Policías irán a juicio por supuesta cooperación con banda que robaba a comercios
Otros 24 miembros del grupo también afrontarán debate oral y público
(CRHoy.com) Cinco oficiales de la Fuerza Pública afrontarán un juicio por su presunta cooperación con una banda que robó hasta ¢1.122 millones a comercios.
El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó la apertura del debate en contra de los oficiales, así como de otros 24 sospechosos, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante consulta de CRHoy.com.
También notificó a las partes sobre la declaratoria sin lugar de varias actividades procesales defectuosas -alegatos que cuestionan una posible violación de las garantías procesales- de las que no se precisaron cantidades ni cuál era su argumentación, e informó sobre la admisión de una querella -acusación privada- y de una acción civil resarcitoria -figura que permite hacer un reclamo económico-; sin que se precisara quiénes las presentaron.
Los uniformados incluyen a una agente de apellidos Delgado Vargas a la que la Fiscalía Adjunta de esa jurisdicción le atribuye supuestamente haber mantenido comunicación con los integrantes de la organización criminal y haber colaborado de forma activa en el acercamiento con otros agentes.
En la acusación leída en la audiencia preliminar, que se desarrolló entre el 29 de agosto y 1° de setiembre, a la primera se le achaca haber atraído a otros oficiales de apellidos Vindel Cantillo, Vega Espinoza, Rivas Esquivel y Beita Jiménez, tal y como lo dio a conocer este medio el 23 de setiembre.
A esos cuatro policías, en cambio, se les señala por -aparentemente- omitir sus labores con el objetivo de favorecer la operación del grupo. Al último se le apunta por presuntamente colaborar con la banda en golpes efectuados en el centro de San José, mediante el incumplimiento de funciones.
El grupo en cuestión era liderado por dos hombres de apellidos Mora Abarca y Cordero Hernández.
Bajo estos sujetos se encontraban otras 22 personas de apellidos Solís Morales, Saborío Marín, Obando Badilla, Pérez Leitón, Blanco Hernández, Lamugue Pérez, Pacheco Peralta, Ruiz Avendaño, Dinarte Valle, Díaz, Mora Elizondo, Porras Vargas, Gutiérrez Álvarez, Carrión Cordero, Almengor Cantillo, Marín Mora, Hernández Delgado, Elizondo Barrantes, Campos Solís, Espinoza Sandí, Torres Cano, Araya Rodríguez.
A ellos debía sumársele otro sujeto de apellidos Araya Quesada, sin embargo, este murió y, consecuentemente, el Ministerio Público solicitó un sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal (dado el fallecimiento). Este fue adoptado por el órgano jurisdiccional.
Atracos por doquier
En la información suministrada, la Fiscalía se limitó detallar que a los miembros de la banda se les acusa de supuestos robos y hurtos agravados, asociación ilícita, cohecho y uso de documento falso, vinculados con al menos 39 hechos ocurridos entre julio de 2018 y noviembre de 2020.
Los primeros dos ilícitos están contenidos en los artículos 209 y 213 del Código Penal, que establecen sanciones de entre 1 y 15 años de prisión.
Por su parte, la asociación ilícita está prevista en el numeral 281, que lo define como sociedad entre dos o más personas para la comisión de delitos. Esa misma norma prevé entre 1 y 6 años de cárcel por ese ilícito, aunque dispone hasta 10 años de cárcel si la asociación se relaciona con un acto de terrorismo o secuestro extorsivo.
Asimismo, la legislación en cuestión define en su ordinal 347 el cohecho como la recepción de dádivas o ventajas indebidas por parte de funcionarios públicos, para lo que dispone de un castigo de entre 1 y 5 años de prisión.
El uso de documento falso, en cambio, está señalado en el artículo 372 y se castiga con entre 1 y 6 años de cárcel.
De acuerdo con la investigación, los atracos ocurrieron en joyerías, farmacias, supermercados y tiendas, entre otros tipos de locales. El órgano acusador llegó a contabilizar 39 atracos, la mayoría de estos en la Gran Área Metropolitana (GAM), aunque también se registran otros eventos en Puntarenas y Atenas.
Los golpes atribuidos a la organización criminal se estimaron en ¢934 millones y $281.500 (unos ¢189 millones al tipo de cambio actual).
Entre el 29 de agosto y 1° de setiembre, el Ministerio Público dio a conocer su acusación en la audiencia preliminar correspondiente al expediente 18-019772-0042-PE. En esa vista, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José que ordenara el contradictorio en contra de los 29 sospechosos.
Durante la audiencia, 24 encartados vieron ampliadas por cuatro meses las medidas cautelares que pesan en su contra, como lo dio a conocer CRHoy.com el 6 de setiembre pasado. Las disposiciones se desglosan de la siguiente manera:
- 12 permanecerán en prisión preventiva.
- 10 descontarán arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
- 2 deberán firmar una vez al mes en una sede judicial y mantienen impedimento de salida del territorio nacional.
