¿Por qué los diputados quieren investigar las contrataciones del Sinart?
(CRHoy.com) Este martes en el plenario los diputados votarían una moción para crear una comisión especial que investigue el actuar del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y su agencia de publicidad, tras dudas que han surgido sobre contrataciones directas que esta entidad ha realizado.
La principal surge porque el Sinart contrató como proveedor a la empresa RMC La Productora, del productor Christian Bulgarelli, quien es asesor de comunicación de Casa Presidencial, según indicó la ministra de Educación Anna Katharina Müller en un documento oficial entregado a la fracción del Frente Amplio (FA).
Además, en una respuesta que envió el propio Sinart al diputado del FA Ariel Robles, la entonces asesora jurídica de la institución, afirmó que recibió órdenes directas del expresidente del Sinart, Allan Tigreros, para contratar a la empresa RMC.
Bulgarelli, según afirmó la exministra de Comunicación Patricia Navarro, también participó en el diseño de una contratación de servicios de comunicación por $300.000 financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que, posteriormente, le fue adjudicada.
En la moción que ya fue presentada y que contó con firmas de todas las fracciones de oposición, se indica:
Desde el inicio del Gobierno se ha evidenciado en los medios y la población en general una preocupación por contrataciones con posible 'tinte político' de publicidad, donde figura la agencia del Sinart, usando o abusando de los mecanismos de excepción establecidos en la ley, para brindar servicios a diferentes instituciones del mismo Estado.
De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias y/o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión a los funcionarios públicos, que influyeron para obtener beneficios económicos en dichas licitaciones, o bien, a los funcionarios públicos que omitieron denunciar las prohibiciones de contratar por parte de asesorías de Casa Presidencial con el Estado.
La moción que deberá verse en plenario este martes, también señala que "igualmente se requiere determinar el manejo correcto, o no, de fondos públicos por más de ¢8.000 millones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos al Sinart mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios normas jurídicas correspondientes".
El Sinart ha señalado que a la fecha cuenta con 16 contratos activos, de los cuales se han emitido órdenes de pedido en SICOP por el monto de ¢2.278.645.801,73.
Además, que de las contrataciones indicadas, no todas requieren los servicios de producción audiovisual, solo 9 de ellas dejan prevista la posibilidad a nivel de objeto contractual, de otorgar servicios de producción audiovisual.
Cabe señalar que ya la Fiscalía General y la Contraloría General de la República investigan estas contrataciones.
La comisión estaría integrada por 7 diputados de todas las fracciones en el plenario y deberá rendir un informe para el 24 de noviembre.
