Póliza para proteger a Chaves y al gabinete no se puede pagar con fondos públicos
Entre contralor emitió respuesta a planteamiento hecho por Ministerio de Hacienda
Así lo determinó la Contraloría General de la República (CGR), tras responder una consulta emitida por el Ministerio de Hacienda encabezado por Nogui Acosta Jaén.
La CGR respondió la consulta realizada sobre la legalidad de contratar, con recursos públicos, una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de jerarcas como el presidente (Rodrigo Chaves Robles), vicepresidentes, ministros y viceministros del Poder Ejecutivo.
El criterio contralor señala que no existe habilitación legal para utilizar fondos públicos con el fin de contratar pólizas de responsabilidad civil que beneficien directamente a funcionarios.
"La CGR enfatiza que los seguros pagados con fondos públicos deben proteger los intereses de la administración y no los beneficios personales de los funcionarios. De este modo, es claro que contratar seguros para cubrir responsabilidades personales de jerarcas sería incompatible con el principio de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa.
"Se enfatiza que la rendición de garantías o cauciones es una obligación personal del funcionario público, según lo establecido en el marco normativo vigente", detalló el ente contralor, a través de un comunicado de prensa.
El gobierno de Chaves planteó la contratación de la póliza con el Instituto Nacional de Seguros (INS) por un monto anual superior a los ₡248 millones. La licitación la concretaría el Ministerio de Hacienda, liderado por Acosta.
La intención del plan de gobierno era ofrecer cobertura patrimonial a ministros y a presidentes ejecutivos al enfrentar procesos penales o demandas civiles fruto de decisiones tomadas durante el ejercicio del cargo.
El Ministerio de Hacienda y el INS anunciaron en octubre de 2024 que pausaban la contratación de la millonaria póliza a la espera de un dictamen de viabilidad legal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Dicho dictamen, emitido en febrero de 2025, detalló que debía ser la Contraloría General de la República (CGR) la que determinara la viabilidad legal del producto.
En octubre de 2024, el ente contralor señaló que no es el Estado quien debe pagar la millonaria póliza de responsabilidad civil para el presidente y el gabinete, en caso de condenas legales por sus decisiones o acciones en el ejercicio de sus cargos.
