Precarios generaron pérdidas para el Estado por más de ¢24.000 millones en dos años
Precario "Los Huevitos". (CRH).
Los precarios generan un impacto fiscal directo y creciente sobre la Hacienda Pública, al limitar la recaudación de ingresos por concepto de impuestos municipales, tarifas por servicios públicos efectivamente brindados y otras contribuciones.
Además, el Estado deja de percibir ingresos por actividades comerciales no registradas que operan dentro de estos asentamientos, señala la Contraloría General de la República (CGR) en su informe Atención de Asentamientos Informales y su Impacto en la Hacienda Pública.
"Todo ello produce una pérdida fiscal significativa que refuerza el círculo vicioso de exclusión social y desfinanciamiento institucional, comprometiendo, a su vez, la sostenibilidad de los servicios públicos", indica el documento.
Estimaciones de la CGR señalan que las pérdidas fiscales por no cobro de impuestos, actividades comerciales y servicios públicos ascendieron a ¢24.700 millones entre 2022 y 2024.
En muchos precarios existen pequeñas pulperías cuyos dueños no pagan impuestos al Ministerio de Hacienda por la comercialización de mercancías. Solo en el asentamiento informal "Los Huevitos", ubicado en Río Segundo de Alajuela, hay más de siete establecimientos de este tipo.
A ello se suman gastos significativos asociados con la atención de emergencias, incendios estructurales y ayudas sociales, como el pago de alquileres ante desalojos.
También existen "costos ocultos" derivados de los impactos en la salud pública, el ambiente y la eficiencia operativa de los servicios esenciales, que no siempre se reflejan en los presupuestos públicos.
En detalle
La Contraloría solicitó a diversas instituciones cuantificar, para el periodo 2022-2024, el impacto económico que representa para el Estado la provisión de agua potable sin retribución económica, el consumo no autorizado de electricidad, la atención de incendios estructurales, parte de la asistencia social por concepto de pago de alquileres a familias desalojadas de asentamientos informales, así como el gasto en titulación de lotes efectuado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El monto total estimado asciende a ¢24.700 millones.
Los operadores del servicio de electricidad —Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec)— calcularon un perjuicio económico de aproximadamente ¢18.200 millones asociado con el consumo no autorizado de electricidad en asentamientos informales.
En el caso del suministro de agua potable, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la ESPH estimaron que dejaron de percibir alrededor de ¢4.500 millones.
Mientras tanto, la atención de incendios estructurales por parte del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica implicó un gasto de ¢162,9 millones.
El IMAS reportó que ejecutó recursos por ¢690,3 millones destinados a la titulación de lotes para familias que residen en precarios y ¢91,4 millones para el pago de alquiler de familias desalojadas del asentamiento informal de Miravalles, en Tirrases de Curridabat.
Consumo y sostenibilidad
A las repercusiones económicas se suman efectos en el uso y la sostenibilidad de recursos esenciales como el agua y la electricidad.
Según información institucional, durante el periodo 2022-2024 se estimó una pérdida total de 58 millones de kWh de energía eléctrica y un volumen de 8,5 millones de metros cúbicos (m³) de agua por consumo no facturado en estos asentamientos. En este último caso, el dato reportado por el AyA corresponde únicamente a 2024.
El informe señala que los operadores de servicios reportaron afectaciones en la disponibilidad y sostenibilidad de agua y electricidad.
En el caso del agua, se registró un consumo descontrolado y sustracción ilícita que dificultan la gestión operativa, ponen en riesgo la sostenibilidad del recurso y comprometen la calidad del agua y la salud pública, debido a tuberías expuestas a contaminación.
En cuanto a la electricidad, las conexiones irregulares provocan pérdidas económicas, deterioro severo de la red, interrupciones en el servicio, riesgos de seguridad para los habitantes y el personal técnico por incendios y electrocuciones, además de afectar la sostenibilidad financiera y la calidad del servicio.
"A modo de ilustración, un análisis comparativo realizado por el AyA reveló que el asentamiento informal Barrio Nuevo, en Curridabat, consume prácticamente el mismo volumen mensual de agua potable que la zona urbana formal colindante, aun cuando ocupa solo el 5 % de su superficie y cuenta con 249 viviendas frente a 552 unidades de consumo registradas en la zona formal (uso residencial e industrial). Este desequilibrio pone de manifiesto un patrón que compromete la sostenibilidad del recurso hídrico", advierte el informe.
Impacto social y económico
La Contraloría también explica que la evidencia internacional confirma que invertir en vivienda adecuada en asentamientos informales no solo es una necesidad social, sino también un motor de crecimiento económico.
El informe Mejoramiento de Viviendas en Asentamientos Informales de Hábitat para la Humanidad Internacional (2023) proyecta que mejorar las condiciones habitacionales en esos asentamientos podría aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los países hasta en un 10,5 %, elevar la esperanza de vida en aproximadamente un 4 % (equivalente a 2,4 años adicionales) y aumentar los años promedio de escolaridad en torno a un 28 %, beneficiando al 16,1 % de niños, niñas y jóvenes que hoy permanecen fuera del sistema educativo.
Estas cifras —agrega la CGR— subrayan el potencial transformador de políticas que prioricen la vivienda adecuada para impulsar el desarrollo del país, así como para mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.
"Revertir esta situación exige sustituir el gasto reactivo por una estrategia financiera de inversión, sustentada en una gobernanza multinivel robusta que articule la regularización de la tierra, la inversión preventiva, la asignación presupuestaria prioritaria para la atención integral de los asentamientos informales y un ordenamiento territorial inclusivo. Solo al integrar plenamente estos territorios al tejido urbano formal —con servicios básicos, infraestructura urbana y seguridad en la tenencia— el Estado podrá reconstruir su base tributaria, restablecer el cobro efectivo de los servicios públicos y reinvertir esos ingresos en intervenciones que consoliden un desarrollo urbano sostenible", concluye el documento.