Plan del Gobierno para que el MEIC “supervise” a entidades financieras suma críticas

Un proyecto de ley impulsado por el Gobierno para que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) "supervise" a las entidades financieras del país suma cuestionamientos.

Al menos seis organizaciones privadas expresaron su oposición a la iniciativa, que se tramita bajo el expediente 24.616 en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

La Bolsa Nacional de Valores (BNV), la Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines (Cambolsa), la Cámara de Fondos de Inversión (CAFI), la Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores (CCETV), la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) plantearon cuestionamientos a la propuesta y pidieron a los diputados, en distintas notas enviadas en julio pasado, establecer una mesa técnica para analizar el texto sustitutivo del Gobierno.

El Poder Ejecutivo pretende otorgar al MEIC una serie de amplias competencias en materia de protección al consumidor financiero, la mayoría de las cuales ya ejercen las superintendencias, que forman parte de un modelo de supervisión financiera que garantiza independencia y especialización técnica.

Además, la iniciativa establecería el pago de una nueva tarifa por regulación y supervisión de hasta un 1 % del patrimonio de las entidades, adicional a la que ya pagan a las superintendencias; impondría multas consideradas desproporcionadas y facultaría al Gobierno para cerrar bancos.

Según la BNV, el texto sustitutivo no cuenta con los elementos necesarios para delimitar las competencias entre el MEIC y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y presenta traslapes con la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que contiene su propia normativa de conducta.

Esto, advirtió, generaría inseguridad jurídica al producirse una duplicidad de regulación frente a conductas que podrían ser sancionadas tanto por la Sugeval, mediante la Ley Reguladora del Mercado de Valores, como por la Comisión Nacional del Consumidor, a través de la Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros que plantea el Gobierno.

"El texto del proyecto de ley, en su versión actual, no recoge ni considera adecuadamente la diversidad de productos existentes en el mercado de capitales, y particularmente en el mercado de valores. Se parte de supuestos generales que no aplican a toda la gama de instrumentos financieros disponibles, desconociendo que en este mercado coexisten productos con distintos niveles de riesgo, estructuras y condiciones, diseñados para atender a diferentes tipos de inversionistas", señaló la BNV.

Además, cuestionó que el proyecto pretenda imponer un canon regulatorio a los emisores de valores, independientemente de su naturaleza jurídica o sector de origen.

"Al actuar en su carácter de emisores, estas entidades no mantienen una relación directa con los inversionistas, ya que la colocación y adquisición de los valores se realiza a través de intermediarios financieros autorizados, como los puestos de bolsa y los fondos de inversión. Por tanto, no se justifica trasladarles un costo regulatorio bajo el supuesto de que brindan un servicio o producto financiero al consumidor final, pues su rol se limita a captar recursos mediante mecanismos de mercado", agregó.

Por su parte, Cambolsa aseguró que el texto sustitutivo no incorpora las observaciones que hizo a la primera versión del proyecto en noviembre de 2024.

"Por esta razón solicitamos que se nos tome en consideración con el objetivo de formular y plantear un proyecto de ley que reúna los elementos necesarios para alcanzar una verdadera protección a los consumidores financieros, objetivo que compartimos plenamente, pero que a la vez considere las diferencias que existen entre los diferentes actores del mercado financiero y sus respectivas regulaciones", subrayó.

Preocupación

CAFI puntualizó que la iniciativa tendría consecuencias negativas, tales como:

• Pérdida de especialización y carácter técnico de la supervisión por parte de las superintendencias financieras sobre productos de este sector.
• Duplicación de funciones, o eventuales asimetrías o confrontaciones entre la labor de las superintendencias y las potestades que se pretende otorgar al MEIC, en materia tan compleja y cambiante como son los productos bursátiles y financieros en general.
• Aumento de los costos de regulación al crear nuevos cánones adicionales a los altos cargos que ya hoy pagan todos los actores del sistema financiero regulado para el financiamiento de los reguladores.
• Duplicidad reglamentaria, ya que los productos y participantes deben atender una densa estructura de leyes, reglamentos, circulares y procedimientos en materia de protección del inversionista.

"Este proyecto, basado en el texto sustitutivo presentado por el MEIC y que se encuentra en discusión, mantiene todos los defectos señalados. Lo ideal sería desecharlo y trabajar a partir del texto original, que había sido revisado por las superintendencias financieras", concluyó.

Rechazo

La CCETV también rechazó la propuesta y afirmó que no es cierto que el MEIC le haya consultado su criterio sobre el texto.

"Debemos aclarar que, habiendo analizado la propuesta de texto sustitutivo, esta, además de no incorporar las observaciones vertidas por esta cámara y otros participantes del sector bursátil, en ningún momento nos fue consultada por el ministerio. Asimismo, su contenido y enfoque ignoraron las observaciones remitidas, de manera tal que nos genera gran preocupación el impacto negativo que tanto esta propuesta de texto sustitutivo como el texto base provocan en el mercado, sus participantes y los inversionistas", advirtió.

La AAP enfatizó que el ordenamiento jurídico del mercado asegurador costarricense es uno de los más recientes y especializados dentro del sistema financiero y ha sido diseñado bajo un enfoque moderno y progresivo, alineado con estándares internacionales.

"Consideramos necesario señalar que el mercado asegurador costarricense ya cuenta con un marco legal y regulatorio robusto, específico y plenamente vigente en materia de conducta de mercado y protección al consumidor, el cual ha sido desarrollado conforme a los estándares internacionales de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y de la OCDE/G20", mencionó.

Finalmente, la OCF manifestó que no comparte el enfoque del proyecto, dado que este pretende que tanto el sector regulado y supervisado como el no regulado estén bajo la sombrilla del MEIC, en materia de supervisión de conducta y de protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores financieros.

Indicó que los órganos técnicos en esta materia son las superintendencias y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

"Estas autoridades ya cuentan con competencias legales para llevar a cabo la supervisión de conducta de mercado y la protección del consumidor financiero, lo cual, con una reforma como esta, generaría traslapes e incluso duplicidad de funciones, que en nada contribuyen a la protección del consumidor financiero", argumentó.

También sostuvo que la experiencia del MEIC y la Comisión Nacional del Consumidor (CNC) se ha centrado en el consumidor mercantil. Agregó que, en los últimos años, se ha dado una proliferación inédita de "asesores financieros o de inversión" en redes sociales, sin regulación ni supervisión de ninguna autoridad, que instan a las personas a invertir en instrumentos poco conocidos y riesgosos.

"En esa conversación, el Ministerio de Economía ha estado ausente y mucho menos ha promovido la efectiva protección y supervisión que ahora dice dominar", aseguró.

Estas organizaciones se suman a las voces de las superintendencias y de diputados que han rechazado el proyecto de ley.