Presidente de Sala IV: “No somos una camisa de fuerza, una rémora o un lastre”

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tuvo un 2023 agitado. Entre discusiones complejas y diversas, ese alto tribunal estuvo en la palestra tras fallos ligados a decretos promulgados por la Administración Chaves Robles (2022-2026) o a ataques comprobados a la prensa desde el Poder Ejecutivo.

Ya en octubre de 2022 hubo un primer precedente con la resolución que declaró inconstitucional el cierre de Parque Viva, propiedad del Grupo Nación, tras una orden del gobierno que fue catalogada como "atropellado e ilegítimo" en un claro afán de afectar la operación de esa empresa y, por ende, la libertad de prensa de un medio crítico.

En una línea similar, en mayo de 2023, el tribunal condenó a Rodrigo Chaves, presidente de la República, por llamar "sicarios políticos" a los periodistas de los medios de comunicación que manejan una línea editorial crítica hacia el gobierno y así lesionar, una vez más, la libertad de prensa.

Fernando Castillo Víquez, magistrado y presidente de la Sala Constitucional, recalcó en entrevista con CRHoy.com que el 2023 fue un año con "mucho trabajo". Por ejemplo, ingresaron 31 mil asuntos (entre recursos de amparo, hábeas corpus o acciones de inconstitucionalidad). Todo un récord en comparación con años previos.

Más allá de una estadística cuantitativa, el jurista llamó la atención sobre los aspectos cualitativos de los temas discutidos. Se resolvieron asuntos ligados a libertad de prensa, la reinstalación de miembros de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o la anulación del régimen especial de empleo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

A esto se suma el hecho de que, más que en otras etapas del país, hoy la Sala Constitucional vive una presión especial impulsada desde el gobierno. No son pocas las ocasiones en que, desde Casa Presidencial, o desde el oficialismo de la Asamblea Legislativa, se ha atacado las resoluciones adoptadas por el alto tribunal.

"La Sala Constitucional, a diferencia de otros tribunales, tiene que tomar muy en cuenta el contexto histórico, cultural, económico, social y político a la hora de resolver. Por una razón muy sencilla: en los otros tribunales, el fallo solo tiene efectos entre las partes. Pero, los fallos que emite la Sala Constitucional impactan, no solamente las partes, sino que trascienden a toda la sociedad. Son fallos de naturaleza expansiva y obligatorios para todos.

"En ese sentido, hay que saber manejar la presión porque, al final, lo que nosotros tenemos que resolver tiene que ser con criterios de imparcialidad y objetividad, a pesar de que el Derecho no es una ciencia exacta", explicó Castillo, quien rescata que en discusiones legales es posible sostener múltiples tesis.

Pese a esto, el magistrado reconoce que el auge de las redes sociales marca un antes y un después. Sobran razones para comprender esto, pero todo se resume en que hay más información y, también, mayor desinformación.

Si bien en otras épocas se tomaron resoluciones sobre procesos polémicos, como la reelección presidencial, la actualidad demanda depurar más los datos para "separar el grano de la paja" y no dar armas a aquellos que usan la desinformación como arma para desestabilizar el Estado.

En ese contexto, ¿Qué responde Castillo a esas voces que aseguran, sin pruebas contundentes, que la Sala Constitucional dificulta el trabajo del gobierno o que es un obstáculo para la implementación de políticas gubernamentales?

"A Dios gracias, son voces minoritarias. No son la mayoría del pueblo costarricense. Nosotros no tenemos una medición exacta de cuál es la percepción que tiene la población costarricense de la Sala. Percibimos que es positiva, por el hecho de que mucha gente recurre a la Sala Constitucional, aun y cuando no le dé la razón. Ellos entienden que la Sala hace justicia pronta y cumplida. Nuestros plazos en hábeas corpus son de 19 días y en amparos, la mayoría de los asuntos son 31 días", citó.

El funcionario subrayó que se debe comprender que la Constitución Política vigente consagra un "pacto fundacional" que permite la convivencia entre los ciudadanos. Ahí están los derechos de las personas y la organización básica del Estado. Por eso el tribunal está llamado a defender ese "pacto fundacional", mientras los otros actores deben ser más cuidadosos a la hora de desarrollar políticas públicas.

"Desde la óptica de quienes diseñan y ejecutan políticas públicas, lo que corresponde es diseñar, adoptar y ejecutar esas políticas tomando en cuenta ese pacto fundacional. Usted no puede desarrollar una política pública que venga a lesionar un derecho fundamental o a alterar la estructura básica del Estado.

"El tema pasa, más que todo, por un grado de pericia de quienes están diseñando, adoptando o ejecutando. No es que seamos una camisa de fuerza, una rémora o un lastre. Todo lo contrario, la Sala ha potenciado el desarrollo del país con sus sentencias en materia ambiental, educación y otros ámbitos. Creo que se debe afinar más la punta del lápiz cuando se va a legislar o emitir un decreto. De forma tal que tomando como referencia ese pacto fundacional y los criterios reiterados de la Sala, se diseñen, se adopten y se ejecuten esas políticas públicas", enfatizó Castillo.

No todo es miel sobre hojuelas. Para este 2024 existen múltiples retos por enfrentar, como la baja en el tiempo de espera en la resolución de las Acciones de Inconstitucionalidad (hay poco espacio para discutir estos temas con la celeridad requerida) y la constante judicialización de asuntos ligados a políticas públicas.