Plazas que gobierno negó a OIJ debilitan lucha contra corrupción y narcotráfico
Negativa del Ejecutivo a girar fondos impide al OIJ y al Ministerio Público contratar más de 300 plazas clave para enfrentar corrupción, homicidios y crimen organizado
La ausencia de las plazas que el Gobierno de Rodrigo Chaves negó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para contratar nuevos agentes afecta principalmente las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó en entrevista con CR Hoy que las 255 plazas acordadas con la Asamblea Legislativa desde el año pasado para reforzar la policía judicial estaban destinadas a oficinas encargadas de atender este tipo de delitos que flagelan al país.
"Ya la Asamblea Legislativa nos había otorgado una cantidad importante de plazas con contenido presupuestario, con fuente de financiamiento, y a pesar de esto el gobierno simplemente dijo que no, que no iba a querer darle más recursos al OIJ.
Esos recursos eran para crimen organizado a nivel nacional y corrupción", señaló el jefe policial.
El Poder Ejecutivo se negó a financiar nuevos puestos de trabajo para el OIJ y el Ministerio Público, pese a que los fondos ya estaban incorporados en el presupuesto del 2025. Aunque los diputados ya los habían aprobado, el Ministerio de Hacienda notificó recientemente al Poder Judicial que no transferiría el dinero.
La intención de la policía judicial era aumentar personal debido al alto volumen de casos, el incremento de homicidios, la proliferación de bandas y el auge de actos de corrupción en la gestión pública, así como de intentos del crimen organizado por penetrar el Estado.
Días atrás, el fiscal general de la República confirmó a CR Hoy que, ante la negativa de la administración Chaves Robles, solicitarán a la Asamblea Legislativa reincorporar los ₡6.000 millones necesarios para fortalecer la lucha contra la ola de criminalidad.
El director del OIJ respaldó la misma posición por la relevancia de esos recursos.
"Esa es la línea que hay que seguir, pero ya es Ley de la República. Ya está en este Presupuesto y debería estar en el siguiente presupuesto y en todos los siguientes.
Ya hay fuente de financiamiento. Esas plazas se iban a utilizar contra el narcotráfico y corrupción", reafirmó Zúñiga.
El jefe policial advirtió que incluso cualquier plan para ampliar operaciones o crear nuevas sedes del OIJ está detenido, dadas las constantes trabas del Gobierno para fortalecer el trabajo de la institución.
El pasado lunes, el Poder Ejecutivo presentó el Presupuesto Nacional del 2026. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso recriminó al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, por no girar todos los ₡12.113 millones destinados a combatir la delincuencia organizada.
Lücke argumentó que el Gobierno ha priorizado el pago de intereses de la deuda pública. No obstante, la diputada le refutó que, con la aprobación de créditos de apoyo presupuestario y de eurobonos, Hacienda ha tenido margen para generar ahorros e invertir en seguridad.
"Siguen insistiendo en que no los hay y año a año quedan sin ejecutar más de ₡300.000 millones. Lamentablemente, creo que no hay voluntad. No existe voluntad por parte del Ministerio de Hacienda de fortalecer la seguridad nacional.
Yo lamento mucho, porque es más riesgoso tener a la seguridad sin recursos", expresó.
Las autoridades judiciales insistirán ante los diputados en la necesidad de reintegrar los fondos que permitan fortalecer la persecución de delitos frente a las reiteradas obstrucciones del Ejecutivo.
"Sí, esta es una discusión que es importante llevar a la Asamblea Legislativa y hacerles ver con mayor detalle cuál es la problemática.
Son los tres años más violentos en la historia de Costa Rica, lo vemos con la cantidad de homicidios, la cantidad de femicidios y la cantidad de casos de violencia contra las mujeres.
Desde ese punto de vista, los diputados son bastante conscientes, ojalá que esa consciencia los lleve nuevamente a otorgarnos recursos y ojalá que esta vez las autoridades del Ejecutivo no obstaculicen esa entrega de los recursos", puntualizó el fiscal general.
El fiscal advirtió que la no transferencia de los recursos afectará directamente despachos con alta carga de trabajo, como los de crimen organizado, pero también aquellos que atienden delitos sexuales, violencia intrafamiliar, agresiones contra mujeres y otras causas vinculadas con violencia de género.
Desde abril, las autoridades judiciales habían advertido que el monto requerido para cubrir las necesidades de personal no se había girado, pese a que Hacienda había programado la transferencia.
Apenas unas pocas plazas fueron financiadas con parte de los recursos que sí desembolsó el Ejecutivo. En julio, la Corte Suprema de Justicia fue informada por el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Dirección de Presupuesto Nacional, de que no transferirían el resto.
En octubre de 2024, el Congreso había redirigido más de ₡14.400 millones para reforzar instituciones clave en la lucha contra el crimen organizado, la violencia y los homicidios. De ese monto, ₡9.346 millones fueron asignados al Poder Judicial, específicamente para contratar 255 agentes del OIJ y unos 75 puestos en la Fiscalía.
Los únicos ₡3.000 millones girados en marzo respondieron a la presión pública y política que enfrentaba el Gobierno tras el homicidio del subjefe del OIJ en Guápiles, Geiner Zamora, asesinado por el crimen organizado. El resto nunca se transfirió.
