Paul Rueda es el único magistrado inhibido de conocer caso de inmunidad de Rodrigo Chaves
Magistrado se apartó de la discusión porque el presidente denunció a su hija Jimena Rueda
Paul Rueda Leal, de la Sala Constitucional, es el único magistrado titular de los 22 actuales que no formará parte del Tribunal de la Corte para examinar el expediente contra Rodrigo Chaves. Esa fue la única inhibitoria aprobada por el resto de los altos jueces en la discusión para decidir si remiten el expediente a la Asamblea Legislativa, con la solicitud de levantar el fuero de improcedibilidad que tiene Chaves para que pueda ser procesado por el delito de concusión.
A Chaves se le investiga por, aparentemente, idear un plan junto con el ministro de Cultura Jorge Rodríguez, para obligar al empresario Cristian Bulgarelli a girar $32 mil al amigo y asesor de Chaves Federico Cruz "Choreco", provenientes del pago de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La razón por la que Rueda se apartó es que en el Ministerio Público existe una investigación contra Jimena Rueda Ledezma, hija del magistrado, por supuestas expresiones realizadas en redes sociales contra el presidente.
Aunque Paul Rueda no ha emitido manifestaciones contra el mandatario, ni está vinculado directamente con esa causa, consideró prudente apartarse para evitar cuestionamientos futuros.
La base de su inhibitoria es que existe una denuncia penal contra un familiar directo, en la cual Rodrigo Chaves figura como parte ofendida.
Para algunos magistrados, esta razón no constituía causal suficiente para excusarse, pero Rueda Leal optó por inhibirse como medida preventiva para preservar la legitimidad del proceso. Los demás miembros de la Corte estuvieron de acuerdo.
La inhibitoria es una figura mediante la cual un juez se abstiene de tramitar o conocer un caso, por la existencia de un impedimento legal o ético.
Las resoluciones sobre todas las solicitudes de inhibitoria aún se encuentran en proceso de redacción y no están en firme. "El análisis del fondo del informe se realizará en una sesión posterior, cuya fecha será definida oportunamente", informó el Poder Judicial ante la consulta de este medio.
Cabe recordar que, en el pasado, Paul Rueda Leal también intentó inhibirse en recursos y acciones que se tramitan en la Sala Constitucional contra decisiones del Gobierno de Rodrigo Chaves, con base en los mismos hechos.
Sin embargo, en aquel momento, el presidente de la Sala IV, Fernando Castillo, rechazó varias solicitudes de inhibitoria, argumentando que eso podría abrir un portillo para que, en el futuro, personas denuncien a magistrados con el fin de apartarlos de conocer un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad.
Solicitudes rechazadas
Entre siete y ocho magistrados de la Corte presentaron inhibitorias para no formar parte del Tribunal de la Corte que debe decidir si remite a la Asamblea Legislativa la acusación penal contra Chaves Robles, por el caso BCIE–Bulgarelli, con el objetivo es que se vote el eventual levantamiento de su inmunidad.
Actualmente, la pieza acusatoria presentada por la Fiscalía General contra el presidente, por el presunto delito de concusión, se encuentra en una fase en la que la Corte debe analizar si la causa cumple con los requisitos legales para ser enviada al Congreso.
Luego, en el parlamento, los diputados deberán seguir varios pasos y votar sobre el retiro del fuero especial que protege al gobernante por su condición de integrante de los Supremos Poderes.
Fuentes judiciales cercanas a la Corte confirmaron a CR Hoy que, en la audiencia privada celebrada el lunes, no más de ocho magistrados expusieron razones para apartarse del conocimiento de fondo del expediente.
No obstante, ninguna de esas solicitudes estuvo motivada por "temor" o un afán de evadir el caso, sino por el interés de garantizar la transparencia del proceso y evitar eventuales conflictos de interés, según conoció este medio.
Entre los magistrados que plantearon dudas están varios integrantes de la Sala Constitucional, debido a una resolución dictada en el pasado que podría guardar relación con el caso. Pero como no se identificó un vínculo directo, la mayoría de las inhibitorias fue rechazada.
Proceso crucial
El Tribunal de la Corte Suprema de Justicia no concluyó este lunes el trámite sobre la acusación penal presentada por la Fiscalía General contra el presidente Rodrigo Chaves.
La sesión se celebró de forma privada para examinar si la pieza acusatoria, presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, cumple con los requisitos legales y méritos penales necesarios para solicitar el levantamiento del fuero especial que cubre al mandatario.
Levantar la inmunidad es una decisión que corresponde a los diputados, conforme al procedimiento legal. Sin embargo, ese paso solo puede darse si la Corte autoriza la continuación de la persecución penal y remite el caso a la Asamblea Legislativa.
Aunque el trámite ya dio inicio, en la sesión de este lunes únicamente se conocieron las inhibitorias de varios magistrados que consideraron tener motivos para excusarse de intervenir, con el fin de conformar el tribunal que deberá decidir si se remite la acusación al Congreso.
Según la tesis de la Fiscalía, presentada en la acusación, Chaves y Jorge Rodríguez Vives habrían ejercido presiones para inducir a Christian Bulgarelli —empresario y productor audiovisual contratado por la Presidencia— a otorgar un beneficio patrimonial indebido, derivado de dicha contratación, al coimputado Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, asesor de la campaña electoral y amigo personal del presidente.
A Choreco se le benefició con 32.000 dólares para la compra de una vivienda. En ese momento, el hoy ministro Jorge Rodríguez Vives —quien fungía como jefe del despacho presidencial— luego fue ministro de Comunicación y actualmente encabeza el Ministerio de Cultura.
Bulgarelli es el testigo principal en este caso, en el que se investiga la contratación realizada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la empresa del productor, para una consultoría en el desarrollo de productos de comunicación para Casa Presidencial.
La contratación se formalizó entre octubre de 2022 y octubre de 2023, por un monto de $400 mil dólares, financiado mediante una donación de la entidad internacional.
En unos audios incorporados como prueba, se escucha a Chaves pedir "cariñitos" y otros favores específicos orientados a mejorar su imagen, los cuales serían financiados con fondos donados por el BCIE.
Además, según la acusación, antes del proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y realizaron varias reuniones en Casa Presidencial, en las que instruyeron a Bulgarelli para que él mismo redactara los términos de referencia de su contrato.
Chaves figura como imputado en la causa penal 25-000019-0033-PE, en la que se le atribuye el delito de concusión. También está incluido en el expediente 25-000044-0033-PE.
