Presidente de la Corte: Rebajos en presupuesto judicial impedirá servicios en 2023
Jerarca de Hacienda no quiso atender a las autoridades judiciales
Las autoridades del Poder Judicial alertaron a los diputados los rebajos al presupuesto del 2023. (Foto: cortesía)
(CRHoy.com) El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre, afirmó a los diputados que los recortes que el Ministerio de Hacienda aplicó al presupuesto del Poder Judicial para el 2023 tendrá un severo impacto en la ejecución de servicios esenciales en la administración de justicia del país.
Como ha sido la tónica en otras instituciones, Aguirre señaló que los recortes se hicieron de manera inconsulta y sin criterio técnico y afectando la independencia del Poder Judicial, por un monto total de ¢7.838 millones.
El Poder Judicial se ve afectado porque a raíz de los rebajos se ve amenazado de no poder continuar con el servicio en el 2023 en áreas muy sensibles y esto es muy delicado.
¿Qué servicios se verán afectados?
Se afecta al OIJ, al Ministerio Público, la Defensa Pública, el OIJ y la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos.
Además adultos mayores, personas sin empleo, población indígena, víctimas de crímenes, y privados de libertad.
El Poder Judicial no podrá, por ejemplo, pagar horas extras para atención de sucesos que no ocurran en jornadas no laborales, juicios que se extiendan, allanamientos, atención de víctimas, entre otros hechos.
"Si no se nos repone esta partida de ¢99 millones para el pago de horas extra estos servicios se verán afectados y los allanamientos en las madrugadas o noche ya no los volveremos a ver", afirmó Aguirre.
Otra rebaja es por ¢966 millones en arrendamientos lo que impedirá alquilar más de 700 computadoras.
Se eliminan ¢467 millones para el pago de viáticos para la realización de diligencias judiciales de campo, por ejemplo, allanamientos, visitas domiciliares, traslados de víctimas en riesgo, seguimiento a medidas de Violencia Doméstica, verificación de la calidad del servicio en zonas remotas, se elimina el 100% de los recursos para extradiciones.
Se quitó la partida para el pago de marchamos, por lo que los vehículos judiciales no podrán circular.
Hacienda eliminó una partida por ¢136 millones para el pago de alimentos a personas privadas de libertad y para víctimas y testigos en situaciones vulnerables.
Se eliminan ¢1.423 millones, lo que imposibilita la renovación de 957 chalecos antibalas que deben cambiarse para el mes de marzo (que cubre el 80% del personal).
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas consultó si tras el recorte que hizo Hacienda sin preguntar se hizo alguna gestión con el ministerio.
"Esto no es posible, lo hemos intentado, en un principio la señora vicepresidenta tuvo algún contacto cuando nos enteramos del rebajo, pero sin ningún resultado, yo intenté comunicarme con el ministro de Hacienda, pero no nos quiso atender", afirmó el magistrado.
La diputada Rojas pidió a las autoridades judiciales una propuesta para encontrar una solución ante la afectación presupuestaria.
