PEN: Gobierno de Rodrigo Chaves debilitó histórico liderazgo ambiental de Costa Rica

El Informe Estado de la Nación 2024 advierte un debilitamiento de la "histórica apuesta ambiental de Costa Rica" durante la Administración Chaves Robles (2022-2026) y subraya un riesgo para el liderazgo ambiental en esta temática.

El documento, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN) y revelado este 14 de noviembre, detalla que existen evidencias de un giro en la narrativa ambiental histórica, lo cual se expresa en consecuencias concretas sobre la base material del desarrollo humano del país: la naturaleza.

A pesar de los logros formales de Costa Rica en materia ambiental, el análisis sugiere que aún persisten y aumentan las amenazas a la conservación de la biodiversidad.

"Desde 1990 casi 10 administraciones de gobierno de distintos partidos políticos mantuvieron un enfoque y un discurso en favor de la conservación, lo cual generó importantes beneficios ambientales, económicos y políticos. Sin embargo, actualmente el país enfrenta una ruptura en la narrativa sobre el ambiente como motor del desarrollo humano.

"Aunque el discurso ‘antiambiental' ha estado presente en los sectores políticos, institucionales, gremiales y sociales desde hace varios años, con el cambio de autoridades en el 2022 se ha favorecido la adopción de posturas oficiales contrarias a la sostenibilidad ambiental", explicó Karen Chacón Araya, investigadora del PEN.

¿Cómo llegaron a esa conclusión? El informe desarrolla un ejercicio de sistematización que identificó 12 ejemplos de cambio de narrativas que "favorecen las apuestas regresivas en el uso de los recursos naturales. Entre estos, destacan la reforma institucional al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el incremento en la capacidad del aforo del Parque Nacional Manuel Antonio.

"En el primer caso, la administración Chaves Robles presentó el proyecto "Ley Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía" (expediente 23213), que, entre otros puntos, excluiría la obligación constitucional de justificar técnicamente las decisiones jerárquicas y disminuiría el grado de desconcentración de entes como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

"En el segundo, el Sinac-Minae autorizó la entrada diaria de 3.000 personas al Parque Nacional Manuel Antonio en el 2023, aunque, según criterios técnicos, la capacidad instalada solamente permitía recibir a 1.120 visitantes", explica el documento.

Además, en mayo de 2023, un fallo constitucional condenó al Estado por permitir que las visitas diarias al parque superaran un 267,9% la capacidad de aforo, y ordenó reducirlo a 1.800, según lo establecido en el cálculo técnico del 2022.

"Este caso evidencia lo que parece ser una tendencia a imponer el criterio político al técnico, pues no se presentaron justificaciones técnicas que sustenten esta decisión", expuso Chacón.

Pese al cambio en la narrativa ambiental desde el Poder Ejecutivo, el informe documenta una serie de avances en conservación ambiental (principalmente en protección formal de territorios y ecosistemas):

• En el 2023, el área bajo el programa de pago por servicios ambientales fue de 65.382 hectáreas, un 26,8% más que en el 2022. Además, el Fondo de Biodiversidad Sostenible distribuyó 386 millones de colones entre 139 beneficiarios por conservar la biodiversidad en terrenos privados.
• Otro avance destacado es que, en 2024 el Congreso aprobó la creación del Fondo de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros, el cual incluye labores de conservación marino-costera y la asistencia socioeconómica para las personas pescadoras.

La investigadora Chacón señaló que cada vez hay más amenazas a la conservación de la biodiversidad, debido al deterioro de los ecosistemas, la invasión de áreas protegidas, la presión sobre el uso de los recursos naturales, entre otros.

Botanic Gardens Conservation International contabilizó 2.549 especies arbóreas nativas, 402 especies arbóreas amenazadas globalmente y 326 endémicas en riesgo en el país. Además, en el último año el país perdió 9.003 hectáreas de cobertura arbórea, lo cual equivale a un 5,5% más que lo registrado en el 2022.

El PEN consideró que un primer paso para revertir los resultados negativos en el desempeño ambiental y minimizar los riesgos de retroceso en sostenibilidad, según el Informe, es abrir un diálogo colectivo sobre el futuro que el país desea seguir en esta área.

Costa Rica cuenta con capacidades institucionales y humanas, un sólido marco normativo y políticas claras, además de información actualizada y precisa.

"El país debe definir sus prioridades en cuanto al desarrollo humano y fomentar un debate amplio, transparente y participativo sobre sus apuestas en esta materia para los próximos años", finalizó Chacón.