Posible abuso sexual y lesiones: los delitos que se inculpan a menor que agredió a colegiala en bus
Ministerio Público alista acusación y valora tramitar medidas cautelares
Abuso sexual y lesiones levísimas: esos son los delitos que imputa la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos en contra del menor de edad, sospechoso de agredir físicamente a una colegiala dentro de un autobús, en San Carlos, días atrás.
El Ministerio Público confirmó que la causa penal se persigue luego de que trascendiera un video de la agresión, que se viralizó en redes sociales.
El joven permanece detenido: desde la 1:30 a.m. los agentes del OIJ lo trasladaron desde su vivienda hasta los despachos judiciales. La Fiscalía señaló que trabaja en las diligencias correspondientes para presentar la acusación en contra del joven y hacer la solicitud de medidas cautelares.
Las imágenes capturadas muestra que a la estudiante víctima, la patearon, la escupieron, se sentaron encima de ella y cometieron otro tipo de agresiones. Por ley, las agresiones levísimas son castigadas de diez a 30 días multa a quien cause a otro un daño en la salud que no le determine incapacidad.
Mientras que los posibles abusos sexuales contra menores de edad, son sancionados por el Código Penal con 3 a 8 años de prisión. Un castigo que se puede agravar, hasta a 10 años, cuando la víctima es menor de 15 años o bien, se utilice violencia corporal o intimidación.
Sin embargo, tal y como explicó el abogado David Delgado a CRHoy.com, en materia penal juvenil, hay un tope máximo de 10 años de sanción si la persona tiene entre 12 y 15 años de edad; y un tope de 15 años de castigo, si el sospechoso oscila entre 15 y 17 años de edad.
Aunque el Código Penal diga que la pena es prisión por tantos años, el menor se procesa con la Ley Penal Juvenil. El abuso sexual cometido por una persona menor de edad se castiga con tres opciones: sanciones socioeducativas, órdenes de supervisión y orientación; o internamiento en centro especializado.
En un eventual juicio, el juez deberá tomar en cuenta los antecedentes del menor sospechoso, la capacidad para cumplir la sanción, la edad y sus circunstancias familiares y sociales, así como los esfuerzos para reparar los daños.
