País cada vez más lejos de cumplir con mandato del 8% del PIB para Educación Pública
Presupuesto para Educación del 2022 será el más bajo de los últimos 11 años en términos porcentuales en relación al PIB
(CRHoy.com).- Costa Rica está cada vez más lejos de cumplir con el mandato de la Constitución Política que obliga a los Gobiernos de turno a destinar como mínimo el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública.
El artículo 78 indica que "en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto".
Pero datos del propio Ministerio de Educación Pública (MEP) confirman que el presupuesto del 2022 será el más alejado del 8% del PIB en los últimos 11 años.
Con el presupuesto del MEP, que incluye los fondos para las universidades estatales, el porcentaje del próximo año llegaría solamente al 6,36% del PIB y si se suman los fondos destinados al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los programas de Red de Cuido y CenCinais, se estaría alcanzando apenas el 6.94%.
Esto quiere decir que la Administración Alvarado Quesada quedaría debiendo el próximo año más del 1 por ciento del PIB, que representa más de 364 mil millones de colones.
Este panorama se cumpliría en caso de que se apruebe tal cual fue planteado por el Ministerio de Hacienda y sin modificaciones de los diputados, el presupuesto del 2022 que actualmente se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
De hecho, el faltante del 1% del PIB en Educación se acerca al hueco de ¢293 mil millones en el MEP, confirmado el pasado 22 de setiembre por la ministra de Educación Guiselle Cruz, que indicó a los diputados que Hacienda recortó el plan de gastos solicitado.
Según la jerarca, los recortes son tan drásticos que no tendrían fondos para pagar a partir de setiembre del 2022 el transporte de 165 mil estudiantes pobres; desde ese mismo mes tampoco se podría pagar el salario a 5.400 cocineras; en octubre se dejarían de pagar las becas de postsecundaria de 4.600 universitarios y en noviembre se acabarían los recursos para comprar los alimentos de 850 mil estudiantes que reciben el servicio de comedores escolares y colegiales.
El principal rubro recortado fue el "remuneraciones y conexos" de donde se paga la planilla y donde se presupuestó ¢191.378 millones menos; otra línea afectada es la de "intereses moratorios y multas" donde faltarán ¢27.884 millones, mientras que la casilla de becas tiene un hueco de ¢22.915 millones para que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) pague los beneficios del programa Avancemos.
También faltarán ¢12.600 millones para trasferencias a las Juntas de Educación; ¢11 mil millones para transporte de estudiantes pobres; ¢9.611 millones para infraestructura y mantenimiento; ¢6.400 millones para comedores escolares y ¢2.604 millones para el pago de servicios públicos.
La explicación del alejamiento de la meta constitucional tiene varios factores, entre ellos la irresponsabilidad fiscal de varias administraciones anteriores, el incremento desmedido del gasto público y más recientemente el cumplimiento de la regla fiscal.
Es consecuencia clara de nuestra situación fiscal y de la irresponsabilidad con la que se han manejado los asuntos sociales durante algunos años, especialmente el descuido absoluto que ocurrió en la administración 2014-2018 (Luis Guillermo Solís Rivera) en donde no se tomaron previsiones de ninguna naturaleza y más bien heredó un hueco fiscal gigantesco. Eso está pasando factura y lamentablemente cada vez que se reducen los presupuestos los que más sufren son los estudiantes, especialmente los más pobres., indicó el diputado Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional.
Ministro de Hacienda Elian Villegas. (Foto: CRH)
El Ministro de Hacienda Elian Villegas, justificó el fuerte recorte que lleva al incumplimiento del mandato constitucional en el cumplimiento de la regla fiscal, que busca contener el crecimiento del gasto público. "El presupuesto se ajusta a la regla fiscal, que es ley de la República y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de cumplir con lo que ahí está estipulado", señaló el jerarca mediante su oficina de prensa.
Pero los diputados aseguran que la regla fiscal nunca fue pensada para que el actual o los futuros Gobiernos recortaran presupuestos y muchos menos la inversión social.
"El propósito no era que se dieran recortes en ninguna parte, lo que busca es una aplicación eficiente todos los años del presupuesto (…) es una discusión más profunda y muy dura, porque al final de cuentas nos acerca a nuestra realidad fiscal y es una discusión que se tiene que dar pronto, porque hay una fila de instituciones pidiendo que se les exima" agregó Benavides.
Por su parte Shirley Díaz, diputada independiente, responsabiliza a la actual Administración, no solo por recortar los presupuestos, sino por poner obstáculos a la economía que impulsaría el crecimiento del PIB.
"Este Gobierno no ha hecho un esfuerzo serio por generar un incremento del PIB a través de la reactivación económica, todo lo contrario, ha estado carente de iniciativas capaces de dinamizar el sector financiero y del sector económico costarricense, me atrevería a decir que adrede han anquilosado la economía", considera la diputada.
Crecimiento sostenido y fuerte caída (2011 – 2022)
Entre 2011 y 2017 se dio un crecimiento escalonado en los presupuestos que se venían acercando al 8%; de hecho en 2017, al tomarse en cuenta las transferencias al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los CEN – CINAI y la Red de Cuido, se logró cumplir la meta. Esto con la única excepción del año 2014, cuando hubo una pequeña reducción.
Sin embargo a partir del 2018, la Administración Alvarado Quesada ha variado la inversión en Educación. Ahora los diputados de la comisión de Hacendarios analizan posibilidades de presentar mociones para modificar el presupuesto del MEP e intentar rellenar los faltantes dejados por el Ministerio de Hacienda.