¿Por qué necesitamos revertir el centralismo y votar en las elecciones municipales?
Este próximo domingo (4 de febrero), habremos de elegir a las autoridades municipales en todo el país (alcaldes, regidores, síndicos, concejos distritales). Mujeres u hombres que habrán de regir los gobiernos locales.
El gran reto electoral de estas elecciones es que la participación supere a la abstención.
Se trata de un reto enorme por dos motivos centrales: 1) Sensación de futilidad municipal (creer que las municipalidades importan poco). 2) Sensación de futilidad electoral (creer que nuestro voto no hace la diferencia).
El primero se explica fundamentalmente por el centralismo costarricense. Tenemos la sensación de que las municipalidades no juegan un papel central en nuestras vidas y que impactan poco en los temas que más nos preocupan: seguridad ciudadana, trabajo, costo de la vida, educación de nuestros hijos, servicios de salud, clima y medio ambiente. Esos temas corresponden al gobierno nacional. Cierto es que la policía municipal, el ornato, los parques municipales, la recolección de basura y algunas funciones culturales, son temas municipales, pero ellos no parecen tan decisivos como los primeros.
Empecemos por reconocer que Costa Rica es uno de los países más centralizados del mundo y que les asignamos tareas presupuestariamente marginales y que, quizás por ello, poca gente se interesa y participa en los procesos municipales. ¿Por qué no hemos podido construir unas municipalidades competentes?
Algunas personas consideran que Costa Rica tiene muchos cantones, que estos son muy heterogéneos y que, por ello, las municipalidades no pueden ser eficientes. Me hago cargo de los dos primeros argumentos: ¿quién define lo que son muchos municipios? Es verdad que, sin contar los concejos municipales de distrito, el país se divide en 84 cantones. Además hay cantones de todo tipo: urbanos, rurales y mixtos (la mayoría). Hay cantones ricos y cantones pobres (Talamanca, La Cruz, Buenos Aries, por ejemplo). Hay cantones muy grandes y otros muy pequeños (Flores, San Pablo y Tibás). El cantón de San Carlos (3.347 km2), por ejemplo, es más grande que las provincias de Heredia y Cartago y que la suma de 30 cantones del Valle Central. San José, Alajuela o Desamparados, cada uno, tienen 40 veces más población que cantones como Turrubares, San Mateo, Dota, Hojancha, Puerto Jiménez, Río Cuarto o Monteverde.
La heterogeneidad, sin embargo, no debe preocuparnos. Otros países tienen mucha más: Estados Unidos, por ejemplo, tienen condados de más de 8 millones de habitantes (New York) y decenas de condados con menos de 1.000 habitantes. España tiene más de 8.000 municipios, 3.800 de los cuales tienen menos de 500 habitantes.
Los planificadores querrían desdibujar los cantones, según criterios tecnocráticos, pero lo esencial es el "sentido social de pertenencia" y este impone la heterogeneidad. Hay que trabajar y sacarle el jugo a lo que se tiene, sin pretender fórmulas aplicables a todos por igual.
¿Por qué las municipalidades de Costa Rica, a diferencia de las del resto del mundo, no desempeñan actividades típicamente locales como las escuelas, los centros de salud, los bomberos y la policía local? ¿Por qué las municipalidades perdieron esas competencias tan comunes al resto de las municipalidades del mundo? ¿Por qué la desproporción en el gasto público -más del 97% del gasto público en instituciones nacionales-? Entre tantas razones posibles:
- Por la necesidad de construir un Estado nacional único y uniforme, cuya realización podía verse obstaculizada por la existencia de municipios (Cartago, San José, Alajuela, Heredia, Nicoya) que en ese entonces eran más fuertes que el Estado naciente (de ahí que Braulio Carrillo los clausurara a principios del siglo XIX);
- Por una idea equivocada del concepto de las ventajas comparativas y de las economías de escala, asumiendo que era más eficiente realizar tareas a nivel nacional que a nivel local;
- Por intereses de los gobernantes de centralizar el poder, satisfacer egos personales y manipular electoral y personalmente a la población;
- Por falta de responsabilidad de las mismas municipalidades de asumir sus propios riesgos y el deseo natural de excusarse, culpando a terceros de los males propios;
- Porque las propias comunidades -los pueblos- dejaron de confiar en las municipalidades y pidieron a los gobiernos nacionales que asumieran las tareas que tradicionalmente correspondían a los gobiernos locales (el caso paradigmático fue el de la provisión del agua, para descubrir al final, que no hay disponibilidad de agua en casi todos los rincones del país, a pesar de la centralización en AyA).
Existen otras razones, pero no vale la pena detenerse en ellas. Lo que corresponde es valorar si conviene revertir ese centralismo y, si es así, valorar si es posible hacerlo.
A favor de la descentralización podríamos argumentar que la descentralización territorial fortalece la libertad y acerca el poder a los ciudadanos. Aunque no es lo deseable, es más fácil enfrentar los excesos municipales que el despotismo posible de gobiernos nacionales. Frente a los primeros podemos acudir a instancias nacionales en nuestra defensa y, en caso extremo, trasladar nuestra residencia a otro cantón. En cambio, es más complicado y vejatorio, cambiar de país frente a los excesos nacionales.
En los municipios, por otra parte, aunque solo fuera por su tamaño, el poder está más cercano y permitiría mayores niveles de participación en la toma de decisiones.
Para fortalecer los municipios, ellos deben recuperar la autonomía respecto de sus ingresos propios, sin imposiciones de Hacienda (v.g., BID-Catastro) y, respecto de fondos nacionales, pueden transferirse recursos a las municipalidades para fines específicos en función de competencias y servicios de interés público que se presten a la población local según "contratos de gestión". El Estado no puede darse el lujo de transferir recursos sin descargar responsabilidades, ni las municipalidades pueden asumirlas sin los recursos.
Somos, pues, un país centralizado. ¿Por qué? En última instancia, porque las propias comunidades dejaron de confiar en las municipalidades o de defenderlas, y aceptaron que los gobiernos y las instituciones nacionales asumieran esas tareas.
Si los vecinos ven gobiernos locales que solo aparecen para cobrar impuestos, patentes y ponerles trabas, desde la apertura de una peluquería a un taller, desde la construcción de un hotelito hasta de una casa. Si los vecinos son testigos de chorizos y diamantes municipales. Si creen que el voto lo deciden los que lo venden a cambio de un diario o de unas latas de zinc. Si las calles y las aceras están llenas de huecos, si la basura abunda en calles, lotes y quebradas, si la criminalidad campea por sus fueros y los parques no tienen protección; no querrán saber de ellos. Quizás por eso, muchos ciudadanos no piensan votar en las elecciones del próximo 4 de febrero.
Sin embargo, votar es esencial, precisamente por eso. Malos gobiernos locales pueden ser un infierno y buenos gobiernos pueden levantar el espíritu y el progreso de nuestros cantones. Pueden lograr que la gente quiera invertir y crear empleos dignos; que la gente pueda construir sus casas y negocios y vivir con seguridad. Puedan acceder a la cultura y sentirse orgullosos de su cantón. Por eso, a pesar de la aparente futilidad de nuestro voto, es esencial participar y votar en estas elecciones municipales. Los que compran y venden votos no lograrían sus propósitos, si la mayoría de los ciudadanos fuéramos a ejercer nuestro derecho al sufragio.