Poder Judicial requiere ₡53 mil millones ante aumento de criminalidad y nuevas leyes

El Poder Judicial requiere alrededor de ₡53.604 millones de colones que todavía no han sido financiados, ante el incremento de la criminalidad, los delitos y denuncias procesadas, así como la implementación de nuevas leyes, según confirmó la Dirección de Planificación a crhoy.com.

Son alrededor de 1.588 investigadores, jueces, fiscales y funcionarios necesarios para la administración de justicia y que por años no se han otorgado los recursos, por lo que las peticiones se van acumulando.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la entidad con mayor carencia de funcionarios: requiere en total 963 plazas con un costo estimado de ₡31.581 millones para equiparar las cargas de trabajo en las sedes regionales, a partir de la escalada en la inseguridad y los asesinatos.

Los Juzgados y Tribunales Penales también requieren habilitar unas 239 vacantes ante el número de juicios y expedientes que se tramitan. Esto tendría un costo estimado de ₡8.563 millones.

Años atrás se creó la Jurisdicción Especializada para Pueblos Indígenas, una instancia judicial especial para atender temas legales de los pueblos autóctonos. Sin embargo, no se destinaron todos los recursos que se requerían, el cual ronda los ₡5.231 millones para unas 139 plazas.

Otro de los requerimientos sin fondos, pertenece al OIJ, que ha reportado la carencia de 87 custodios de personas detenidas para diferentes oficinas nivel nacional. La necesidad se estima en unos ₡2.113 millones de colones para la Sección de Cárceles.

La Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito del Ministerio Público, encargada de resguardar a mujeres, niños, extranjeras y cualquier tipo de víctima o testigos, también ha solicitado 52 plazas cuyo costo estimado se tasa en ₡1.796 millones.

Adicionalmente, se estima que los despachos del Poder Judicial deben ser reforzados con unas 55 plazas por ₡1.629 millones y en la Sala Constitucional, se requieren 7 puestos de trabajo de especialistas con un valor estimado de ₡413 millones.

El Ministerio Público también ha manifestado que le hacen falta 30 profesionales de fiscales auxiliares y técnicos judiciales, así como 4 reclasificaciones. Para ello, todavía no se han presupuestado más de ₡1.541 millones.

La instalación de Tribunales Peninsulares en Puerto Jiménez para el acceso a la justicia de ciudadanos en zonas cercanas tiene costo estimado de ₡734 millones para 16 plazas.

No alcanzan

Durante la exposición del presupuesto del Poder Judicial ante la Comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, el director del OIJ, Randall Zúñiga, reiteró la necesidad que tiene la policía judicial de más manos para dar abasto.

Se requieren 1.200 investigadores a nivel nacional, no vamos a pedir eso, evidentemente. Somos conscientes de la crisis fiscal que hay y tenemos que buscar un punto de equilibrio sin llenar toda la capacidad ideal, pero algo que sea óptimo. 

De tal forma, son 350 personas las que se requieren: para investigación al menos 120 y para soporte de la investigación, 230 personas. Esto significa ingenieros que nos permiten hacer peritajes, personal que se dedique a la parte técnica de huellas, archivo criminal, etcétera. 

Los compañeros de Cárceles que están bastante diezmados, Cárceles no ha aumentado desde hace años y nosotros cada vez empleamos más operativos donde detenemos 20 o 30 personas, esto requiere mucho personal. 

El fiscal general, Carlo Díaz, también recalcó la urgencia de más recursos.

Quiero solicitarles señores y señoras diputadas que por favor se considere de manera extraordinaria dotar más plazas al Ministerio Público, de acuerdo a un estudio tendríamos una deficiencia de al menos 250 plazas, entre profesionales y auxiliares. 

Obviamente sé que los recursos son escasos en el Estado, pero cualquier recurso que se dote va a ser usado con el máximo provecho. 

Para el año 2023, Poder Judicial tuvo más de 699 mil expedientes en trámite, además de un circulante de 525 mil en espera de cumplimiento. Además, se reportaron 235 mil expedientes inactivos y 527 casos terminados.

De los que siguen en trámite, un 61% tienen menos de 2 años de trámite. La mayoría de los que tienen duraciones mayores a este periodo, son cobros judiciales y civiles, en los cuales el impulso procesal lo llevan las partes interesadas y el volumen de expedientes supera la capacidad operativa de la institución.

El Poder Judicial señaló que en promedio se reciben 51 mil expedientes por mes y en los últimos 3 años incrementó un incremento del 3%. De diciembre de 2021 al mismo mes de 2023, hay una reducción absoluta de 97.092 expedientes en trámite.

 

Leyes sin fondos

Algunas reformas legales recientes aprobadas por la Asamblea Legislativa tienen gastos incluidos a los cuales nunca se les buscó el financiamiento, de acuerdo con la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

Por ejemplo, poner en práctica la Ley 9582 Justicia Restaurativa costaría ₡1.422 millones, la Ley 9458 de Bienestar de los Animales significa ₡591 millones y la ejecución de la Nueva Ley de Contratación Pública (9.983) ronda los ₡577 millones.

De acuerdo con el informe facilitado a crhoy.com, el Ministerio de Hacienda sí presupuestó unos ₡15 mil millones para la construcción del Complejo de Medicina Legal en Buenos Aires de Puntarenas, recursos para las reformas agraria y de familia, necesidades operativas en construcciones y tecnologías, así como unos ₡2.402 millones para reforzar las instalaciones del Poder Judicial.  

De estos recursos se destinarán ₡434 millones para Servicios Generales, ₡965 millones para la subpartida de Edificios, ₡663 millones para equipos de comunicación, ₡310 millones para maquinaria y equipo, así como ₡27 millones para mantenimiento y reparación.

Según la Dirección de Planificación, el ámbito jurisdiccional no alcanza el presupuesto mínimo que establece la Constitución Política, el cual debería ser un 6%. Detallaron que el ámbito jurisdiccional (2.3%) más la dirección y administración (1.2%) suman acaso el 3.5%.