Perú anuncia “interés legítimo” en recuperar $6,6 millones confiscados por Costa Rica
Procuradora inicia gestiones internas de seguimiento al dinero procedente de sobornos de expresidente
(CRHoy.com) Perú anunció su "interés legítimo" en recuperar los $6,6 millones que Costa Rica confiscó al expresidente Alejandro Toledo.
La procuradora ad hoc del caso de megacorrupción Lava Jato, Silvana Carrión, reveló que inició gestiones a nivel interno para que Perú se quede con una parte del dinero recuperado por los supuestos sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht al exmandatario. Esto luego de que en Costa Rica trascendiera -el 26 de junio de 2023- que el Juzgado Contencioso Administrativa condenó a una empresa ligada al exgobernante a la pérdida de ese monto.
En intervenciones ante medios de comunicación, la abogada hizo ver que Costa Rica alcanzó a inmovilizar y perseguir esos fondos a partir de solicitudes e informaciones suministradas por Perú. No obstante, el departamento de comunicaciones del Ministerio Público señaló a CRHoy.com que la pesquisa en el país surgió antes de que estallara el escándalo que salpicó a varias naciones de América Latina.
"Luego del pedido de congelamiento, viene esta orden de incautación de las autoridades costarricenses. Entonces aquí lo que va a operar es que, como ya también hay una autoridad está investigando estos hechos por dinero que ha transitado en el sistema financiero, lo que tiene que suceder ahora y, de hecho, Perú lo que ha venido solicitando es que a través de un tratado o en las coordinaciones de gobierno a gobierno, ya no en el marco de los procesos penales, se logre que el dinero decomisado sea repartido o dividido para ambos países, en una proporción equitativa, puesto que ambos países se han visto afectados. Aquí con corrupción y lavado vinculado a ese dinero, y en Costa Rica probablemente por lavado de activos por el uso de su sistema financiero", indicó Carrión al programa La Voz del 21, un día después de que trascendiera la confiscación.
Eso sí, la procuradora reconoció la legitimidad de Costa Rica como víctima y expuso que de ahí surge la necesidad de que ambas naciones lleguen a un acuerdo. Mencionó que incluso existen convenios en materia de corrupción, que refieren la compartición en partes iguales de los bienes recuperados por naciones afectadas por ese problema. Resaltó, sin embargo, que la competencia en ese ámbito recae sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE).
"Hemos impulsado algunos pedidos a través de Cancillería, para que Cancillería comunique a la autoridad costarricense en qué estado está el proceso acá, que sepan que seguimos manteniendo la expectativa y el interés de poder recuperar ese dinero, para que Costa Rica sepa que Perú no ha perdido ese interés, que se mantiene vigente, más allá de que ellos también hayan iniciado una investigación por estos hechos", subrayó la jurista.
El 1.° de julio de 2023, en una respuesta dada al espacio televisivo Punto Final, insistió en que había acudido a la vía diplomática para hacerle ver a Costa Rica que se mantiene interesada en la suma decomisada.
"Nosotros hemos hecho las comunicaciones a través de la Cancillería para que se haga el seguimiento y las coordinaciones de este dinero que estaba identificado y Perú había solicitado a fin de que el Estado de Costa Rica informe y reciba la expresión de Perú, de que tiene interés legítimo en recuperar ese dinero", enfatizó.
En el mismo reportaje, el defensor de Toledo, Roberto Su, recordó que el empresario Yosef Maiman -amigo del expresidente, señalado como receptor de las coimas- se había comprometido a hacer devolver esos dineros a Perú.
"Maiman se acoge a colaboración eficaz en febrero de 2017. Un juez lo homologa en diciembre de 2019 y Maiman dice que esos $6,6 millones los voy a entregar, voy a autorizar para que se hagan las transferencias al Perú. Es parte de su compromiso", indicó el abogado.
Pero el empresario falleció el 9 de octubre de 2021, antes de concretar el retorno del dinero.
En virtud de su fallecimiento, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó un sobreseimiento en su favor dentro de la causa en la que se le investigó por presunta legitimación de capitales. Aquella gestión fue acogida y se encuentra en firme.
Tiempo después, una vez que se dio por concluido el expediente 13-000051-0618-PE, el Ministerio Público interpuso una acción por capitales emergentes y consiguió el 28 de abril de 2023 que el dinero pasara a las arcas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Fue en ese marco que Costa Rica, por primera vez en casi una década, rechazó dar asistencia internacional a Perú. Tal situación se desprende del oficio en el que la fiscala Laura Monge declinó -el 2 de febrero de 2023- una prórroga de incautación planteada por la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de Perú, dada a conocer por Punto Final.
El jefe de ese despacho, Alfredo Rebaza, subrayó que la asistencia entre naciones se rige por las leyes y voluntades del país al que se le hace el requerimiento. Eso sí, el vocero no desaprovechó para hacer eco de la posición de Carrión.
"La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Mérida) prevé esta situación e insta a los estados que, cuando se den este tipo de cosas, establezcan mecanismos de compartición de estos dineros para que ambos países se vean satisfechos en sus pretensiones", destacó Rebaza.
Cuestionada por este medio sobre quién tomó la determinación de gestionar la confiscación de los recursos, la oficina de prensa de la Fiscalía explicó que la misma es de carácter general para las investigaciones que se tramitan, a partir de la efectiva implementación de las políticas de persecución patrimonial de dineros o bienes de interés económico sin causa lícita aparente, contempladas en circulares y memorandos institucionales.
En ese sentido, el Ministerio Público recalcó que la decisión de solicitar la aplicación de capitales emergentes se adoptó luego de que en la investigación se determinara que la compañía Ecostate Consulting Group S.A. no podría justificar la procedencia legal de los $6,6 millones ingresados al Sistema Financiero Nacional.