Presidenta ejecutiva del INS deberá cumplir suspensión de 20 días sin goce salarial
Jerarca fue señalada por anomalías en contrataciones cuando fungía como asesora de presidencia ejecutiva
La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón Fernández, este jueves 9 de enero en audiencia en Comisión de Control de Ingreso y Gasto del Congreso (CRH)
Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), deberá cumplir una sanción administrativa de 20 días de suspensión sin goce salarial impuesta por la Contraloría General de la República (CGR) por irregularidades detectadas en 2 contrataciones.
La investigación se abrió en 2023 y concluyó en 2024 con sanciones impuestas contra Chacón Fernández y 4 funcionarios más: Carlos Gamboa Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Carmen González Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo del INS y Katherine Phillips Quesada, subjefa del departamento de Proveeduría.
El proceso se abrió por una contratación directa aprobada en el 2021 y concretada en 2022, cuando ella (Chacón Fernández) era asesora de la presidencia ejecutiva que estaba al mando en ese momento.
La CGR confirmó este 13 de enero que ya notificó al INS el acto final en firme correspondiente al procedimiento administrativo llevado a cabo, tras la resolución de los recursos planteados contra las sanciones impuestas, con el propósito de que el INS proceda a la ejecución de las sanciones impuestas conforme a derecho.
"Se trata del expediente administrativo: CGR-PA-2023004188 por presuntas contrataciones irregulares de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral, promovida por el Instituto Nacional de Seguros mediante los procedimientos de contratación números: 2021CD-0000403-0001000001 y 2022CD-000073-0001000001.
"Se determinó la responsabilidad administrativa mediante acto final N.° 8849-2024 (DJ-0966), luego se resolvieron los recursos correspondientes interpuestos contra dicha resolución, misma que mantuvo las sanciones impuestas", citó la CGR, a través de un correo electrónico.
Chacón Fernández fue nombrada en el puesto el 8 de mayo de 2024, cuando se anunció la salida de Mónica Araya Esquivel, tras destituida por Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República.
"No estoy de acuerdo con lo resuelto por la Contraloría, las imputaciones que se me hicieron son infundadas y la sanción es desmedida. Por lo que mi abogado está preparando los recursos de revocatoria y apelación, los cuales serán presentados esta semana", dijo Chacón en un video publicado por el INS, en mayo de 2024.
La sanción administrativa de 20 días de suspensión sin goce salarial también es extensiva a Pérez Salguera, González Ramírez y Gamboa Ramírez. En tanto, contra Phillips Quesada, deberá cumplir la suspensión sin goce salarial por espacio de 15 días.
Edificio central del INS, en San José. Foto: Archivo/CRH
La investigación
La primera contratación fue adjudicada al bufete DPI Legal por ¢26,5 millones el 15 de enero del 2022. La segunda, recayó en José Paulino Hernández, el 2 de marzo del 2022, por ¢16 millones.
DPI Legal tenía como tarea valorar una denuncia anónima contra el auditor general con el afán de establecer si existía mérito para abrir un proceso disciplinario en su contra. Una vez superada esa etapa, el asunto fue trasladado a José Paulino Hernández, quien desarrolló la investigación.
El ente contralor puntualizó que cuando se desarrollaron las investigaciones, Chacón fungía como asesora de la presidencia ejecutiva del INS (a cargo de Pérez Salguera, en ese entonces) y que promovió y gestionó la contratación directa de dichos proveedores sin apegarse a las reglas de contratación administrativa vigentes y que tampoco contó con la fundamentación técnica y jurídica para realizar contrataciones extraordinarias.
La investigación de la CGR determinó que Chacón firmó varios oficios en los que ordenó a la proveeduría institucional avanzar con las contrataciones sin contar con estudios de costo-beneficio, técnicos o jurídicos que sustentaran la decisión.
Ambos procedimientos, según la CGR, habrían sido contrataciones directas, en las que, no se habría realizado un concurso público de por medio.
El ente contralor enfatizó que las sanciones se imponen en atención a la siguiente normativa: Artículo 96 bis inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa (vigente al momento de los hechos) y Artículo 39 inciso b) de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
"Queda ahora en manos del INS la ejecución de dichas sanciones, de modo que desde la CGR no podemos ampliar sobre ese proceso que corresponde a la Administración", finalizó la entidad.
