Pluses salariales en Japdeva devoran más del 52% de gastos en un mes

(CRHoy.com). El pago de pluses salariales devoró más del 52% de los gastos que tuvo la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) durante el primer mes del año.

En enero la entidad caribeña registró egresos por más de ₡1.487 millones, mientras el pago de incentivos superó los ₡779 millones.

Así lo expone la ejecución presupuestaria del mes de enero de 2021 entregada por la institución a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República (CGR) el pasado 12 de febrero.

El documento señala que la entidad en ese mes tuvo ingresos por más de ₡1.446 millones, los cuales se dividen en 2 caminos: más de ₡597 millones en ingresos corrientes y más de ₡848 millones por concepto del canon de operación que paga la empresa APM Terminals, concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Así las cosas, al comparar ingresos con egresos, se obtiene un déficit mensual superior a los ₡40 millones.

Eso sí, hay que destacar que el rubro de incentivos salariales se infló durante enero debido a que se incluyó el pago del salario escolar por más de ₡560 millones. Ese beneficio está contemplado en el Artículo 56 de la Convención Colectiva 2016-2019 (la que está vigente) suscrita entre la junta y el sindicato Sintrajap.

"Japdeva mantendrá lo correspondiente al pago del salario escolar anualmente, dicho pago se cancelará a más tardar la segunda semana del mes de enero de cada año", apunta el acuerdo laboral, sobre ese extremo.

Pese a que existen discrepancias legales sobre si el salario escolar es verdaderamente un plus o un rebajo mensual al salario del trabajador que luego se paga en cada enero, para efectos contables Japdeva lo incorpora en el detalle de "Incentivos Salariales", donde también figura el pago de la anualidad.

Entre los pluses más jugosos pagados en enero destaca el "costo de vida" (más de ₡27 millones), el cual está autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP). Este incentivo se fundamenta en el Artículo 55 de la convención colectiva que señala que "los aumentos de salario serán negociados cada año, en el periodo comprendido entre el uno de agosto y el treinta y uno de octubre, ambas inclusive, en montos acordes al incremento en el Costo de Vida en la Canasta Básica de la Región Atlántica. El monto regirá a partir del uno de enero del año siguiente (…)".

También, figuran la carrera portuaria (más de ₡15 millones), la dedicación exclusiva (más de ₡13 millones) y el arraigo cultural (más de ₡11 millones). Este último se cancela para que los profesionales "no se queden en su sitio de estudio (fuera de Limón), sino que regresen a esa provincia a trabajar para la institución".

"En cumplimiento al artículo 62 de la Convención Colectiva (artículo 57 convención anterior) y el artículo 167 del Código de Trabajo, para la atracción de profesionales calificados y con el objetivo de arraigar a los que actualmente laboran, Japdeva incorporará este incentivo salarial de un 30% sobre el salario base", justifica la organización.

Para tener una idea del peso que tienen los pluses en la estructura de la entidad basta con tomar como referencia los gastos por concepto de sueldos fijos: más de ₡315 millones en enero.

Cola de problemas

Si en octubre de 2019 la Asamblea Legislativa aprobó una ley con la fe puesta en "salvar" el futuro de Japdeva, casi 16 meses después el objetivo está inconcluso y el panorama es incierto.

La cúpula de la institución achaca esas tinieblas al embargo de cuentas bancarias por ₡5.300 millones originado tras una medida cautelar dictada por el Juzgado de Trabajo de Limón en mayo de 2020 a solicitud del sindicato Sintrajap.

Las pugnas legales entre la junta y la organización gremial están activas. Los recursos siguen congelados y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia será la que emita el punto final a la disputa.

El origen es una denuncia planteada en 2013 por la organización sindical ante el Juzgado de Trabajo de Limón. En esa oportunidad se señaló a la institución por no aportar una serie de recursos al fondo de ahorro de los trabajadores.

Según Japdeva, desde 2002 se negoció a través de la convención colectiva un aumento del aporte patronal al fondo. Ese incremento estaba sujeto al cargo a las tarifas que cobraba la entidad. Pero, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no aprobó la gestión y la administración no alcanzó a cubrir el aumento (al no aprobarse el presupuesto para ese fin).

El faltante de recursos obligó a Japdeva a quemar cartuchos. Como lo faculta la ley de reestructuración, gestionaron el traslado del tope de los ₡10 mil millones de superávits de otras instituciones para atender la reforma interna: recibieron ₡3.500 millones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y ₡6.500 millones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, insistió en enero pasado en que si los dineros que están bajo embargo no se liberan en los próximos meses no podrán continuar con el plan de reforma institucional y la junta quedaría en un limbo. Hasta la fecha la disputa sigue y los recursos no se han liberado.

A hoy la institución sobrevive con los recursos del traslado recibido del Cosevi y los disminuidos dineros que ingresan por las operaciones portuarias. Parte del segundo superávit recibido se consumió en extremos laborales que pendientes durante gran parte del año pasado (₡1.500 millones) y la salida de 50 funcionarios a finales de diciembre (₡800 millones).

El eje central de la reforma institucional era reducir la cifra de empleados de 1.192 (que había en 2019) a 300. Una disminución de casi el 70%, pero a la fecha Japdeva aún cuenta con 550 funcionarios y urge una reducción de hasta 250 plazas para alcanzar la cifra deseada.

No son los únicos dineros gestionados. En octubre de 2019 los legisladores aprobaron destinar ₡17 mil millones para la reestructuración (antes de eso avalaron ₡5.700 millones para salarios y obligaciones mientras se discutía el proyecto).

"Japdeva entra en crisis en los próximos meses si ese dinero no se libera. No hay forma de que se reencamine a la estabilidad si no recuperamos los fondos que nos permitan pagar planilla. Hay que liberar esa cuenta (embargada)", acotó Centeno, el mes pasado.

Durante el año pasado la junta arrastraóun déficit mensual de ₡700 millones (antes era de ₡2.650 millones). Esos datos se lograron tras la reducción en 66% de la planilla y la baja en costos totales por un 40%.

Según Centeno, uno de los principales inconvenientes asociados al embargo es que la mayoría de recursos recibidos van dirigidos a pagar extremos laborales.

La CGR improbó el presupuesto planteado para 2021 por más de 21 mil millones y la junta deberá operar con el monto aprobado para 2020 (₡14.7 mil millones).