Plan de Gobierno para eliminar monedas y billetes excluiría poblaciones rurales, dice Defensoría

La Defensoría de los Habitantes ve riesgos en materia de derechos humanos y en la implementación de política pública en un proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para eliminar el uso de monedas y billetes en el sector público.

Se trata del expediente 23.747 que tiene como objetivo que en un máximo de cinco años el dinero físico quedé eliminado para el pago de servicios públicos.

Este martes, en la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute el plan, los diputados recibieron en audiencia a la Defensora Adjunta, Tatiana Mora, quien explicó los riesgos que ellos vislumbran en la iniciativa.

Desde el punto de vista de la entidad, el proyecto aplicaría una exclusión y expulsión de poblaciones principalmente rurales, donde por ejemplo no hay bancarización.

Los funcionarios de la Defensoría recordaron que, según datos de la OCDE, la bancarización en el país alcanza a un 68%.

"La administración activa no puede dejar a nadie atrás y ciertas poblaciones sí quedarían atrás con este proyecto, en especial en la zona rural, ya que implicaría discriminación para poder acogerse a estos cambios", indicó Mora.

El director de Planificación Institucional de la Defensoría, Geovanny Barboza, explicó que el proyecto no tiene un análisis del costo beneficio y lo único que se dice es que el costo de emisión de monedas es alto.

"No existe un análisis desagregado de la economía, por sectores, por poblaciones y por regiones", mencionó.

Tampoco considera las atribuciones que tiene el Banco Central en la emisión de dinero ni toma en ninguna política monetaria.

Puso como ejemplo que los Estados Unidos tiene un 95% de bancarización y no está pensando en eliminar los billetes y monedas.

Mora agregó que la redacción del proyecto puede representar limitaciones a derechos fundamentales de las poblaciones que no están bancarizadas.