La defensa legal de dos funcionarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), de apellidos Méndez Contreras y Arrieta Reyes, sospechosos de participar en una red criminal dedicada al robo de combustible liderada presuntamente por el empresario caribeño Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, lograron quedar en libertad.

Para conseguirlo, ofrecieron una millonaria fianza —como se le conoce popularmente a las cauciones reales—.

Además, alegaron algunos supuestos cambios en las circunstancias, y uno de los argumentos fue que, al día de hoy, los imputados aparentemente siguen percibiendo salarios de la institución.

Asimismo, los abogados de los sospechosos señalaron que estos empleados públicos no se encuentran suspendidos de sus cargos a nivel administrativo debido a su relación con la causa judicial. Así lo confirmó el fiscal adjunto Mauricio Boraschi.

"Uno de los argumentos que utilizó la defensa para este cambio de medida, fue precisamente que los imputados aún a esta fecha, después de 4 meses, siguen percibiendo salarios y beneficios, de parte de Recope y es decir, que los mismos no se encuentran suspendidos por este caso", señaló el fiscal.

Consultada por CR Hoy mediante su equipo de prensa, Recope negó que Méndez y Arrieta sigan activos, y afirmó que ambos están suspendidos de sus cargos, sin goce de salario, amparados en el artículo 78 del Código de Trabajo, que faculta al patrono a suspender el contrato laboral si se ha dictado prisión preventiva.

El Juzgado Penal de Limón permitió la liberación de estos dos imputados en el caso Petro Coke. Un juez ordenó un cambio en las medidas cautelares, en lugar de la prisión preventiva.

En su lugar, se impusieron otras restricciones. A pesar de que el Ministerio Público se opuso a dicho cambio, el Juzgado le dio la razón a los dos imputados.

Por esta razón, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) apeló de inmediato la decisión, con el fin de tratar de mantener en prisión a los dos empleados de la Refinadora. Están a la espera de una nueva audiencia ante el Tribunal Penal de Limón.

Fianza y empleo

CR Hoy tuvo acceso al fallo que ordenó la liberación de estos dos sujetos, en la cual consta que Méndez Contreras ofreció una propiedad valorada en ₡96,2 millones, hipotecada a nombre del Poder Judicial, como garantía en caso de que se sustraiga del proceso penal.

Además, este funcionario de la Refinadora propuso como medida para garantizar que no se fugará, un ofrecimiento de trabajo en la empresa Reparaciones Internacionales S. A., mientras que Arrieta Reyes indicó que asumiría un puesto en la compañía Friotec Limón.

El juez que tramitó la petición aprobó estas ofertas laborales y ordenó a los sospechosos presentar el registro de inclusión en planilla de dichas empresas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en un plazo de quince días.

Esto deberá ser analizado por Recope, dado que, si presentan constancias de trabajar en otras empresas, podrían entrar en juego otros aspectos legales que eventualmente abrirían la puerta al despido definitivo, si así lo determinan los procesos administrativos.

Además de todo esto, se les ordenó firmar una vez por semana en la Fiscalía de Limón, no salir del país, no relacionarse con los demás imputados del proceso y mantener domicilio fijo. Estas restricciones rigen por un plazo de seis meses y vencen el 25 de octubre.

Otros imputados que continúan en prisión preventiva, de apellidos Trigueros Vega y Alanis Dávila —también empleado de la Refinadora—, no obtuvieron el cambio de medida, dado que existen mayores pruebas en su contra.

En Recope se tramita una solicitud de este medio para certificar si se dejó de pagar el salario a los empleados liberados.

Caso PetroCoca

El 10 de diciembre del 2024, la FAEDO dirigió 38 allanamientos y logró la detención de 12 imputados implicados con el robo de combustible en oleoductos ubicados en Limón.

De ellos, a seis les impusieron prisión preventiva, entre ellos Macho Coca con 8 meses, y el resto se ha mantenido cumpliendo otro tipo de medidas cautelares.

Previamente en octubre, también se realizaron varios operativos y se consiguió la captura del cabecilla Bell Fernández, un presunto criminal de alto perfil que en esta ocasión es investigado por figurar líder de una organización dedicada al robo de combustible en el Caribe.

Según el informe preliminar, a los sospechosos se le relacionan con la aparente sustracción de combustible desde el poliducto propiedad de Recope, utilizando una línea marina hasta diferentes predios ubicados en el sector de Moín. 

En ese lugar se cree que llenaban recipientes como pichingas, estañones o incluso tanquetas, para finalmente trasladarlo a otras zonas por medio de autobuses, vagonetas, vehículos livianos y camiones, entre otros.

Solo en setiembre el presunto robo significó un perjuicio económico para Recope que asciende a los ₡80 millones de colones. Las tomas ilegales se encuentran al margen derecho del río Bartolo, donde aparentemente se sumergían las mangueras que daban hasta el poliducto, lo que constituye un riesgo muy elevado de contaminación.

Meses previos, el personal de Recope detectó patrones irregulares en propiedades cercanas a la terminal de Moín.

Además de la casa de Macho Coca, se allanó un hotel, 4 predios y varias casas de habitación, donde se ubicó maquinaria sofisticada para cometer posibles actividades delictivas.

También se inspeccionaron autobuses, vagonetas, vehículos de carga, tanques de almacenamiento, camiones cisterna, mangueras de alta presión y hasta dispensadores de combustible (como los que se encuentran en estaciones de servicio), entre otros implementos en esas propiedades.

La orden de allanamiento señala que la estructura criminal habría sustraído 279 mil litros de gasolina y diésel solo durante setiembre.