Plantean aplazar entrada en vigencia de Código Procesal de Familia
Paulina Ramírez, diputada del PLN. (Cortesía/Asamblea Legislativa).
(CRHoy.com) -La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley para que el Código Procesal de Familia, aprobado el 12 de febrero de 2020, entre a regir a partir de octubre de 2024.
La legisladora explicó que es necesario analizar los requerimientos para la operativización de la nueva normativa y para implementar los cambios en la estructura organizativa necesarios en los despachos de familia, pensiones alimentarias y violencia doméstica a partir de la entrada en vigencia del Código.
Ramírez presentó la iniciativa de ley a raíz de un informe conocido por el Consejo Superior del Poder Judicial, el pasado 29 de abril, relacionado con el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial por la promulgación del Código Procesal de Familia.
Debido a ese informe, el Consejo Superior no solo aprobó las observaciones, sino que también hizo una instancia a la Corte Plena para que analice la imposibilidad de implementar las reformas en las condiciones actuales, por las limitaciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda.
Además, solicitó valorar la ampliación de la fecha de vigencia para la implementación de la nueva normativa, así como el análisis de las propuestas legales que correspondan, en el marco del aumento de asuntos por conocer en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y su impacto en los tiempos de respuesta.
"Queremos responder a estas inquietudes del Poder Judicial con el fin de que un instrumento tan importante, como el Código Procesal de Familia, cuando entre en operación plena, existan las condiciones propicias para su implementación", dijo la liberacionista.
Según la propuesta, se mantiene lo que rige del Código Procesal Civil para la tramitación exclusiva de los procesos en materia de familia hasta la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia.
El Código Procesal de Familia incluye un conjunto de reformas para la tramitación de procesos relacionados con familia, pensiones alimentarias y violencia doméstica.
