Perú se queda sin fiscal tras suspensión de titular
(AFP) Un órgano judicial suspendió por seis meses a la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, por desacatar una orden para dejar el cargo, según una resolución difundida este sábado.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano que se ocupa de nombrar y sancionar magistrados, dictaminó como "medida cautelar" la suspensión de la fiscal Delia Espinoza por un "plazo de seis meses", de acuerdo con el documento difundido por la prensa.
La JNJ sancionó a la funcionaria debido a que incumplió un mandato del mismo órgano para la restitución de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público.
La ahora suspendida fiscal asumió en reemplazo de Benavides en octubre de 2024, tras ser destituida por la JNJ por un presunto caso de corrupción.
Sin embargo, la justicia revocó esa decisión y dispuso que Benavides retomara sus funciones, lo que no fue acatado por su sucesora.
Con la salida temporal de Espinoza, la fiscalía peruana quedó sin titular. Aún se desconoce cuál será el procedimiento para elegir a un jefe interino del Ministerio Público, mientras se resuelve el conflicto entre las dos fiscales.
Bajo la gestión de Espinoza, la fiscalía abrió varias investigaciones contra la impopular presidenta Dina Boluarte, entre ellas por el ‘rolexgate", a raíz de unos relojes de lujo que no declaró entre sus bienes.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó en agosto restablecer la inmunidad presidencial durante el ejercicio del mandato.
De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán "suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial", es decir, después del 28 de julio de 2026.
La presidenta también era investigada por la muerte de 50 personas durante la represión de las protestas cuando asumió el poder en diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su intento fallido de disolver el Congreso.
Además, tenía un expediente abierto por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley.