin justificación y fue contundente.

"No hay punto de comparación entre los ₡5.000 millones a estos los ₡200.000 millones de colones que pagará la CCSS en sobreprecios",puntualizó Hernández.

La fiscalía sostiene que los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.

Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.

También, se investiga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. Sin embargo, este se confirió por 10 años.

Entre los jerarcas detenidos este lunes, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.