Plan Jaguar del Gobierno es “perjudicial para fiscalización”, afirma contralora Marta Acosta
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, dejó claro los cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de ley jaguar, con el cual el Poder Ejecutivo pretende restarle potestades de fiscalización al ente contralor.
Este miércoles Acosta Zúñiga compareció en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en donde se discute esta propuesta.
Acosta zanjó que el contenido de la iniciativa de ley "es perjudicial para el modelo de fiscalización contemplado en la Constitución Política" y al frente de la normativa internacional que aboga por la independencia. Además, aseguró que es contraria al modelo de contratación público.
En su audiencia la contralora además dijo que el plan pretende debilitar el modelo de control.
"La aprobación de este proyecto provocaría retrocesos relevantes en el proceso de fiscalización de la Contraloría y en el de contratación pública", dijo Acosta.
Añadió que la propuesta de ley es innecesaria y carente de interés.
"Las reformas al marco jurídico que afectan la independencia garantizada en la Constitución Política y disminuyen seriamente las competencias de una entidad de fiscalización superior como la Contraloría, incluidas en este proyecto y sus diversas versiones representan severos riesgos para el control del uso de los recursos públicos, entre ellos menor independencia y objetividad , limitaciones en el control del gasto público, incremento de la corrupción, deterioro de la transparencia y centralización del poder público", añadió.
En su resolución del 1 de octubre los magistrados de la Sala Constitucional volvieron a encontrar vicios de inconstitucionalidad a la segunda versión del proyecto de ley Jaguar.
El fallo determina que el proyecto del presidente Rodrigo Chaves tiene un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 4, que plantea la reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Según la consulta, la reforma propuesta permite la contratación de diseño y construcción de obra pública sin los controles de fiscalización propios de la contratación pública, como dispone el artículo 182 de la Constitución Política.
Además, la Sala IV encontró otro vicio en el artículo 5 de la iniciativa, que pretendía modificar el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva.
La reforma planteada por el Gobierno pretendía que se permitiera la realización de alianzas estratégicas aun tratándose de infraestructura, lo cual resulta contrario al artículo 182 de la Constitución Política.
Entre tanto, los magistrados declararon que no hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 2 del proyecto, que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Dicho artículo hace referencia a las competencias de control y fiscalización de la Contraloría.
Para avanzar con el planteamiento de la ministra, los diputados deberían de presentar un texto sustitutivo a la propuesta original del Gobierno.
