Pese a ola de homicidios, Ministro de Justicia cuestiona estudio sobre inseguridad

(CRHoy.com).- Gerald Campos, ministro de Justicia, cuestionó un estudio realizado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la inseguridad que afecta al país y aunque dijo que respeta las observaciones del informe, hizo señalamientos en cuanto al tiempo en el que se realizó.

CRHoy.com dio a conocer a inicios de este mes la "Auditoría operativa sobre la eficacia del funcionamiento de seguridad ciudadana para la gobernanza del sector", la cual evaluó lo efectuado durante el periodo entre el 8 de mayo del 2014 y el 30 de setiembre del 2022.

Dentro de los principales señalamientos hechos por la CGR, se determinó que las acciones de rectoría no han sido eficaces en la articulación de los actores para el funcionamiento del sistema, ¿Por qué? Porque las instituciones "desconocen cuál es su rol y su responsabilidad dentro del Sistema de Seguridad Ciudadana, más allá de las competencias y potestades individuales definidas por mandato legal que les da origen y establece sus funciones".

Todo esto sucede en momentos donde los homicidios continúan al alza en este inicio de año y el 2022 será recordado como el periodo donde se cometieron la mayor cantidad de asesinatos con un total de 648, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En una respuesta enviada a CRHoy.com, Campos dijo que del estudio de la Contraloría le sorprendían dos cosas. La primera es que el periodo de evaluación, se diera entre los años 2014 y 2022 y que durante más de 8 años no se hubiese realizado una auditoría operativa por parte de la CGR, que según Campos detectara los señalamientos ya indicados, que apelara y ejerciera presión a los jerarcas, que en ese momento estaban como rectores.

"Asimismo, me parece sorprendente que dicha auditoría se hiciera entre octubre a diciembre del 2022, en un plazo tan corto, menos de tres meses, para un estudio que data desde mayo del 2014 a setiembre del 2022", indicó Campos.

La Contraloría explicó en la motivación del estudio es que  la inseguridad ciudadana representa uno de los cuatro problemas más relevantes para la población en los últimos siete años, además que el 65.5% de las personas encuestadas consideran que el país es nada o poco seguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana en Costa Rica (ENSCR) PNUD-UCR 2022 y Encuestas Nacionales de Percepción de los Servicios Públicos de la CGR 2015 y 2018.

El Ministro de Justicia indicó a CRHoy.com que se le hizo saber a la Contraloría que el gobierno dispuso, en un primer momento, que la rectoría la asumiera el Ministerio de Justicia y Paz, "donde se propuso un mayor número de actores que participen activamente en esta problemática nacional. Por lo anterior se realizan reuniones periódicas y de seguimiento con resultados concretos donde se conocen a profundidad sus competencias, marco de acción, planes anuales previamente establecidos y las posibilidades económicas reales".

La Contraloría estableció que el 100% de las instituciones que han conformado el sector desde el 2014 a la fecha desconoce cuál es su rol y sus responsabilidades para asumir como parte del sector, más allá de sus competencias y mandato legal; en la práctica, la participación de los actores se limita al aporte de intervenciones estratégicas para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP).

Sin embargo, según Campos, se trabaja con un "objetivo claro y concreto que va de la mano del plan nacional de desarrollo e inversión pública presentado el 6 de diciembre pasado y que en materia de seguridad establece las siguientes metas":

• Disminuir las tazas de delitos a nivel nacional.
• Desarticulación de bandas vinculadas al narcotráfico nacional e internacional.
• Mejoramiento de la infraestructura e inversión pública para renovar y construir instalaciones penitenciarias y delegaciones policiales.
• Una propuesta de mejora en la inserción de la población privada de libertad.
•  Implementación de un modelo de gestión policial para la Fuerza Pública.
• Disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes.
• Ampliar el programa de centros cívicos por la paz, para impactar a las personas menores y jóvenes que estén en comunidades de riesgo.
• Atención a las víctimas de violencia de género, programa que se lanzó el pasado 27 de octubre del 2022 y que involucra de manera coordinada la interacción de las instituciones públicas y privadas.

"Con ello, esta rectoría, pretende abarcar e impactar a toda la población con acciones de prevención y disminución de la violencia para mejorar la inserción social de la población privada de libertad, la protección de la población migrante, el desarrollo de programas educativos y recreativos para la población joven que esté en riesgo social", señaló el Ministro de Justicia, quien además es uno de los aspirantes a Director del Organismo de Investigación Judicial.

El reto es enorme, si se toma en cuenta que los niveles de asesinatos en el 2022 llegaron a una cifra récord, uno de estos, fue el asesinato de Keylor Eli Gamboa Muñoz, de 19 años, en diciembre pasado, y cuyo principal sospechoso es un hombre de apellido Zepeda Rubí, de 34 años, gozaba del beneficio semi-institucional y cumplía una condena por el delito de robo agravado.

Precisamente, CRHoy.com reveló que un total de 77 personas fueron asesinadas por privados de libertad que lograron obtener el beneficio carcelario del régimen semi-institucional por parte el Instituto Nacional de Criminología, ente adscrito al Ministerio de Justicia, según un estudio realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con datos del 2010 al 2019.

 

El Ministro de Justicia, quien ocupó la Subdirección del OIJ desde el 2013, la cual dejó para ser ministro, explicó que tiene claro, que se deben establecer para este 2023 coordinaciones con los sectores: Bienestar Trabajo e Inclusión Social; con el sector Educación, con el Sector Cultura, con el Sector Hacienda Pública, con el Sector Vivienda, Hábitat y Territorio, "ya que las alianzas estratégicas van a ser fundamentales en materia de prevención".

"Se logró en los primeros meses de gestión un importante avance, que cuenta con un mecanismo para el desarrollo de las sesiones del Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia, donde se discuten los roles, prioridades, objetivos y resultados. Ante la ausencia de una ruta clara de las administraciones anteriores, se está elaborando un plan de política pública de seguridad nacional, que integre una planificación estratégica a mediano y largo plazo. El primer borrador estará listo en el primer trimestre del 2023 y de aprobarse por la presidencia de la República, se aplicará este mismo año y no en el 2024, como lo recomienda la Contraloría General de la República. Dicha política será a nivel nacional, proponiendo integrar a todos los poderes de la República con una proyección mayor a los cuatro años para que pueda ser, no solo ejecutable, sino evaluable", comentó.

Mientras esto sucede, el dolor de decenas de familias como la de Keylor Eli Gamboa Muñoz se hace cada vez más grande y salen a las calles a pedir justicia.

El Ministro de Justicia expresó que es lamentable la situación actual del país y dijo que también es claro que se trata de un abandono que ha sufrido Costa Rica en los últimos años en materia de seguridad. "Lo anterior por no contar con una política pública de seguridad nacional, escaso recurso humano, mala planificación en la proyección de infraestructura para los cuerpos policiales, que se ha visto como un gasto y no como una inversión", manifestó.