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Piden destitución de Viceministra del MEP señalada de aparente fraude

Por Carlos Mora | 18 de Sep. 2024 | 8:57 am

Sofía Ramírez, Viceministra Administrativa del MEP

Diputados de las fracciones legislativas de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) exigieron explicaciones y cuentas a la viceministra administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), Sofía Ramírez González, por la denuncia presentada en su contra por los aparentes delitos de estafa y administración fraudulenta, y por  los que el Instituto Nacional de Aprendizaje  (INA) se habría visto perjudicado por poco más de $1,2 millones.

La denuncia en contra de Ramírez y de otras 9 personas fue revelada este martes por crhoy.

Para los legisladores del PLN, PUSC y el PLP la viceministra Ramírez debería de dar cuentas y el Consejo de Gobierno pronunciarse sobre los hechos que le fueron advertidos desde mayo anterior con relación a este caso.

Incluso, desde las filas del PLN, exigen que Ramírez sea separada de su cargo, mientras tanto se desarrollan las investigaciones. 

"La Casa Presidencial debe acelerar la investigación y separar a la funcionaria del cargo por un tema de transparencia. Esta denuncia de la Auditoria del INA no es poca cosa y tiene un impacto significativo en las arcas públicas y en los planes de formación profesional en nuestro país", dijo la liberacionista Rosaura Méndez Gamboa.

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La también liberacionista, Kattia Rivera Soto, se sumó a la exigencia de que el tema sea aclarado por el Poder Ejecutivo y resaltó el trabajo y la labor de la Auditoría del INA para revelar este caso.
"El daño institucional que se está ocasionando es alarmante. Esperamos que funcionarios con acusaciones tan serias no sean premiados de manera tan descarada", dijo Rivera Soto en relación a las versiones de que la viceministra sería nombrada como presidenta ejecutiva del INA a pesar de los señalamientos.
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Kattia Cambronero Aguiluz, legisladora de PLP censuró el silencio desde la Casa Presidencial y exigió su pronunciamiento alrededor del caso.
"Todas las personas tiene el derecho a la presunción de inocencia, pero tampoco se puede permitir este silencio. Hay que prestar atención y exigir cuentas, porque no es poco dinero, son muchos millones de colones y se tienen que dar explicaciones", dijo Cambronero.
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El socialcristiano, Alejandro Pacheco Castro, dijo que es urgente la explicación por parte del Poder Ejecutivo.
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Desde este lunes crhoy intentó constatar la versión de la viceministra Ramírez; sin embargo, la jerarca mandó a decir por medio de la Oficina de Prensa del MEP que no se iba a referir.  Alegó que el caso está judicializado y que, supuestamente, la Procuraduría de la Ética habría llegado a la conclusión de que no había irregularidad alguna en su actuación.

La denuncia en contra de Ramírez

Sofía Ramírez González, actual viceministra administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) fue denunciada penalmente por los supuestos delitos de estafa y administración fraudulenta en perjuicio del INA.

Los presuntos delitos que se le atribuyen a la viceministra y a otras 9 personas entre funcionarios y representes del sector privado le habrían significado al INA perjuicios económicos por $1.223.650,88, es decir, poco más de ¢630 millones al tipo de cambio actual.

Ramírez, exgerente del INA y hoy viceministra del MEP, fue denunciada por la Auditoría de INA el pasado 5 de junio ante la Fiscalía Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, esto tras revelarse una serie de presuntas irregularidades en una contratación a la empresa Datasoft Netsolutions S.A. para servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información.

Ramírez González se desempeñó como gerente del INA antes de ser nombrada viceministra del MEP en agosto de 2022. Extraoficialmente, se menciona que el Poder Ejecutivo estaría barajando su nombre como nueva presidenta de esta institución de formación profesional.

Documentación a la que tuvo acceso crhoy señala que el contrato entre el INA y la empresa Datasoft Netsolutions S.A se firmó el 27 de agosto del 2018 por el entonces presidente ejecutivo de la entidad, Andrés Valenciano Yamuni.

A lo largo del desarrollo de la contratación, la Auditoria del INA señaló presuntas fallas de control interno y de supervisión en el contrato que favorecieron pagos de más a la empresa. Esos pagos, según la Auditoría alcanzaron los $1.223.650,88.

En la denuncia a la que tuvo acceso este medio se acusa a otros 7 funcionarios de apellidos Cheves Zamora, Rojas Castro, Salinas Díaz, Hernández Inces, Hernández Sandoval, Córdoba Camacho, Castillo Sánchez. También, figura una mujer de apellidos Vargas Muñoz.

La Auditoría del INA también acusó a un hombre de apellidos Abarca Hernández, en calidad de apoderado de la empresa Datasoft Netsolutions S.A

Aparentemente, al menos uno de estos pagos habrían sido autorizado por la viceministra Ramírez cuando se desempeñaba como gerente del INA. Ese pago, según la denuncia, Ramírez González lo habría aprobado el 15 de abril del 2020 y habría sido por $79.434,97, es decir, poco más de ¢40,9 millones al tipo de cambio actual.

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