Poder Judicial responde al Gobierno: PANI es el que debe velar por “toda la niñez”
El Poder Judicial salió al paso de las recientes declaraciones del Gobierno, realizadas durante la conferencia de prensa de ayer miércoles 25 de junio, en las que se acusó a los jueces penales juveniles de “buscar una salida fácil” al enviar a menores de edad a albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en lugar de mantenerlos en centros penales.
En un comunicado oficial, el Poder Judicial aclaró que no se “quita el tiro” ni evade sus responsabilidades en el manejo de casos de menores en conflicto con la ley. Por el contrario, afirmó que atiende con responsabilidad y respetando el marco legal y los derechos humanos a menores que enfrentan procesos penales.
“Los menores de edad en conflicto con la ley son, ante todo, niñas, niños y adolescentes con derechos que deben ser garantizados. Así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional. Entre esos derechos está el acceso a protección estatal y a condiciones básicas de vida. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como órgano constitucional, tiene el deber de velar por toda la niñez, incluida aquella que enfrenta procesos penales.
Muchos adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil lo hacen en condiciones de extrema vulnerabilidad: abandono, pobreza, violencia o falta de redes de apoyo. Esto implica que los jueces, además de atender lo legal, deben asegurarse de que estas personas menores de edad tengan acceso a vivienda, alimentación, salud y educación. Cuando no hay figuras parentales responsables, es el PANI quien debe asumir esa función, no como castigo, sino como protección”, indicaron en el Poder Judicial a través del comunicado de prensa.
De acuerdo con lo explicado por la institución, “no todos los delitos cometidos por adolescentes son graves ni todos los casos terminan en condena”. Aseguraron que algunos no requieren medidas cautelares ni centros de internamiento.
“Cuando una persona menor de edad no tiene dónde vivir o está en riesgo, los jueces deben activar el sistema de protección. En estos casos, enviarles a un albergue del PANI no es una forma de “quitárselos de encima”, sino una respuesta urgente para garantizar su seguridad e integridad.
Es un error suponer que se está usando al PANI como sustituto de un centro penal. Los jueces penales juveniles comprenden bien los límites de cada institución y solo recurren a estas medidas cuando la situación lo exige. La prioridad es siempre el interés superior de la persona menor de edad, y esto implica asegurar condiciones de vida dignas y evitar que el delito se convierta en su única vía”, agregaron en el Poder Judicial.
