Presidente de la Corte urge mecanismos para retener personal

La existencia de presiones internas en el Poder Judicial tras los cambios en las condiciones salariales de los funcionarios es un tema que reconoce Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Aguirre se refirió a la renuncia que presentó José Manuel Fernández Chaves, el único odontólogo forense del Poder Judicial y que su labor fue clave para el desarrollo de investigaciones como el caso de la anestesióloga María Luisa Cedeño.

El jerarca urgió buscar los mecanismos para retener el talento humano de instancias como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o el Ministerio Público.

"Desde el Poder Judicial, la renuncia de personas funcionarias es un tema que nos preocupa y nos ocupa; hemos insistido ante la opinión pública sobre la necesidad de tener las mejores personas profesionales y técnicas, en buenas condiciones laborales, para garantizar una administración de la justicia eficiente, eficaz y que responda oportunamente a las necesidades del país. El reto que tenemos, y en el cual trabajamos, es crear estrategias con la Dirección de Gestión Humana para mantener y atraer personas calificadas, tanto en el área jurisdiccional, como en el Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública y el ámbito administrativo", indicó Aguirre.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia agregó que hay un gran peso para el funcionariado por los cambios salariales y los escenarios para optar por una pensión.

Lo anterior ocurrió con base en una serie de reformas legales, entre ellas, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.

Según Aguirre, hay una alta carga laboral y una presión que significa tener responsabilidad penal o civil, por lo cual instó a fortalecer las competencias y capacidades del Poder Judicial, así como potenciar condiciones laborales para atraer las personas para "fortalecer la justicia y la democracia".

Renuncia

Fernández Chaves presentó una serie de inconformidades salariales y las condiciones laborales en su carta de renuncia, así como faltas de capacitación para desempeñarse en sus funciones profesionales.

"Ser el único especialista con 17 años de experiencia no sirve de nada. Porque si algo he aprendido es que aquí en el Poder Judicial eso no tiene ningún valor, porque el recurso humano no recibe el valor que merece. Incluso mi salario está próximo a disminuir, porque los puntos de carrera profesional que me reconocieron únicamente tienen un periodo de validez de cuatro años luego de la Ley 9635", indicó en su carta.

El odontólogo indicó que para especializarse debió acudir al exterior y endeudarse hasta con al menos $70.000, no obstante, en su desarrollo profesional debió financiarse sus capacitaciones.

Afirmó que no recibió ninguna capacitación en Odontología Forense financiada por el Poder Judicial y que únicamente tuvo permisos con goce de salario para impartir conferencias o capacitaciones.