¿Por qué el Gobierno quiere retrasar uso obligatorio del Sicop?

(CRHoy.com) El Gobierno insiste en apurar el expediente 23.471 una iniciativa que pretende ponerle freno por un año a la Ley de Contratación Pública que se aprobó el 18 de mayo del 2021.

El jueves pasado, 40 diputados aprobaron una moción para darle vía rápida para postergar la entrada en vigencia de la ley que debe comenzar a aplicarse a partir del 1 de diciembre.

Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y cumplir una serie de parámetros de transparencia.

Contempla la simplificación de trámites para la gestión de las compras públicas mediante solo tres tipos de procedimientos ordinarios (licitación mayor, licitación menor y licitación reducida).

El ministro de Hacienda Nogui Acosta afirma que los reglamentos están listos para publicarse en la Gaceta, aunque aún no se ha hecho.

Ante el pedido que hicieron las Asociaciones de Desarrollo de frenar la vigencia de la ley, pero también de que se les saque de este requisito, el jerarca afirmó que no están de acuerdo con que nadie se salga.

El proyecto de ley señala que muchas instituciones no están listas para cumplir con los requisitos a pesar de que tuvieron 18 meses para ello.

"Surge la necesidad de analizar los requerimientos para la operativización de la norma, así como para implementar los cambios en la estructura organizativa necesarios para su ejecución. No obstante, las modificaciones todavía no se han podido realizar por parte de las instituciones rectoras, debido a su complejidad y volumen", justifica el proyecto.

Según los defensores del proyecto, diversas instituciones autónomas, municipalidades, ministerios y otros han manifestado preocupación por el impacto que tendrá en sus organizaciones la entrada en vigencia de la normativa, principalmente en relación con la falta de reglamento para su ejecución o puesta en marcha, así como la ausencia de un sistema de compras públicas que se ajuste a la nueva regulación.

Tiempo límite

A pesar de que al proyecto se le dispensó de trámite, el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña afirmó en la reunión de jefes de fracción que el tiempo no sería suficiente, ya que se deben hacer las consultas obligatorias como lo establece cualquier proyecto.

Pero la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, afirmó que según sus asesores hay resoluciones de la Sala Constitucional que afirman que no todo proyecto debe ir a consulta obligatoria.

El problema para el Gobierno es que esa consulta tarda hasta 10 días, tiempo en que no se podría conocer el proyecto en plenario.

De acuerdo con estudios económicos sobre el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aumentar la contratación pública puede generar importantes ahorros fiscales.

Estimaciones de la Contraloría General de la República apuntan que al digitalizar los procedimientos para la adquisición de obras, bienes y servicios públicos, el Estado podría ahorrarse cerca del 1.55% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir poco más de ¢541 mil millones.

En contra de la iniciativa están los seis diputados del FA y seis de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN): Dinorah Barquero, José Joaquín Rojas, Montserrat Ruiz, Katherine Moreira, Rosaura Méndez y Andrea Álvarez.

El diputado Rojas recordó que desde el año 2010, el país ha tratado de tener un sistema único de compras mediante procesos transparentes, eficientes y competitivos.

"Hace más de 12 años se han hecho intentos y siempre pasa lo mismo. Por eso, el decir que no hubo tiempo para capacitación, para coordinar internamente, entre otras razones, son solo escusas y justificaciones sin fundamento", señaló.

Rojas agrega que esta es una Ley necesaria y estructurada, donde participaron en su construcción la Contraloría General de la República y muchos otros actores.

"Es una Ley que viene a transparentar todos estos procesos, simplifica los trámites, disminuye los tiempos de respuesta, permite a los interesados conocer los términos, los oferentes, adjudicatarios y montos pactados, entre otra mucha información", enfatizó.

La también liberacionista Ruiz cree que hay una contradicción cuando el ministro Acosta dice que los reglamentos están listos, pero, por otro lado, se insiste en atrasar la ley que busca establecer más transparencia y orden a las compras públicas.

La ley aprobada y que entraría en vigencia a partir del 01 de diciembre de este año, reemplazaría la Ley de Contratación Administrativa de 1996, elimina diferentes regímenes de contratación con el fin de que todo el aparato estatal utilice los mismos parámetros y mecanismos.

Actualmente, para los proveedores del Estado existe un universo de normas que no brindan seguridad jurídica, de instituciones públicas disgregadas y que operan con leyes y reglamentos diferentes.

"Necesitamos con urgencia que el país pueda tener orden, transparencia, controles y eficiencia en todos los procesos de contratación pública", insistió Rojas.