Política contra discriminación se queda en buenas intenciones

Si bien el país ha dado pasos en favor de establecer mecanismos que permitan luchar contra la discriminación, las políticas públicas en esta dirección son más esfuerzos aislados que en el camino se quedan en buenas intenciones. Así lo señaló la Defensoría de los Habitantes en el marco del Día contra la Discriminación.

Esta consideración la hace también en medio de un llamado en razón a las instituciones públicas y a la población para eliminar las prácticas o manifestaciones discriminatorias que generan división social y propician la violación de derechos humanos.

Según se informó, los grupos más vulnerados se muestran en el sector indígena, migrante, afrodescendientes, mujeres, niños, personas con orientación sexual diversa, adultos mayores y quienes presentan alguna discapacidad.

"La Defensoría reconoce que el Estado costarricense ha emitido políticas públicas para atender las necesidades específicas de algunos sectores de la población. Sin embargo, estas iniciativas se convierten en esfuerzos aislados o se quedan en meras buenas intenciones, si no se acompañan de planes de acción integrales en los que se definan las actividades concretas y las instancias responsables de ejecutarlas", señaló la Defensoría.

En este sentido la entidad abogó por una readecuación de los procedimientos institucionales para que se ajusten a la realidad y necesidad que enfrentan los grupos de población discriminados para así cumplir con las obligaciones internacionales en derechos humanos.

Informes de la Defensoría sobre estas poblaciones vulnerables detallan falencias para los afrodescendientes en falta de reconocimiento de sus derechos ancestrales sobre las tierras en el Caribe Sur, el derecho de mantener sus manifestaciones culturales, falta de atención a enfermedades propias de la población afrodescendientes y de reconocimiento de procesos educativos propios.

En el caso de los migrantes pese a la política vigente desde el 2011, aún no se cuenta con un Plan de Acción que señale las acciones específicas, responsables de cada acción y plazos de ejecución. Además la Defensoría considera que la Ley de Migración que entró en vigencia en el 2010 debe ser revisada bajo un enfoque de derechos humanos transversal que se refleje en los requisitos y procedimientos.

Para la población indígena los problemas vienen desde los conflictos por tierra, la falta de infraestructura vial con puentes, caminos, servicios públicos esenciales. Poco acceso a la vivienda y necesidad de mejorar los servicios de salud.

En el caso de las mujeres existen condiciones de desigualdad en acceso al trabajo, al salario, oportunidades de vivienda y participación en la vida pública y política. Existe discriminación cuando son víctimas de violencia, hostigamiento sexual en el ámbito educativo, laboral y social.

Con las personas con discapacidad la Defensoría encontró que pese a la existencia de un política nacional, ésta no contiene ninguna disposición relativa a la lucha contra la pobreza y la protección social, persisten problemas de acceso al servicio de transporte público y discriminación del espacio público.

Mientras que con la comunidad de preferencias sexuales diversas, se mantiene la ausencia de una Ley que reconozca la unión entre personas del mismo sexo, otra que regule el tema de la identidad y expresión de género de la población transexual.

Finalmente en el caso de los adultos mayores, se hace necesario elaborar un plan de acción de política nacional de vejez y envejecimiento que permita hacer efectivos lineamientos, evaluar procedimientos de valoración y resolución para beneficios sociales así como evaluar tendencias demográficas para reducir desigualdades.