Por dos días, CCSS abrió concurso para administrar ebais: solo cooperativa rechazada por la CGR participó

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sacó a licitación una oferta para administrar el área de salud San Francisco-San Antonio por un plazo de 2 años y medio con un presupuesto estimado de ¢3.959.260.119.

El pasado 17 de octubre, la Contraloría General de la República (CGR) anuló la adjudicación de esta área de salud a Coopesana, la cual era la única partida del contrato que dio origen al caso Barrenador que no estaba en firme.

La nueva oferta se habilitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas el 4 de noviembre a las 7:00 a.m. y cerró este 6 de noviembre a las 8:00 a.m.; es decir, se dio un plazo de solo 2 días para participar en un concurso de más de $6 millones en el que se invitó a proveedores a participar.

Además, en Sicop solamente se visualiza una oferta realizada por Coopesana (Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana), que se presentó el 5 de noviembre a las 2:49 p.m. con el precio que presupuestó la CCSS.

Cabe retomar que esta es la misma cooperativa a la que la CGR rechazó refrendarle el contrato, a raíz de una apelación presentada por Psicomed.

En esa ocasión, el órgano contralor anuló debido al precio ofertado:

A mayor abundamiento, este órgano contralor llega al convencimiento que la nulidad absoluta apuntada es evidente y manifiesta por cuanto sin mayor ejercicio -como se indicó supra-, se evidencia que los oficios "Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros" y No. GM-DPSS-0331-2024 no concluyeron de forma expresa la razonabilidad del precio que se estaba valorando para la partida No. 3 y en ellos para efectos del límite superior sólo se consideraron los costos promedio del servicio correspondientes a la CCSS como prestataria de servicios de salud, sin considerar la competencia del mercado; siendo tal vicio palmario y evidente. Al respecto, debe tomarse en consideración que si bien, para efectos de la toma de decisión concerniente a la tercerización de la prestación de un servicio debe acreditarse que efectivamente la prestación directa del servicio por parte de la administración resulta ser más onerosa que la contratación de un tercero para su prestación, esta resulta ser una condición necesaria que debe quedar acreditar en el expediente respectivo como elemento indispensable dentro de la etapa de planificación y los estudios previos que sustentan el inicio del procedimiento. No obstante, dicha acreditación no resulta ser una condición suficiente para efectos de acreditar que los precios cotizados resultan ser razonables. En tanto, a nivel normativo, como se ha expuesto, el análisis de razonabilidad implica, de manera imprescindible, considerar al mercado dentro de dicho análisis.

Esta área de salud pertenece a las que fueron adjudicadas con presuntos sobreprecios, lo que culminó en una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Los miembros de la Junta aprobaron adjudicar la administración de 10 áreas de salud a 4 cooperativas y una asociación de salud, entre ellas Coopesana.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados del caso anularon un procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y mediante presiones lograron modificar el pliego de condiciones para favorecer a las cooperativas, con quienes aparentemente sostuvieron reuniones.

Esta adjudicación causó que se realizaran 28 allanamientos y se detuviera a varias personas ligadas con la CCSS.

Entre los detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes del estado; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.

Actualmente, quienes aún tenían cargos en la CCSS fueron suspendidos por 6 meses como medida cautelar aprobada por el juez Paúl Fuentes.