Poder Judicial presenta un nuevo proyecto de ley: ¿De qué se trata?

(CRHoy.com).-El Poder Judicial presentó hace alrededor de 8 días ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca reforzar la ejecución de la pena; sin embargo, han surgido algunas dudas de cuáles puntos las autoridades judiciales quieren cambiar para mejorar la seguridad en el país.

Carlo Díaz, Fiscal General de la República, explicó cuáles cambios podrían traer el nuevo proyecto de ley en beneficio del país en el programa Frecuencia MP del Ministerio Público.

Antes de hablar sobre el proyecto de ley, Díaz explicó que la ejecución de pena es una fase.

"Existen varias fases. La ejecución de pena es una de ellas. La primera es la investigación que está a cargo del Ministerio Público (…) Pasamos a la siguiente fase, ahí le solicitamos al juez, en el caso de una acusación, que la valore para ver si la asciende a juicio. Después está la fase del juicio y luego, la impugnación, donde las diferentes partes pueden presentar recursos ante la resolución del Tribunal. Y finalmente, está la fase de ejecución de pena, que es cuando las personas han sido sentenciadas, se regula cómo y dónde deben cumplir la pena de prisión", dijo el Fiscal General de la República.

Sin embargo, se necesita regular aún más la ejecución de pena. 

"Tenemos una deuda histórica en la materia de ejecución de la pena", considera Díaz. "El artículo 51 del Código Penal (…) se indica que debe haber una ley que regule la materia penitenciara y desde esa época hasta la fecha, que ya prácticamente van a cumplir los 30 años, no ha habido una regulación".

¿De qué se trata el nuevo proyecto de ley?

Díaz indicó que es un proyecto de ley que va a mejorar la seguridad, pero no significa que acabará con la inseguridad del país.

"Cuando hablamos de ley de ejecución de la pena, estamos hablando simplemente de las personas sentenciadas", dijo el Fiscal General de la República.

Señaló que el proyecto de ley busca regular los principios de la ejecución de la pena, los derechos y deberes de la población privada de libertad, el sistema penitenciario, cuáles autoridades que pueden intervenir en el sistema, la modalidad de ejecución y más.

La modalidad de ejecución se refiere al lugar dónde debe cumplir la pena, por ejemplo, en la prisión o fuera de ella con monitoreo electrónico.

"Dentro de las modalidades están las prisiones institucionales, que son las cárceles que conocemos, las unidades de atención integral, el nivel de atención a la mujer (las cárceles de mujeres) y a las personas adultas mayores", indicó Díaz.

Durante la pena, los privados de libertad pueden obtener herramientas y se rehabilite con la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Para ello, en el proyecto de ley se busca regular cuáles son las valoraciones profesionales y dónde van a estar las personas sentenciadas.

"También se regula cuándo se les va a dar los cambios de modalidad", dijo el Fiscal General de la República.

"Si una persona estaba en la cárcel y lo pasan a nivel en el que pueden salir de la cárcel, en algunos de los casos, nosotros no tenemos control y eso lo criticamos. Se hace un trabajo muy largo, el proceso y la investigación y lo condenan y cuando nos damos cuenta, la persona está en libertad sin que el sistema judicial lo supiera ", añadió.

Díaz señaló que se busca que la persona privada de libertad cumpla 1/3 de la pena, para que sea valorada por parte de las autoridades penitenciarias y puedan determinar si la persona presenta los vicios que la llevaron a la cárcel o que ha mostrado cambios positivos.

El Fiscal General de la República indicó que el beneficio de la reintegración a la sociedad se les da a privados de libertad que cumplan penas menores a 7 años y también se limita a ciertos delitos.

Por ejemplo, los delitos que no tendrán este beneficio son los que están relacionados a drogas, homicidios, relaciones sexuales contra menores, es decir, delitos más graves.

La administración penitenciaria dirá quién es apto para obtener dicho beneficio y tendrá que justificar y fundamentar las razones. El Ministerio Público analizará su caso y tomará la decisión final de dejar a dicha persona en libertad.

"Si determinamos que la persona no tiene los requisitos o que tiene otras causas pendientes, nos vamos a oponer", finalizó Díaz.

También se le dará la oportunidad a personas que cumplan penas de cárcel de 8 u 9 años y que ha mostrado cambios en su comportamiento, es decir, que ha estudiado y rehabilitado.

Por otra parte, Díaz señaló que el proyecto de ley también busca regular las faltas y las sanciones disciplinarias que se aplicarán a las personas privadas, así como las medidas correctivas.

 

 

Asimismo, indicó que es importante que exista un control jurisdiccional de la pena.