¿Por qué el Gobierno insiste en gravar la canasta básica?
Aseguran que con exoneración se borró la cadena productiva y la trazabilidad.
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"Yo no entiendo qué es el asunto con la canasta básica, si hay otro montón de propuestas que los partidos hemos hecho, pero están (el Gobierno) empecinados en meterle impuestos al arroz y los frijoles ¡No entiendo!".
Esa es una declaración del diputado Carlos Avendaño, jefe de fracción de Restauración Nacional, agrupación que ha pujado para que la canasta básica quede exonerada de todo tipo de impuesto.
Desde el Poder Ejecutivo defienden que dicha fue un total error pues, cuando los congresistas levantaron su mano para apoyar esa moción, olvidaron que la cadena productiva no goza de ese beneficio y eso también podría aumentar la evasión, pues deja al Ministerio de Hacienda sin "huellas" para rastrear los intercambios entre dinero y bienes de empresarios. Esto último es lo que se denomina como trazabilidad.
Pero, ¿Porqué el Gobierno quiere ese impuesto?
Con un 2% de tributo sobre el valor agregado, la hacienda pública se aseguraría ingresos por alrededor de 60 mil millones de colones. Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, aseguró que esos dineros se trasladarían para política social lo cuál beneficiaría a las clases más vulnerables.

Hacienda busca recaudar 60 mil millones de colones con el impuesto sobre canasta básica.
Con esa exoneración, asegura que se beneficia a la clase alta, pues son ellos los que más consumen por su poder adquisitivo.
"A los grupos de más bajos ingresos, se les iban a dar algunas medidas o establecer algunos mecanismos para devolverles su capacidad de consumo, por eso no estamos con exonerar la canasta básica porque eso me genera el borrar toda la cadena productiva y hay muchos recursos no solo del IVA sino también de renta que necesitamos que se vean reflejados", dijo el jerarca.
¿Canasta básica era la única opción para gravar?
Acosta resaltó que por lo general, en otros países donde se han hecho reformas fiscales, se establece una tarifa general que en este caso es de 13%, pero para responder a sensibilidades se colocan tarifas diferenciadas. Para canasta básica pensaron que la mejor opción era un 2% y para los productos agropecuarios un 1%.
"Esto se hace porque todos los sectores deben reflejar los impuestos que se cobran, Si quitamos un sector, vamos a quitar esa parte de la trazabilidad", defendió el viceministro.
Pero, para José María Villalta, legislador del Frente Amplio, lo que Hacienda pretende recaudar con ese tributo, podrían obtenerlo por otras vías. A su criterio, si se aumenta un 2% del impuesto sobre utilidad a grandes contribuyentes los ingresos para Hacienda sería de 60 mil millones de colones.
Mientras, con su propuesta de 12 colones por cada bebida alcohólica se contabilizarían 10 mil millones de colones, gravar el tabaco les conllevaría a una recaudación de 4.300 millones de colones. Otra de las opciones que ha presentado Villalta ante el Gobierno tiene que ver con subir el impuesto a las reaseguradoras y reafianzamientos pagados al exterior, que significarían 17.500 milones de colones. Pero, en todas le han dicho que no.
¿Y la trazabilidad?
Nogui Acosta explicó que eso les permite saber cuánto factura cada uno de los eslabones en la cadena productiva y a partir de ahí generar los cobros de los impuestos en renta.
¿Cómo terminará esta novela?
Sería la próxima semana cuando los diputados definan si optan por ceder ante el Ejecutivo, si mantienen la exoneración o bien, si se inclinan por la propuesta del socialcristiano Pedro Muñoz, que gravaría con un 1% la canasta y con 1% los insumos necesarios para producción.

Comisión de Reforma Fiscal es donde se realizan las votaciones de mociones propuestas al texto sustitutivo.
Los congresistas están convocados para sesionar en la Comisión Especial de Plan Fiscal donde se discuten las mociones presentadas al texto sustitutivo del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, a partir del próximo martes 4 de setiembre a las 9:15 a.m.
Por si esos encuentros no son suficientes, pactaron también convocatorias a sesiones extraordinarias, las cuales serían en las noches, específicamente cinco minutos después de finalizado el desarrollo del Plenario Legislativo.
El Gobierno apura las negociaciones para lograr un acuerdo antes de ese martes con el fin de avanzar en el trámite legislativo, necesario para su votación final.