Presidente de la Corte deberá rendir cuentas ante diputados
Deberá explicar las razones por las cuales la Corte se niega a aplicar la reforma fiscal
(CRHoy.com) -El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, deberá rendir cuentas ante los diputados por la negativa de aplicar en el Poder Judicial las medidas de ahorro fiscal que ordena la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Así lo acordaron los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos al aprobar una moción de la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), para que Cruz comparezca en una fecha aún no definida.
"Dado que las acciones del Poder Judicial, podrían ser absolutamente ilegales e inconstitucionales, pues su actuación quebranta el principio constitucional de igualdad ante la ley entre los empleados del sector público y, adicionalmente, como órgano constitucional desacatan una ley, para mantener beneficios salariales que jurídicamente fueron reformados en su totalidad por estos legisladores y legisladoras, por lo que podría cuestionarse su vigencia", indica el texto de la iniciativa.
Los diputados también llamaron a comparecer a Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, Stephany Arias, gerente de Área de la Contraloría General de la República (CGR), Hilda Rojas y Pablo Pacheco, fiscalizadores de la CGR, Julio Jurado, procurador general de la República, y Armando López, procurador de la Ética Pública.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -aprobada por la Asamblea Legislativa el 3 de diciembre de 2018- ordenó a todas las instituciones públicas ajustar las reglas para el pago de incentivos salariales, con el propósito de contener el crecimiento del gasto público.
Esta reforma consiste en que las entidades públicas dejen de pagar los pluses como porcentajes del salario y, en su lugar, se haga como montos nominales.
Sin embargo, en agosto pasado, la Corte resolvió no ajustar los salarios de sus 14 mil funcionarios a las nuevas reglas del pago de incentivos.
La Contraloría ordenó el 20 de diciembre anterior a la Corte cumplir con lo dispuesto por la ley, pero los magistrados insistieron en desacatar la reforma fiscal.
