Partido de Chaves trató de hacer pasar como “donación” millonario ingreso a estructura paralela
El Partido Progreso Social Democrático, que llevó al poder al mandatario Rodrigo Chaves Robles, habría tratado de ocultar ingresos provenientes de los financiamientos paralelos como donaciones directas a la organización electoral, pese a conocer su procedencia real.
Así lo detalla el informe de investigación IDI-DFPP-007-2024 realizado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en manos de crhoy.com.
Esto ocurrió especialmente con parte de los aportes de Jack Frederick Loeb Casanova, uno de los principales contribuyentes a la postulación del hoy mandatario.
De acuerdo con los reportes de la misma agrupación política, Loeb contribuyó ₡61.646.878 en cinco momentos diferentes. El 8 de diciembre de 2021, se registraron dos transacciones por poco más de ₡6,8 millones y ₡4,1 millones respectivamente.
Luego de 6 días, ocurrió otro aporte mayor a los ₡4 millones. Finalmente, durante la campaña electoral el PPSD colocó en sus bases de datos un último movimiento por ₡2,1 millones de colones.
Sin embargo, el partido que llevó a Chaves a Casa Presidencial, también le achacó a Jack Loeb una serie de importantes donaciones hechas meses antes a estos registros.
Se trata de 11 transacciones por un monto total de ₡44,4 millones, que supuestamente habrían ocurrido en julio del año 2021, antes que se ratificara a Rodrigo Chaves como candidato.
En dicha lista, aparecen supuestos donativos con montos individuales de hasta ₡18,6 millones en una sola operación.
No obstante, el mismo empresario reconoció que él traspasó ese millonario dinero no a Progreso Social Democrático, sino al fideicomiso de Costa Rica Próspera.
Así lo pudo comprobar el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, mediante un requerimiento de información a Jack Loeb Casanova, quien ratificó únicamente los aportes en especie que realizó en enero de 2022 y diciembre de 2021, no así, los de julio.
El financista negó que esa cantidad de $106.750, fuera facilitada a Progreso Social Democrático como organización electoral, en julio del 2021 y reiteró que fueron a la estructura paralela:
"(…) Nunca realicé ninguna donación en especie al Partido Progreso Social Democrático en la fecha del 6 de julio del 2021, para ese periodo mis únicas contribuciones se realizaron al Fideicomiso (…)", señala la respuesta del mismo Loeb incluida en el expediente.
El banquero acusó a Luz Mary Alpízar, presidenta de la agrupación y hoy diputada, de solicitarle insistentemente que le firmara en aquel momento, unos documentos cuyo detalle era el pago de algunos bienes y servicios, que en realidad fueron sufragados por el fideicomiso en favor de la agrupación política.
Adicionalmente, el investigado aseguró que Alpízar, le solicitó en varias ocasiones que realizara transferencias bancarias desde su cuenta personal, en lugar de efectuarlas directamente desde las cuentas asignadas al fideicomiso.
"(…) Algunos de los gastos realizados por el fideicomiso fueron para el Partido Progreso Social Democrático y era de conocimiento -que esto sucedía- de la señora presidente, Luz Mary Alpízar Loaiza.
El partido Progreso Social Democrático no tenía una cuenta bancaria, por lo cual necesitó que los pagos salieran del fideicomiso (…)", cita una respuesta de Loeb incluida en el informe de investigación.
Asimismo, Loeb Casanova justificó en que tenía los montos millonarios para aportarlos a la campaña de Chaves, porque sus "actividades económicas corresponden a negocios en el sector turístico, bancario y agrícola".
"Para comprobar su solvencia, aporta una certificación de ingresos de un Contador Público Autorizado que acredita sus ingresos provenientes de liquidación de inversiones, dividendos, dietas e ingresos por participación en sus sociedades, registrados en una cuenta abierta en Prival Bank", cita el informe.
De acuerdo con la investigación, Jack Loeb Casanova, en su condición de co-constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera, habría incurrido en acciones sobre el financiamiento de partidos que están castigados con 2 a 4 años de prisión, según lo establece el artículo 273 del Código Electoral.
Consta en el expediente que Loeb realizó donaciones al fideicomiso ilícito del grupo Costa Rica Próspera, por $106.750, registradas entre el 26 de febrero y 14 de setiembre de 2021. El empresario se podría exponer a otra pena más de 2 a 4 años de cárcel.
Estas al parecer fueron al margen de la ley, incurriendo en el aparente delito de contribución privada irregular, castigado por el artículo 274 del Código Electoral.
Adicionalmente, a Jack Loeb se le achaca realizar más donaciones en beneficio del Partido y las candidaturas tanto de Rodrigo Chaves, como del ahora diputado Waldo Agüero Sanabria, entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
Los recursos no fueron canalizados por las vías legales autorizadas, pese a que rondaron la suma de $208.844, un monto superior a los ₡105 millones al tipo de cambio actual.
Esto aparentemente fue una infracción más al Código Electoral, que castiga con pena de prisión de 2 a 4 años a quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte en dinero o en especie, a favor de un partido por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas, usando mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente autorizados por el comité ejecutivo superior de la agrupación política.
A continuación la lista de donaciones registradas por este financiasta:
Estructuras paralelas
Las indagaciones llevadas a cabo por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del (TSE), demostraron que aunque no tuviera ese objetivo, finalmente sí sirvió como estructura paralela de financiamiento en beneficio del partido Progreso Social Democrático (PPSD), durante la contienda de las elecciones nacionales de 2022.
Incluso, de previo a la ratificación de la candidatura presidencial del hoy mandatario, la cual ocurrió el 4 de julio de 2021, durante la investigación se identificaron gastos puntuales que tenían por objetivo favorecer el accionar político de la agrupación conformada.
La legisladora, fundadora y presidenta del Partido Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar Loaiza, no estaría eximida de culpas y también habría incurrido en delitos relativos a contribuciones privadas ilegales, según lo indica la investigación.
La congresista estaría expuesta a una pena de 2 a 6 años de cárcel, por haber recibido en condición de presidenta de la agrupación, múltiples donaciones en especie, conociendo que estas no habían sido sufragadas por personas físicas de nacionalidad costarricense y así haciéndolo creer al Tribunal Supremo de Elecciones.
Sobre los señalamientos respecto al financiamiento de la contienda electoral 2022, la diputada se limitó a enviar unas breves declaraciones en las cuales indicó que no ha recibido ninguna notificación hasta el momento.
"Ante las noticias que han estado circulando sobre la campaña 2022, quiero decirle que en todo este proceso me puse a disposición y sigo estándolo para las autoridades que llevan estas investigaciones", señaló la congresista.
El informe también destaca que producto de analizar los estudios de solvencia económica también revelaron datos importantes para corroborar la existencia de las 2 estructuras paralelas.
Específicamente la revisión hecha hecho sobre el origen y trazabilidad de los dineros que fueron aportados, según registros, por Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero Sanabria.
Y es que, según Progreso, ella contribuyó un total de ₡3.558.234, principalmente especie y un único monto en efectivo, cerca un millón de colones. Para los investigadores, era clave determinar la procedencia de los fondos.
| Donaciones de Sofía Agüero registradas por PPSD | ||
| Fecha | Tipo | Monto |
| 13 de octubre de 2021 | Efectivo | ₡900.000 |
| 4 de noviembre de 2021 | Especie | ₡904.000 |
| 10 de noviembre de 2021 | Especie | ₡364.402 |
| 8 de diciembre de 2021 | Especie | ₡960.500 |
| 9 de diciembre de 2021 | Especie | ₡386.957 |
| 15 de diciembre de 2021 | Especie | ₡42.375 |
| Total | ₡3.558.234 | |
A diferencia de Jack Loeb Casanova, Sofía Agüero sí confirmó todas las donaciones en especie y en efectivo de los meses de octubre a diciembre del 2021. Hasta aportó supuestas facturas y transferencias para respaldar las donaciones realizadas al PPSD.
El informe además indica que ella justificó el supuesto origen de los fondos.
"Aporta certificación de ingresos emitida por un Contador Público Autorizado, por sus ingresos provenientes de servicios gerenciales y administrativos a la empresa W Cerámica S.A., entre el 1 de setiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021.", cita el documento.
Sofía Agüero al parecer tuvo un rol protagonista en ese segundo esquema de financiamiento al margen de la ley, y en apariencia habría cometido posibles delitos electorales castigados con 2 a 4 años de cárcel.
La investigación señala que ella recibió en sus cuentas personales donaciones político-electorales y gestionó gastos de campaña, sin autorización de la tesorería del PPSD, aunque el Código Electoral prohíbe recaudar fondos sin autorización del tesorero del partido político.
El segundo esquema irregular de financiamiento estructura participaron al menos, el banquero Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero Salazar, hija del hoy congresista. En total, a través de este esquema se gestionaron más de ₡12 millones y $208.844, en gastos de naturaleza político-electoral.
Estos movimientos que no fueron revelados, ni íntegra ni fehacientemente por el partido oficialista, en sus informes financieros-contables intermedios, ni anuales, detalla el informe.
Los hechos atribuidos a los implicados no solo serían faltas administrativas, sino delitos de tipo penal que son castigados por el Código Electoral con penas de cárcel, según cada acción ilícita.
Además del mandatario, otros 14 investigados habrían incurrido en hasta 12 delitos en total. A continuación se detalla las penalizaciones máximas a las que se exponen los investigados, según los hechos que les atribuye la investigación.
