País enfrenta desafíos por descoordinación en infraestructura de telecomunicaciones
(CRHoy.com).-Costa Rica enfrenta una serie de desafíos por la descoordinación institucional en materia de infraestructura de telecomunicaciones.
Así se dio a conocer en el informe presentado en el foro El despliegue de infraestructura de comunicaciones para el cierre de la brecha digital en Costa Rica, organizado de forma conjunta por la Embajada de los Estados Unidos, la Cámara de Infocomunicaciones de Costa Rica y SBA.
El profesor Raúl Katz, de Telecom Advisory Services, estuvo a cargo de la investigación Las telecomunicaciones latinoamericanas en la encrucijada de compartición de infraestructuras pasivas, que abarcó un análisis en el desarrollo y retos de la industria móvil de América Latina, el papel que juega la industria independiente de torres de telecomunicaciones, la regulación y políticas que inciden sobre la misma, y la necesidad de una visión futurista.
"Recientemente, se promulgó la Ley 10.216 que incentiva y promueve la construcción de infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, la resolución de compartición de infraestructura establece como única figura la relación entre el proveedor de infraestructura pasiva (PIP) y los operadores de servicios.
Asimismo, las actividades de los PIP se relacionan con la solicitud de un permiso para la construcción de infraestructura en cada municipio; aunque la Ley 10.216 establece que en un plazo de 4 meses se debe normalizar el despliegue en los municipios. En cuanto a la emisión de lineamientos para el despliegue de infraestructura, Costa Rica no cuenta actualmente con una armonización entre las regulaciones nacionales y locales, aunque existen esfuerzos de la Federación Metropolitana de Municipalidades que desarrolló lineamientos generales para la ubicación de infraestructura para ciertas localidades a través del Reglamento General de Licencias Municipales en Telecomunicaciones", resalta el análisis comisionado por la empresa SBA.
El documento añade que la Resolución RJD-222-2017 regula el uso compartido de la infraestructura para el soporte de las redes públicas de telecomunicaciones, y abarca las redes externas, tuberías, los conductos, postes, torres, estaciones y otras instalaciones necesarias para la instalación y explotación de las redes públicas de telecomunicaciones, así como la prestación de los servicios disponibles al público, y la coubicación de equipos.
Fortalezas y debilidades
Según el estudio, los puntos fuertes en esta normativa se relacionan con:
- Autorización inmediata para operar como proveedor de infraestructuras.
- Una única norma contiene las directrices generales para el funcionamiento de las infraestructuras aéreas, físicas y subterráneas.
- El incumplimiento de las condiciones económicas no se considera una causa de rescisión de los contratos de reparto por cuestiones de continuidad del servicio.
Mientras que -de acuerdo con el reporte- los puntos débiles de este reglamento son:
- Aunque la Ley de Despliegue de Infraestructuras fue aprobada recientemente, aún se encuentra en un periodo de transición que no permite la estandarización de los procesos para la construcción de estructuras en cada municipio.
- No existe una regulación de las distancias mínimas, lo cual resulta en la proliferación de estructuras en distancias cortas.
- La aprobación de la licencia para la construcción de cada infraestructura puede tardar hasta 30 días, lo que retrasaría el despliegue.
"Solo Chile y Costa Rica han establecido claramente parámetros o marcos de referencia que determinan las tasas para el uso del espacio o el del terreno para el despliegue de torres.
En todos los países, se prefiere que los precios de arrendamiento de la infraestructura se negocien entre las partes; sin embargo, Costa Rica, Ecuador y Colombia definen parcialmente cierto tipo de bandas o rangos dentro de los cuales se deben fijar los precios", finaliza el informe, que indica que en términos generales el país no tiene un despliegue armonizado a nivel nacional en aspectos de marco regulatorio y de políticas públicas para el sector de torres.
