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Plan de “créditos de salvamento” solo tiene tres artículos

Se trata de una pequeña reforma a la Ley del Sistema Bancario Nacional

Por Alexánder Ramírez | 18 de Oct. 2019 | 12:00 am

El presidente de la República, Carlos Alvarado, ha defendido su iniciativa que ha sido ampliamente cuestionada. (CRH).

(CRHoy.com) -El proyecto de ley de "créditos de salvamento", anunciado por el Gobierno, con bombos y platillos esta semana, solo consta de tres artículos.

El Poder Ejecutivo envió ese y otra iniciativa este miércoles al Congreso para que inicien su trámite legislativo.

La primera propuesta –Ley de medidas para aliviar la situación financiera de los hogares– consiste en una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

El Gobierno quiere que se modifique el artículo 4 de esa normativa para que se lea de la siguiente manera: "Los bancos comerciales del Estado contarán con la garantía y la más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones. La garantía estatal establecida en este artículo no será aplicable a los instrumentos financieros subordinados o préstamos subordinados que emitan o contraten los bancos comerciales del Estado, tampoco a las obligaciones o los derechos que de ellos emanen. Ningún tenedor de deuda subordinada emitida o contratada por los bancos comerciales del Estado podrá poseer, individualmente, un monto que supere el 25% del capital primario de cada banco emisor".

Esa reforma permitiría la creación del programa de crédito para eliminar el sobreendeudamiento de las personas.

El Ejecutivo pretende que los bancos estatales otorguen préstamos a personas altamente endeudadas, pero el beneficio solo aplicaría a asalariados, quienes no podrían ser sujetos de otro crédito de consumo, si no han amortizado al menos el 50% del saldo principal o haya transcurrido un 50% del plazo del crédito de salvamento.

El otro artículo de la iniciativa se refiere a la tasa de usura y establece que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) será el encargado de fijar la tasa máxima que regule el mercado financiero y el de compras a crédito. Las tasas que se encuentren por encima de ese tope serán consideradas de usura.

El último artículo es solo para indicar que la ley regirá a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

El resto dela propuesta es un conjunto de datos con gráficos sobre el nivel de endeudamiento de los costarricenses.

Este proyecto está firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Planificación Nacional, Pilar Garrido.

Módulo de consulta

La otra propuesta consiste en crear un módulo de consulta de información crediticia. (CRH).

La otra propuesta del Gobierno -Ley de fortalecimiento del Centro de Información Crediticia- consiste en adicionar un artículo 133 bis y un transitorio a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Con el nuevo artículo, el Gobierno propone crear un módulo de consulta, adicional al Centro de Información Crediticia, que ya opera en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

El módulo estará constituido por una base de datos de información relativa al comportamiento crediticio de los deudores en aquellas operaciones de crédito existentes con personas físicas o jurídicas, o con entidades comerciales que operen en el país, pero fuera del ámbito de regulación de la Sugef.

"La información incluida en esa base de datos será utilizada según su finalidad y bajo estrictas medidas de confidencialidad, de manera que sirva su propósito legal sin perjuicio de la intimidad y privacidad de los deudores y su derecho de autodeterminación informativa", se indica en el texto.

El transitorio establece que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) deberá emitir la reglamentación necesaria para hacer operativa la plataforma dentro del plazo de un año posterior a la entrada en vigencia de la ley.

Este proyecto está firmado por Alvarado y el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.

Ambas iniciativas de ley han sido ampliamente criticadas por la oposición por considerar que son insuficientes, no resuelven problemas estructurales a mediano y largo plazo, y no constituyen medidas serias para reactivar la economía del país.

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