Pese a condena, gobierno mantendrá a gerente del IMAS en su cargo
Ministra admite que tema ni siquiera lo ha discutido con el mandatario
La ministra de Bienestar e Inversión Social y presidenta ejecutiva del IMAS, María Fullmen Salazar
El gobierno mantendrá en su cargo al gerente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Gerardo Alvarado, a pesar de haber sido condenado el pasado viernes por el delito de falso testimonio, en una declaración presentada ante la Sala Constitucional.
Esta mañana, la ministra de Bienestar e Inversión Social y presidenta ejecutiva del IMAS, María Fullmen Salazar, dijo que Alvarado continuará en su cargo a pesar de esta sentencia.
La jerarca dijo que mantendrá a Alvarado en su puesto indicando quiere mantener a Alvarado aludiendo que hasta este viernes la sentencia quedará en firme y que, entre tanto el funcionario tiene posibilidades de apelar la decisión de los Tribunales.
A pesar de que el mandatario Alvarado ha dicho que no permitirá que en este tipo de cargos hayan funcionarios con condenas o sospechas a sus espaldas, la jerarca admitió que el tema de la condena ni siquiera la ha conversado con el presidente, quien en un inicio figuraba en esta querella (ver nota abajo).
El caso se remonta al despido ilegal de una funcionaria de apellido Arguedas. Los jerarcas de la entidad despidieron a la funcionaria aunque se les había advertido que el procedimiento era ilegal e injustificado.
Ella interpuso un recurso ante la Sala IV y luego los demandó por un supuesto falso testimonio ante los argumentos aportados en respuesta al recurso.
Además del gerente del IMAS se condenó a un año de prisión al asesor jurídico de la entidad Berny Vargas y quien era la Directora Ejecutiva de la Red de Cuido en el 2015, Angelita Flores.
El año de prisión se sustituye por 50 horas de trabajo comunal y al pago de 2 millones de colones a la afectada.
Por el despido ilegal e injustificado, el IMAS –con el dinero de los costarricenses- tuvo que pagar más de 14 millones de colones correspondientes a la indeminización de Arguedas.
A ella se le reconoció el pago de salarios caídos, vacaciones y aguinaldo que no percibió entre el 27 de febrero y el 24 de setiembre del 2015.
En el proceso se indicó que el encargado de desarrollo humano de la entidad, José Masís le advirtió por medio de un correo electrónico a los altos jerarcas del Imas que el cese de la funcionaria Enar Arguedas era injustificado.
La advertencia iba dirigida hacia los 3 imputados en el proceso. No obstante, el criterio de Masís fue omitido y se ejecutó el despido.
En noviembre del 2016, el Ministerio Público solicitó que se diera un sobreseimiento definitivo a la causa contra los 3 imputados que laboraban para el IMAS, pero el Juzgado Penal decidió abrir el juicio.
"Esta autoridad considera que contrario a la postura de la defensa y el Ministerio Público, la querella pública deber ser admitida en su totalidad, por resultar procedente y reunir los requisitos de interposición exigidos en el numeral 303 del Código de Rito", cita la resolución de la apertura de juicio.
El juzgado señaló que lo que "interesa entonces es si los encartados bajo juramento, declararon circunstancias distintas a la verdad y si ello se efectuó mediando dolo por parte de los mismos".
Presidente aparecía en la causa
En esta misma causa figuraba como imputado el Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, sin embargo, la exfiscal suspendida por el tema del cementazo Berenice Smith, solicitó la desestimación en su contra.
En ese entonces Carlos Alvarado era el presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social y la Sala Tercera firmó la resolución el 2 de diciembre del 2016.
Los magistrados que acogieron la solicitud fueron Celso Gamboa (que fue despedido de su cargo), Carlos Chinchilla, Jesús Alberto Ramírez, José Manuel Arroyo (actual garante de la ética del gobierno) y Doris Arias.
