Piden cerrar nuevos módulos para reclusas peligrosas en cárcel de Desamparados

(CRHoy.com) Los nuevos módulos destinados a la contención de privadas de libertad de alta peligrosidad en el Centro de Atención Integral (CAI) Vilma Curling Rivera, en Desamparados, son criticados por sus condiciones en una denuncia interpuesta contra la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR).

Incluso, en la queja planteada por la activista de derechos de los privados de libertad y asistente jurídica, Mauren Karina Chaves Vásquez, se solicita que se coordine con el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José para que se inspeccionen y cierren los ámbitos B5 y B6 de la cárcel.

"Lo anterior para proteger los derechos humanos, y la protección a la vida y la salud de estas personas, como al brindarles una mejora institucional dentro de los parámetros de humanización, académicos, recreación y adaptación con sus iguales", se extrae del documento en poder de CRHoy.com.

Esta denuncia fue presentada el 7 de junio de 2023 vía correo electrónico y se mantiene en valoración de admisibilidad por parte del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, confirmó su oficina de prensa ante consulta de este medio.

Dentro de las condiciones que se señalan en el documento destacan la clausura de puertas y ventanas, como parte de la habilitación de las estructuras como módulos de convivencia, así como de alta y media contención, por acuerdo del 2 de mayo de 2023. Anteriormente, estas eran utilizadas para indiciadas que descontaba prisión preventiva y como lugar de aislamiento durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19.

A los 18 días, en sesión 03-2023 del Consejo de Análisis del Curling Rivera, se estipuló que el ámbito B5 se ubicarán a las mujeres que agoten ubicaciones en el centro por conflictos relacionados con violencia de pareja, expulsiones, liderazgos negativos, venta de drogas o desajuste psicológico. En el caso del B6, se tiene que serán trasladadas aquellas femeninas que presenten incidentes de violencia, venta de droga o disputas con personas del otro módulo.

Se detallan además como cambios estructurales la "apertura de pasillos, bloqueo de ventanas y puertas de acceso al patio". También la adaptación de un comedor para las reclusas del lado A e indica que se tomará el criterio policial para definir los criterios de ubicación en cada nivel.

De igual manera, se anuncia la creación de un protocolo de manejo por parte de la Policía Penitenciaria para el ámbito B5.

"Vista la trascripción sobre los acuerdos tomados por el Consejo de Análisis del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, se observan muchas inconsistencias que analizadas podrían determinar que la habilitación de estos módulos no estuvo sujeta a criterios más profesionales para que se evaluara, no solo el perfil criminológico, sino además los perfiles médicos, para la protección de la salud de las personas privadas de libertad y las cuales se ubicaron en estos módulos.

"Otra observación de importancia es que en esa sesión y sus acuerdos no se especifica si va a existir análisis profundo sobre las infraestructuras de los módulos para verificar si cumplen con los aspectos de humanización para la permanencia definitiva y la convivencia de las mujeres ubicadas en estos ámbitos", señala la queja.

Respecto al resguardo de la vida y la salud de las privadas, se establece en el documento que dentro de la población situada en ambos módulos están privadas con enfermedades crónicas, tales como presión alta, depresión, entre otras; males que podrían progresar en su entorno de vivencia.

"Indicamos esto porque como nos lo hace ver la trascripción de la sesión del Consejo de Análisis para la habilitación de estos módulos, indica que dentro de los cambios realizados se bloquearon ventanas y puertas, se cerró el acceso al patio, interpretando un cierre de aire para la ventilación de estos seres humanos recluidos en estos ámbitos", subraya la denuncia.

También se puntualiza que los perfiles criminológicos usados para la ubicación de las reas causó un riesgo para la integridad de estas, en el tanto que algunas de estas figuran como liderazgos en diferentes ámbitos del penal, no catalogados como de contención (B2, B3 y B4). Esta situación -establece el documento- provocó un "aumento significativo" en las agresiones entre reclusas, producto de la convivencia de estas con otras de ámbitos diferentes. Se abona una "negligencia" de los oficiales en cuanto a la apertura del portón.

En esa línea, se mencionan tres resoluciones de la Sala Constitucional, en las que se condenó al Ministerio de Justicia y Paz (MJP), por situaciones acontecidas en el centro penitenciario, todas dadas a conocer por CRHoy.com.

Se menciona, por ejemplo, una brutal agresión con armas punzocortantes a una reclusa (2023001726); una paliza que dieron uniformados a una privada que fue escuchada por la hermana de la víctima, mediante un teléfono (2023007021); y una golpiza en la que una femenina sufrió la inmovilización de un dedo (2023011381).

"Con lo anterior se logra demostrar que la habilitación de esos ámbitos y mantener a estos perfiles confinados en ámbitos de alta contención -como así lo describen las autoridades penitenciarias- ha causado que estos escenarios sean repetitivos y el margen de violencia aumente" menciona la queja.

Si bien se reconoce que los consejos interdisciplinarios tienen la potestad reglamentaria para movilizar la población, se puntualiza que "no es aceptable" la habilitación de los ámbitos en cuestión como módulos de contención, cuando no cuentan las condiciones para tal fin.

Como complemento a los problemas que aporta la denuncia, están los relacionados con tuberías de aguas negras y con el sistema eléctrico; así como la reducción del tiempo de visita general.

Al respecto se mantiene en trámite una solicitud de descargo ante la cartera.