PLP califica como “improvisadas” las acciones del Gobierno en seguridad
(CRHoy.com).-Diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) calificaron como "improvisadas" las acciones del Gobierno en materia de seguridad pública.
Las afirmaciones las hicieron a raíz de las manifestaciones hechas por miembros de distintos cuerpos policiales del país en los últimos días y la ola de criminalidad que sufre Costa Rica.
Según los legisladores liberales, las acciones del Gobierno son el resultado de "una desafortunada improvisación en materia de seguridad pública, en medio de una crisis de homicidios, enfrentamientos entre pandillas, asaltos y violaciones que vive la sociedad costarricenses en los últimos meses."
Sostuvieron que los planteamientos hechos "con bombos y platillos" son acciones específicas cortoplacistas y no obedecen a una estrategia concreta y de articulación que permita atacar el núcleo de la violencia callejera y el crimen organizado.
"No hay una verdadera estrategia sobre la que se haya trazado una ruta de acción articulada que le permita al país combatir el crimen organizado desde su raíz y, más aún, prevenir el nacimiento de nuevos grupos criminales. Se está improvisando sobre la marcha en un momento en el que los índices de homicidios, enfrentamientos entre pandillas y
vulnerabilidad en las calles están en su punto más alto. El Gobierno ha tenido 11 meses para preparar esta estrategia, pero prefirió salir con lo más básico", declaró el congresista Gilberto Campos.
Los congresistas del PLP expresaron su apoyo a las demandas que han hecho los cuerpos policiales relacionadas con mejores condiciones laborales, incremento de salarios, óptima infraestructura en las delegaciones, actualización de insumos de uso personal, como botas, chalecos y uniformes, creación de programas nutricionales y de preparación física, así como el otorgamiento de correctos tiempos de descanso. Sin embargo, también manifestaron su preocupación por la sublevación de estos defensores del orden público en las calles.
"Los policías, que son funcionarios públicos de primera línea de defensa, merecen trabajar en mejores condiciones. Estoy de acuerdo con sus planteamientos, ya que los dos gobiernos del PAC los trataron como si fueran funcionarios de segunda categoría y las políticas penitenciaras en aquel momento fueron casi inexistentes. Sin embargo, la improvisación de este gobierno, en lugar de guiar a los cuerpos policiales con estrategia, los están encaminando hacia una lucha con una ola gigantesca de crimen sin las condiciones y herramientas óptimas", afirmó el legislador Eliécer Feinzaig, jefe de la fracción parlamentaria.
Campos también lamentó que el Poder Ejecutivo siga dándole largas a un decreto para declarar como emergencia nacional el tema de la criminalidad, solicitud que hizo desde el 2 de marzo anterior.
Propuestas

Eliécer Feinzaig, diputado del PLP. (Archivo/CRH).
La bancada del PLP anunció que en los próximos días presentará a la corriente legislativa tres proyectos de ley que el Gobierno podrá aprovechar para generar una estrategia en materia de seguridad pública.
El primero de ellos tiene como objetivo la unificación de todos los cuerpos policiales bajo una misma rectoría para crear una estrategia única de lucha contra el crimen organizado y violencia, así como destinar y optimizar los recursos para ofrecer mejores condiciones, preparación y educación a las fuerzas policiales.
El segundo plantea la creación de un régimen procesal especial para juzgar delitos de narcotráfico y conexos, que eliminaría beneficios carcelarios para quienes cometan este tipo de delitos y evitaría la reincidencia de estos criminales en actividades relacionadas con el narco.
La tercera propuesta busca una protección especial a las fuerzas policiales en casos en los que se vean forzados a activar sus armas de fuego en defensa propia o legítima defensa de terceros contra atacantes, en medio de una persecución o riña, para que, de morir el sospechoso criminal, no signifique para el policía un calvario en los tribunales y quede absuelto de culpa por motivo del legítimo cumplimento de sus deberes de protección a la sociedad civil y resguardo del orden.